La decisión, acordada con el voto disidente del consejero José Luis Santa María, va en la misma línea de otras resoluciones del consejo relativas a la entrega de correos electrónicos de reparticiones públicas, postura que ha generado una fuerte tensión con el Gobierno, que incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional para evitar hacerlo.
Un nuevo round entre el Consejo para la Transparencia y el Gobierno en torno a la entrega de correos electrónicos institucionales se desató esta semana. Esta vez el gallito tiene como protagonista al Transantiago.
¿El motivo? La corporación autónoma resolvió acoger el amparo presentado por un particular que solicitó en octubre pasado una serie de e-mails a la Subsecretaría de Transportes, la que rechazó hacerlo.
Pero el Consejo apostó porque el órgano estatal liderado por Gloria Hutt entregue los e-mails y oficios recibidos y enviados por el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, el coordinador de Transantiago, Patricio Pérez y el equipo responsable de las modificaciones de contratos individualizado “que digan relación con el proceso de modificación de contratos de Transantiago que asigna los nuevos recorridos de transporte público en Santiago, tarjando en el caso de los correos, los antecedentes que dijeran relación con la intimidad o vida privada de sus emisores o receptores o que no diga estricta relación con el desempeño de sus funciones públicas”.
La decisión, acordada con el voto disidente del consejero José Luis Santa María, va en la línea con otras resoluciones del consejo relativas a la entrega de correos electrónicos de reparticiones públicas, postura que ha generado una fuerte tensión con el gobierno, que incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional para evitar hacerlo.