El ministro de Economía, José Ramón Valente, ha tenido semanas duras. Al cuestionado viaje de su hijo a Suiza, se suman urgencias propias de la agenda de su cartera, como el escándalo en el manejo de las cifras del IPC y las críticas por los errores en la Ley de Pago a Proveedores por parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Las pymes señalaron que había errores en la ley, pues se dejaba en el tintero un artículo clave para defenderse: la opción de demandar a las empresas que no cumplen. El ministro Valente salió a explicar que se trató de un error involuntario y prometieron corregir.
El problema, en todo caso, apunta a que el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, y su equipo son los responsables del embrollo, algo que ya había quedado de manifiesto cuando recién se anunció el proyecto y algunos sectores acusaron el no haber sido incluidos.
En el sector privado se le reconoce a Valente que ha salido a salvar los errores de Guerrero en esta pasada. Pero así y todo el ministro ha tenido que ponerle el pecho a las balas, también ante los grandes empresarios.
Hace un par de semanas, poco antes de promulgarse la ley, el secretario de Estado asistió a una reunión en la Sofofa, en la que los grandes empresarios cuestionaron otro punto de la ley: ¿qué pasa con los contratos de manera retroactiva?
La duda apunta a la relación que ya está pactada previo a la ley con pequeños proveedores. ¿Pueden ellos exigir el cambio, se firman nuevos contratos, pueden demandar a la grandes empresas?
La nebulosa fue total, evidenciando los vacíos ya mencionados en la ley, que ha sido celebrada por el Gobierno como un gran avance para las pymes.
