Fuera de que hoy faltan 4 abogados y que los que hay son mal pagados, las instituciones de la administración de justicia que debiesen trabajar coordinadamente con el CDE –con atención prioritaria a los numerosos casos de corrupción que se han conocido públicamente–, no lo hacen. Tal es el caso de varias causas contra funcionarios municipales, en las que aún falta que el Ministerio Público entregue al CDE los antecedentes necesarios para que este pueda decidir si ejerce o no acciones penales en representación del fisco de Chile. Y respecto a la investigación contra el Presidente de la República por el caso del proyecto minero-portuario Dominga, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich –a quien le fue entregada la investigación por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott–, aún no ha aportado al Consejo de Defensa del Estado información suficiente para que este pueda tomar una decisión, ni tampoco se ha reunido con la abogada del señalado organismo, Luppy Aguirre, encargada del tema. En todo caso, se ve difícil que el CDE –más allá de la protección al Presidente Piñera que le prestan los consejeros del mismo, Juan Peribonio y el recientemente designado Alberto Espina– pueda ejercer acción penal contra el Jefe de Estado, porque los hechos, aún en el evento de haber existido actos delictivos, estarían prescritos.
Precariedad reclaman abogados del área Criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Dicen que están sobrepasados, que cada vez tienen menos abogados y la demanda de trabajo es creciente, sobre todo con los nuevos casos de corrupción que hay que atender, en representación del fisco de Chile, como aquellos vinculados a las corporaciones de varias municipalidades, y la investigación por corrupción contra el Presidente de la República por el caso del complejo minero-portuario Dominga.
También reclaman el excesivo criterio político para tomar decisiones, sobre todo por el control que ejerce en el Comité Penal, conformado por tres miembros, el abogado presidente del CDE, Juan Peribonio (RN), que no es penalista, que fue designado por el Presidente Piñera y es de extrema confianza suya, y quien es secundado en todo por el abogado penalista –también vinculado a la derecha–, consejero Daniel Martorell, dejando así en completa minoría a la abogada penalista y también consejera María Inés Horvitz, cercana al Partido Socialista.
Respecto a varias causas contra funcionarios municipales, aún falta que el Ministerio Público entregue al CDE los antecedentes necesarios para que este pueda decidir si ejerce o no acciones penales en representación del fisco de Chile. En el caso de la Municipalidad de Vitacura y sus corporaciones municipales, todo se ha atrasado, dado el secreto de la investigación decretado por el fiscal a cargo, que aún perdura.
Y respecto a la investigación contra el Presidente de la República por el caso minero-portuario Dominga, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich –a quien le fue entregada la investigación por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott–, aún no ha entregado al CDE información suficiente para que este pueda tomar una decisión, ni tampoco se ha juntado con la abogada del señalado organismo, Luppy Aguirre, encargada del tema. En todo caso, se ve difícil que el Consejo de Defensa del Estado –más allá de la protección al Presidente Piñera que le prestan los consejeros del mismo, Juan Peribonio y el recientemente designado Alberto Espina– pueda ejercer acción penal contra el Jefe de Estado, porque los hechos, aún en el evento de haber existido actos delictivos, estarían prescritos.
El tema de la prescripción es una valla difícil de pasar en casos sobre hechos de hace más de 10 años, como son estos, ocurridos durante el primer Gobierno del Presidente Piñera. Según detallan fuentes al interior del CDE, el principal obstáculo son las maniobras de protección y ocultación llevadas a cabo por el ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, el que durante la investigación contra el otrora subsecretario Pablo Wagner no mencionó ni lo amplió a las conductas del actual Mandatario, pese a los antecedentes que ya existían, como los sobornos a Wagner por Délano y sus socios, y el hecho de que Sebastián Piñera fue quien nombró en el cargo a Wagner, y lo mantuvo allí contra viento y marea.
Guerra sacó a Piñera del “escenario”, acotando todo a Wagner, y dejando en la formalización y posterior acusación solo delitos tributarios cometidos por el exsubsecretario de Minería, excluyendo de su formalización los delitos de soborno y cohecho, con los que se debería haber investigado al Presidente de la República y a los otros dueños de Dominga. Y respecto a Exalmar –donde se hace referencia tangencial a Dominga–, hubo sobreseimiento definitivo, lo que clausuraría la posibilidad de reabrir ese caso, candado puesto también por Guerra.
Los antecedentes nuevos –el contrato en inglés con cláusula de tercer pago, dado a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés–, podría servir para una querella criminal contra Sebastián Piñera, pero el candado puesto por el exfiscal Manuel Guerra lo torna difícil, jurídicamente hablando. Podría declararse inadmisible la querella.
Seguramente la decisión sobre este tema la tomará primero el Comité Penal del CDE y, luego, deberá decidir el Consejo del organismo en pleno, donde actualmente la derecha tiene mayoría.
El informe emitido por la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía Nacional entiende que no hay cosa juzgada, pero establece que el delito no está claro, porque no hay antecedentes precisos de que Piñera haya dado instrucciones concretas para que la zona donde se emplazaría Dominga no sea declarara –por Decreto– Zona de Protección Ambiental, o realizado algo concreto para impedirlo (alguna instrucción o algo así).
En cuanto a los casos de corrupción en las municipalidades, especialmente las controladas por la derecha en el barrio alto, a las que debe sumarse La Florida, solo en este último caso el CDE ya presentó querella (el 25/10), pero no lo hizo contra el alcalde Carter propiamente tal, sino contra “todos los que resulten responsables” de los hechos ilícitos denunciados, lo que le quita peso jurídico y político, pero así lo decidió el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado, liderado por el RN Peribonio.
En el caso de las corporaciones de la comuna de Vitacura, donde el principal inculpado es el exalcalde Raúl Torrealba, el CDE aún no ha recibido los antecedentes desde la Fiscalía, porque el fiscal a cargo de la investigación declaró el secreto de la misma, situación que aún se mantiene así.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda no ha permitido al CDE ampliar su planta de abogados penalistas, ni tampoco reemplazar a los que se han ido, por distintos motivos. Por reducción presupuestaria, política de austeridad o por un empeño de reducir al máximo el Estado.
Hoy faltan 4 abogados penalistas, sea por jubilación o por renuncia, a los que deben sumarse los que están con licencia médica, los cuales tampoco pueden reemplazarse por falta de presupuesto para ello. Es más, después de muchos meses, recién hace pocos días la Dipres entregó las platas para reemplazar a los 4 abogados penalistas de la planta que faltan.
A lo anterior deben agregarse los malos sueldos a los abogados penalistas, por lo que varios están buscando otros horizontes mejor pagados, quitándole así musculatura al CDE, la oficina de abogados del Estado de Chile, justo cuando proliferan los casos de delitos cometidos contra el erario nacional. Menos musculatura para perseguir la corrupción.
Abogados mal pagados en el Consejo de Defensa del Estado, que en teoría no tienen dedicación exclusiva, pero que en la práctica no tienen tiempo para nada más, por la sobrecarga de trabajo, y audiencias eternas en los Juzgados de Garantía (como referencia, los abogados del CDE ganan mucho menos que los fiscales que participan en esas mismas audiencias).
Para colmo, dicen las fuentes al interior de CDE que ha generado mucha molestia en el organismo que el Presidente de la República nombrara como consejero al abogado Alberto Espina –que siempre se dedicó a la política y no al ejercicio de su profesión–, con un excelente sueldo, sin exclusividad e inamovilidad hasta los 75 años, interpretándose como una jugada para cubrirle las espaldas al Mandatario cuando este entregue la Presidencia el 11 de marzo de 2022. Espina y Peribonio debieran garantizarle que el CDE no tomará acciones legales en su contra, aunque hubiese mérito para ello.
