Claudio Orrego y las inconsistencias que debilitan la investigación fiscal en caso ProCultura

Semanas decisivas vive el gobernador de la RM, Claudio Orrego, al enfrentar dos procesos —uno penal y otro administrativo— que pueden terminar fortaleciéndolo si los resultados le son favorables, o bien cerrar su destino político inmediato y dejar huellas profundas en su trayectoria de más de 30 años en el servicio público.

Quien fuera —a raíz de estos escándalos— sacado del camino antes de que tomara forma la contienda presidencial, cuyo nombre y el respaldo político de 2,5 millones de votos obtenidos en Santiago lo convertían en una atractiva carta presidencial de centro, enfrenta una solicitud de desafuero que debe resolver la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del caso ProCultura, y una solicitud de destitución de parte de consejeros del Partido Republicano ante el Tricel, por otros hechos.

Pero las horas claves no son solo para Orrego; también lo son para el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien debió tomar la posta del caso ProCultura luego de que dos fiscales que lo precedieron terminaran de muy mala manera cuando estaban a cargo del caso. Carlos Palma, fiscal de Aysén, fue formalizado en el marco del caso Hermosilla, y Patricio Cooper, fiscal de Coquimbo, fue removido de la investigación tras recibir —tal vez— el más duro llamado de atención que haya emitido el Poder Judicial contra un fiscal regional del Ministerio Público por excesos y malas prácticas.

Castro, fiscal especializado en Drogas —conocido en la institución como un buen “perseguidor de kilos”, como lo muestra la reciente incautación de 538 kilos de marihuana en Antofagasta este martes— será sometido a alto escrutinio cuando la causa llegue a Santiago, dado que viene de experimentar tres reveses consecutivos en el caso.

El primero fue su intento frustrado por mantener en Antofagasta la causa contra el gobernador Orrego. El Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró inadmisible la apelación del Ministerio Público y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó asumir la competencia, toda vez que los hechos investigados comenzaron en esa ciudad. Con esto —pese a que aún está pendiente un recurso de hecho—, el caso pasará a manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá resolver sobre el desafuero del gobernador.

Los otros reveses se relacionan con el rechazo del Juzgado de Garantía de Antofagasta a dos solicitudes clave: el alzamiento del secreto bancario de los directivos de ProCultura —incluido el cofundador Alberto Larraín— y el acceso a las cuentas de la propia fundación. Aunque el requerimiento se basaba en un informe de la Brigada Anticorrupción de la PDI que revelaba posibles patrones de fraude por más de $6 mil millones en convenios con entidades públicas, el juez Hans Durán desestimó ambas peticiones por falta de antecedentes.

En este escenario, el fiscal Castro deberá defender ante el tribunal de alzada capitalino los argumentos por los cuales pidió el desafuero de Orrego, teniendo como tesis central el fraude al fisco. La Unidad de Investigación de El Mostrador revisó cada una de las afirmaciones del fiscal en la solicitud y las contrastó con la información disponible y de conocimiento público. Del análisis se aprecian al menos cuatro inconsistencias, que deberá ponderar la justicia.

Recursos garantizados

De todos los elementos presentados en la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, el más relevante es la acusación de negligencia en la garantía de los fondos transferidos a la Fundación ProCultura. Este señalamiento es clave para la acusación de fraude al fisco, que cuestiona la supervisión del proyecto financiado por el Gobierno Regional.

En el caso específico de ProCultura, la organización contrató pólizas de seguro con la compañía ASPOR para garantizar la totalidad de los fondos recibidos. Sin embargo, tras rendir cerca de $668 millones (39,7%), la fundación no respondió a una solicitud del GORE para presentar las cartolas bancarias que acreditaran el saldo restante de $1.015 millones. Esta omisión llevó a la terminación anticipada del convenio por incumplimiento, mediante la Resolución Exenta N° 3551, y al posterior cobro de las garantías ante la aseguradora.

El conflicto escaló cuando ASPOR se negó a pagar, lo que derivó en una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La CMF multó a la aseguradora por su negativa a cubrir las 31.125 UF comprometidas. Actualmente, el Consejo de Defensa del Estado representa al GORE en un juicio civil para recuperar los fondos, mientras se mantiene una demanda civil y una querella criminal contra ProCultura.

Desde esa perspectiva, la negligencia que acusa la fiscalía contrasta con el instrumento financiero dispuesto para asegurar el 100% de los recursos transferidos. Una vez que la aseguradora pague la póliza, de acuerdo con fuentes de la industria consultadas, se descartaría el perjuicio fiscal.

Cabe destacar que en la solicitud de desafuero no se menciona la existencia de esta garantía, la multa de la CMF a la aseguradora ni las acciones del Consejo de Defensa del Estado para recuperar los fondos de las pólizas.

Proyecto elegido “a dedo”

El fiscal Castro Bekios sostuvo en su solicitud que el proyecto “Quédate”, destinado a prevenir el suicidio, fue asignado de manera “discrecional” y “a dedo” por el gobernador Orrego. Esta acusación se basa en la idea de que el proyecto fue promovido sin seguir los canales oficiales.

Al revisar la documentación, se evidencia que el proyecto fue revisado y aprobado por seis instancias distintas, entre ellas la Contraloría, el CORE y la Subdere. El proceso de evaluación incluyó observaciones de las autoridades pertinentes y fue aprobado de manera unánime por los 34 consejeros del CORE en junio de 2022, lo que contradice la interpretación del órgano persecutor de una asignación arbitraria.

Además, en la documentación del contrato se establece que el proyecto fue financiado a través de una subvención del Consejo Regional, un mecanismo que explícitamente no permite licitación, lo que no se condice con la acusación de un “dedazo”.

Certificado médico para ausentarse a trabajar

Otro de los puntos clave de la solicitud de desafuero se refiere a un certificado médico presentado por Orrego para ausentarse y viajar a Buenos Aires a participar en la maratón de esa ciudad en 2023. El fiscal sostuvo que el documento, emitido por Alberto Larraín, fue una estrategia para que Orrego pudiera eludir sus responsabilidades.

No obstante, la Unidad de Investigación de El Mostrador revisó dicho certificado y confirmó que no se trataba de una licencia médica, sino de un documento que acreditaba que el gobernador estaba en condiciones físicas y mentales para correr la maratón. Orrego viajó utilizando un día administrativo —el viernes 25— solicitado con antelación. La maratón se realizó el 27 de agosto y el certificado fue presentado el 7 de junio, mucho antes del evento. Por lo tanto, no se trató de un documento fraudulento ni de un intento por evadir deberes.

Larraín, funcionario público

En cuanto a la acusación de que Orrego nombró a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, el fiscal argumenta que dicho nombramiento convirtió a Larraín en “funcionario público”, lo que implicaría un incumplimiento normativo.

Sin embargo, esta calificación resulta, al menos, contradictoria con la definición legal de la corporación, ya que se trata de una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, y cuyos directores no son considerados funcionarios públicos.