Director del INDH y reduccionismo delictual del estallido: “Es no encarar una reflexión profunda”

En el marco de un nuevo aniversario del estallido social, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, se refirió a las deudas vigentes en materia de políticas de reparación y acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante ese periodo y afirmó que hasta ahora los esfuerzos han sido “bastante insuficientes para hacerse cargo de la magnitud y la profundidad de las afectaciones”. 

“Anunciar que vamos a abocarnos como INDH a hacer un monitoreo, una evaluación muy rigurosa durante el año 2026 de qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacer el Estado en esta materia”, dijo. Y agregó que las víctimas “no han encontrado lo que desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos se define como una política integral de reparación”. 

En conversación con El Mostrador, el abogado también abordó cómo ha cambiado la percepción de la opinión pública respecto a lo ocurrido hace seis años. En ese sentido, señaló que, si bien existieron niveles “importantes de violencia y de delincuencia”, no es correcto imponer una narrativa que omita las razones derivadas de la frustración de la sociedad y la carencia en el acceso a derechos. 

“Debemos hacernos cargo de esta reflexión de tal manera que, si vuelve a ocurrir, tengamos una mejor respuesta como nación. Es una responsabilidad del Estado, no del Gobierno de turno”, enfatizó. 

Ljubetic también comentó el proceso de modernización del INDH a partir de las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento y las reformas en el ámbito de su gobernanza, en el sentido de separar las labores de dirección ejecutiva de aquellas de dirección administrativa. “Es un proyecto que avanza, porque lo vamos a hacer en la medida que no requiere normas legales necesariamente”, puntualizó.

-¿Cuál es el balance respecto a las políticas de reparación y acompañamiento para las víctimas de violación de los derechos humanos? Para el aniversario 2024 persistían las críticas sobre las deficiencias en el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular, donde el desenlace fue el suicidio de algunas de esas víctimas. 
-Creo que se puede resumir en la palabra preocupación. Porque efectivamente la información que nos llega da cuenta de que estos esfuerzos han sido bastante insuficientes para hacerse cargo de la magnitud y la profundidad de las afectaciones de derechos humanos que hubo con motivo de la crisis social.

Yo creo que el dato acerca de las personas que se han suicidado y que tenían el carácter de víctimas da cuenta, a mi juicio, de que se ha ido instalando una cierta sensación de abandono de las personas que, habiendo sido gravemente afectadas, no han encontrado lo que desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos se define como una política integral de reparación.

La política integral de reparación supone, esencialmente, cuidados médicos, pero también de orden psicológico, es una concepción integral de la salud. También supone asumir la responsabilidad de rehabilitación de muchas de esas personas. Y lo que hemos visto son testimonios que darían cuenta de que esto está muy lejos de cumplirse.

Los esfuerzos no han sido suficientes y los antecedentes que tenemos sí nos permiten anunciar que vamos a abocarnos como INDH a hacer un monitoreo, una evaluación muy rigurosa durante el año 2026 de qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacer el Estado en esta materia. De manera que durante el 2026 tengamos un informe muy completo que nos permita emitir un juicio fundado acerca de las carencias que ha tenido el Estado en cumplir cuestiones que son de su responsabilidad.

-En términos de reparación, ¿qué falta concretamente por avanzar o qué se puede materializar en el corto plazo?
-Hay que partir por una cuestión básica sobre la cual se fundamenta cualquier política, que es tener un catastro efectivo de las personas que fueron víctimas de lesiones, en el contexto de la crisis social. Y a partir de ese diagnóstico cuantitativo, establecerse distintas políticas.

Como sabemos, los esfuerzos centrales han estado en el alto número de personas que sufrieron algún nivel de daño ocular. Eso está bien, ha habido medidas que fortalecieron en algún sentido el programa, se ha intentado dar presencia en algunas regiones. Pero de acuerdo a nuestra información, esto sigue teniendo falencias desde el punto de vista de la disponibilidad de tiempos, de especialistas, de atenciones que vayan acompañadas de tratamientos y terapias psicológicas postraumáticas, que son también muy importantes.

También, a partir de un catastro, debiera establecerse la posibilidad de políticas de reparación en su dimensión compensatoria. Aquí lo único que hubo desde el Gobierno anterior fue el famoso asunto de las pensiones de gracia, que están muy lejos de cumplir con los estándares relativos a compensaciones asociadas a daños por motivos de violación de derechos humanos. Eso es lo que nosotros vamos a precisar a través de nuestras indagaciones. 

-¿Cuál es la lectura sobre cómo ha ido evolucionando la opinión pública respecto a lo que pasó seis años atrás y qué tan relevante también es hacerle un seguimiento a esa evolución? 
-Es muy importante, porque creo que da cuenta del intento de imponer una narrativa sobre lo ocurrido que pone el acento exclusivamente en aquellas cuestiones que existieron, sin duda, como los niveles importantes de violencia y de delincuencia oportunista, que se dieron en el contexto de una crisis social, pero fue mucho más que eso y mucho más compleja.

Recordar que la crisis se expresó también en esta movilización de millones de personas, en la realización de cuestiones súper interesantes y que tenían que ver con las demandas sociales que originaron la crisis, como fueron las asambleas, los cabildos. Hay una dimensión de articulación y de movilización de las personas en torno a sus demandas que creo que no hay que olvidar. Es decir, esto tuvo un calado tal que motivó una percepción muy transversal acerca de que las carencias en materia de acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los chilenos estaban en la base de lo que se estaba viviendo. 

Me parece muy importante no olvidar eso que también estuvo consignado en el informe anual del 2019 del INDH, que no solo es importante porque dio cuenta de la más grave crisis de derechos humanos desde el retorno a la democracia, sino que aventuró las hipótesis que explicaban lo que había ocurrido e hizo mención muy claramente a las razones derivadas de la frustración de la sociedad. Olvidar eso creo que es grave, porque nos hace no encarar una reflexión profunda que tiene que tener la sociedad, los actores políticos y sociales, acerca de si se han hecho cosas o no que permitan que cuestiones como esa no vuelvan a ocurrir.

-A propósito de esa narrativa, ¿qué opinión le merece que hoy día en el debate electoral existan advertencias, por parte de la oposición, en el caso de que alguno de los candidatos de derecha llegara a la Presidencia el próximo año, para que el oficialismo entregue garantías de que no va a apoyar ningún tipo de levantamiento social, o los riesgos de que algo así eventualmente pueda suceder?
-No me parece conveniente que se utilice esta cuestión en el marco de una competencia electoral. Eso le quita profundidad al problema y frivoliza, a mi juicio, una cuestión que es muy seria y que además tiene que ser muy transversal.

El hacernos cargo de esta reflexión de tal manera que, si vuelve a ocurrir, tengamos una mejor respuesta como nación, es una responsabilidad del Estado, no del Gobierno de turno. Es una responsabilidad del Estado independientemente de quién lo esté administrando por voluntad de la ciudadanía. Entonces, el reducirlo a un argumento de orden electoral me parece que no está a la altura de la profundidad que la reflexión requiere.

-¿Cómo analiza la respuesta desde el sistema político? A propósito de los dos procesos constitucionales fracasados, las demandas sociales no resueltas, y el monitoreo que están haciendo también desde el INDH en ese sentido. 
-En una primera parte me pareció bien auspiciosa y con altas expectativas la respuesta del sistema político. Porque, para quienes creemos en la democracia y en la política como forma de desenvolverse dentro de la democracia, el acuerdo para desarrollar el primer proceso constituyente fue un modo en que la política cumplió un rol. La política, entre otras cosas, lo que tiene que hacer es tener la capacidad de canalizar las demandas y las inquietudes ciudadanas en el plano de lo social, de lo económico, a una sede política y buscar allí las respuestas que la ciudadanía demanda. 

Desgraciadamente, de ahí en adelante claramente no estuvimos a la altura, y el debate constitucional y político en ambos procesos derivó más bien en toma de posiciones, en atrincheramiento, perdiendo de vista la necesidad de transversalidad y consenso precisamente para resolver los problemas de fondo que motivaron esta reacción del sistema político. Y, bueno, tuvo los resultados que todas y todos conocemos. 

-Hablemos sobre el rol actual del INDH en este contexto de polarización y con demandas sociales que siguen sobre la mesa. La exministra y consejera del INDH, Antonia Urrejola, señaló –a propósito de las conclusiones de la comisión presidencial que hizo un diagnóstico del instituto– que el INDH se ha polarizado y desgastado y que se requieren reformas relativas a la gobernanza. ¿Cuál es su análisis sobre esta materia? 
-Sin perjuicio de las tensiones propias que vivimos en la época como institución –que fue una cosa que afectó al conjunto de la sociedad y de las instituciones–, lo primero que hay que afirmar es que el INDH estuvo en el contexto de la crisis a la altura de las circunstancias. Creo que es indesmentible. 

No obstante los problemas que podamos haber tenido, la labor de protección de los derechos humanos se cumplió cabalmente y se sigue cumpliendo. Estamos hoy día dando cuenta de más de tres mil querellas interpuestas en la época, instando por su solución ante el Ministerio Público y ante los tribunales. 

Sin perjuicio de eso, la reflexión acerca de cambios y reformas al INDH, como cualquier otra institución, siempre es bienvenida, porque constituye una cuestión refrescante. Y en ese sentido, las conclusiones de la Comisión de Fortalecimiento, en la que participaba la consejera Urrejola, generó muy buenas conclusiones, que han sido acogidas con entusiasmo aquí en el instituto y muy transversalmente por su consejo 

De hecho, todas aquellas reformas que se propusieron y que no requieren norma legal, nosotros tenemos la decisión y estamos trabajando fuertemente para ejecutarlas. A propósito, por ejemplo, de lo que comentaba la consejera en el sentido de separar las labores de dirección ejecutiva del INDH de las labores de dirección administrativa. Es un proyecto que avanza porque lo vamos a hacer en la medida que no requiere normas legales necesariamente.

En el marco de nuestras atribuciones administrativas, vamos a llevar adelante las propuestas y sugerencias de la Comisión Fortalecedora porque entendemos que, a quince años, cualquier institución tiene que revisarse, hacer ajustes, modernizarse, para estar a la altura de los desafíos propios de esta época. Así que, en ese sentido, no hay discrepancia alguna con la consejera y, desde ese un punto de vista, acogido unánimemente en el consejo de nuestra institución.

Y para adelante, lo que estamos tratando de hacer es no perder de vista que, no obstante las diferencias legítimas que podamos tener en cualquier plano, nuestras cuestiones políticas, culturales, lo que nos tiene que unir es una reflexión común desde la perspectiva de los derechos humanos. Eso lo hemos logrado cuando se habla desde los derechos humanos, desde las obligaciones del Estado, desde el desarrollo de los tratados internacionales. Es la senda que vamos a mantener. 

-¿Es relevante ese consenso para tener una postura unificada ante eventuales riesgos? Por ejemplo, el candidato presidencial José Antonio Kast propuso cerrar el INDH por efectos de la politización o la captura por parte de la izquierda.
-La mejor forma de enfrentar esto es mediante lo que indica nuestro mandato de promoción y protección de los derechos humanos. Hacerlo con los mayores niveles de acuerdo, eficiencia y rigurosidad posibles. Hacer bien nuestro trabajo es el primer modo de encarar esos discursos y esas propuestas que ponen en cuestión la existencia o la eficacia del INDH. 

Y en segundo lugar, creo que es importante que, cuando se hacen referencias a este tipo de cosas, tengamos presente –especialmente quienes tienen responsabilidades políticas importantes y aspiran a tener otras aún más relevantes– que el INDH no es una creación caprichosa de un Gobierno o de un grupo de personas.

El INDH surge como una de las conclusiones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, como una garantía de no repetición de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de la dictadura. Y, por lo tanto, a mi juicio, pensar en eliminar el INDH, neutralizar sus funciones, hacerlo ineficaz, puede poner en cuestión y comprometer responsabilidades de Estado que tiene nuestro país de cara a los compromisos del sistema internacional en materia de derechos humanos.

Entonces, es perfectamente legítimo que haya gente que discrepe de nuestro accionar, y son bienvenidas las críticas y sugerencias, pero de ahí a poner en cuestión la existencia de un organismo que es importante y que va a seguir siendo importante para nuestro país, que responde a compromisos internacionales del Estado, esa es otra discusión que, a mi juicio, no corresponde.