El abogado Ángel Valencia Vásquez, que hasta ahora asoma como el candidato con más apoyos políticos transversales para obtener el preciado máximo cargo del Ministerio Público, compartió oficina –bajo fórmula de “comunidad de techo”– con los integrantes de la filial chilena de la firma de abogados y tributaristas panameña “Mossack Fonseca”, la misma que ayudaba a fortunas de todo el mundo, incluido Chile, a evadir sus obligaciones tributarias a través del mecanismo de abrir sociedades de papel en paraísos fiscales, y que estalló como escándalo mundial en 2016, en el marco del caso conocido como los Panama Papers. Ese mismo año, coincidentemente, Valencia compartía oficina con la filial en nuestro país, siendo parte del estudio de abogados “Cisternas y Cortés”.
Un curioso y llamativo antecedente surge en medio de la frenética carrera para ser designado como próximo Fiscal Nacional del Ministerio Público. ¿De qué se trata? De una curiosa coincidencia que vincula al abogado preferido de la élite política chilena en esta dura contienda, Ángel Valencia Vásquez, con uno de los más grandes escándalos económicos a nivel global: los Panama Papers.
Ello, porque el abogado, titulado en la Universidad de Chile y asociado al estudio Cisternas y Cortés Abogados entre octubre de 2013 y septiembre de 2017, aparece firmando en el año 2016 poderes judiciales –para representar a clientes ante los Tribunales de Justicia–, para lo cual establece como domicilio legal la siguiente dirección: Rosario Norte 615, piso 22, Las Condes.
Lo anterior no tiene nada de raro, salvo por un gran detalle: esa dirección es una de las consignadas en los Panama Papers como uno de los lugares donde operaba la filial chilena de la firma de abogados y tributaristas panameños “Mossack Fonseca”, la misma que instaló, por más de 40 años, una compleja y extensa madeja de sociedades en los más diversos paraísos fiscales, para facilitar la evasión y la elusión tributarias de muchas de las fortunas del mundo –incluidas varias chilenas–, desde empresarios a deportistas, pasando incluso por políticos de cuestionables credenciales democráticas, líderes políticos de distinto cuño, así como líderes de satrapías violentas, estafadores, traficantes de armas y de drogas.
En la información revelada al orbe entero por ek Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de gran impacto mundial, se determinó que en total fueron 44 las oficinas filiales que operaron para la firma fundada en Panamá por los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca (de nacionalidad alemana y panameña, respectivamente) en 1977.
Este escándalo, destapado en abril de 2016 a raíz de una filtración de más de 11,5 millones de archivos secretos, dio luz acerca de cómo grandes fortunas se las arreglaban –por la vía de crear sociedades de papel en paraísos fiscales– para privar a los Estados de los recursos que emanan de la recaudación de impuestos.
Según consignan los documentos liberados por el ICIJ, el teléfono asociado a la oficina de Valencia en Cisternas y Cortés es el mismo que informa la firma Silcot International Investments Ltd. Corp., cuyo domicilio es Rosario Norte 615, Piso 22, Las Condes.
La firma Silcot International Investments Ltd. Corp. era una filial del bufete de abogados Mossack y Fonseca, disuelta en Panamá dos años después de denunciados estos hechos, y tiene el mismo teléfono fijo que informó Valencia a sus representados y a los tribunales chilenos en las causas donde litigaba.
Fuentes cercanas al abogado Ángel Valencia confirman que el 2016, año en que estalló el escándalo mundial de los Panama Papers, el ahora candidato a ocupar el máximo cargo del Ministerio Público mantenía una comunidad de techo con la filial en Chile de “Mossack y Fonseca”. Las fuentes señalan que, una vez que reventó el escándalo, el abogado Gonzalo Cisternas les habría exigido a los integrantes de esa oscura firma que abandonaran la oficina que compartían.
Lo anterior deja en una difícil posición a Valencia, toda vez que, en el caso de ser Fiscal Nacional, tendrá que explicar qué vínculos llegó a forjar con esos profesionales, con los que compartió techo por años, cómo fue que se dio dicha comunidad de techo, y si conserva sus nombres y datos de contacto, del mismo modo que tendrá que explicar con mayor claridad su postura frente a la evasión tributaria y las facultades que tiene la Fiscalía en tales materias.
En el capítulo chileno de los Panama Papers, varias fueron las figuras que salieron al ruedo: el exministro de Hacienda de Augusto Pinochet, excandidato presidencial y reconocido director de empresas Hernán Büchi Buc; el extinto dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman; la familia Calderón Volochinsky, controladora de Ripley; Luis Enrique Yarur, controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI); el abogado Gonzalo Delaveau, quien fuera presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, que tuvo que renunciar al cargo; Luis y Lientur Fuentealba Meier, empresarios en el rubro de los casinos; el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle Rodríguez, quien además fue socio del exjefe financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren; entre muchos otros.
