A fines de enero se eligió una nueva directiva de la organización que agrupa a unos 350 mil trabajadores. Sin embargo, el comité electo no fue oficializado en los registros de la Dirección del Trabajo, lo que fue calificado como una «intromisión del Gobierno en la autonomía sindical», según los dirigentes. Pero la DT se opuso a actuar, aduciendo que hay una querella previa por asociación ilícita que debe ser resuelta.
La Central Autónoma de Trabajadores (CAT) fue creada en 1995 a partir de una escisión de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La organización sindical cuenta actualmente con 350 mil trabajadores de todos los sectores productivos, tiene presencia en varias regiones del país y ha mantenido una relación fluida con las autoridades de los distintos gobiernos. Eso es puertas afuera, porque en el ámbito interno tiene serios problemas.
Durante el año 2018 hubo quejas hacia la directiva que encabeza Óscar Olivos por la «falta de conducción, funcionamiento, transparencia y participación en la toma de decisiones», según consigna una minuta interna de la organización.
En ese contexto, el 24 de enero de este año se realizó una votación para reestructurar el Consejo Directivo Nacional (CDN), pero Olivos no aceptó los resultados, apelando a que no había el quorum estipulado en los estamentos. Se retiró de la sala en que se llevó a efecto la elección y advirtió que recurriría a la Dirección del Trabajo.
Cuatro días después, el nuevo comité ejecutivo, encabezado por Hernán Méndez, Magdalena Castillo, Luis Durán, Luis González, Alex Vega y Maria Frevriel, concurrió a la Dirección del Trabajo (DT) para que la directiva fuera ratificada e incluida en el registro del Sistema de Relaciones Laborales (SIRELA) y de esa forma quedara oficializada. Pero la DT dejó caer un balde de agua fría sobre los sindicalistas al enviar el oficio ordinario n°440 en el que se declaró «incompetente para determinar» si el acto eleccionario se hizo «dentro del marco vigente», lo que en la práctica implica que la nueva directiva no puede quedar registrada oficialmente.
Los aliados de Olivos presentaron –el 30 de abril– una impugnación al proceso, aunque no le corresponde a la DT determinar si fue correcto o no. En ese entendido, los dirigentes presentaron otro oficio a la Dirección del Trabajo para dejar sin efecto la determinación del oficio 440 y acusaron una intromisión del Gobierno en su autonomía sindical, punto que motivó una queja a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La DT respondió e indicó que no accedieron a registrar la nueva directiva amparados en una presentación hecha por la dirigencia encabezada por Olivos, en la que se pidió indagar sobre la legalidad de la elección, y otra carta –fechada el 30 de enero– de la dirigencia de Coquimbo que cuestionó la reestructuración del Consejo Directivo Nacional, por no contar con la participación de representantes regionales.
Además, la Dirección del Trabajo citó la doctrina seguida hasta ahora en estos casos y afirmó que es menester de los sindicatos resolver estas controversias con sus propias reglas.
Pero lo más significativo de esta ofensiva para controlar la multisindical y que fue consignada por la DT como un impedimiento para pronunciarse, es la querella presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por Olivos, en representación de la CAT. La querella es por «falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento privado falso, usurpación y asociación ilícita» contra quienes resulten responsables.
Según la minuta interna del bando que se proclama elegido, esta disputa obedece a una maniobra desde el Gobierno para mantener en su cargo a Olivos, con el fin de preservar «una CAT sumisa a su proyecto político».
