Los montos que hará pagar al Congreso; su aparición en los chats del caso Hermosilla; contratación de un abogado para la OIT con cargo a la Corporación y la idea de que el Senado no asuma costos políticos de errores de Raúl Guzmán, se tomaron la semana distrital en el Congreso.
Como en un presagio garciamarquiano, donde la calma llega antes del tsumani, el pasado jueves 12, funcionarios del Congreso vieron “con rostro serio y recogimiento religioso” al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, en la Catedral de Valparaíso en primera fila de la liturgia del Te Deum Ecuménico. Estaba sentado detrás del senador Ricardo Lagos Weber (PPD), uno de sus críticos, y en el otro extremo de la misma banca se hallaba Francisco Chahuán (RN).
Ello, en la víspera del fallo de la Corte Suprema donde fue derrotado por el fiscal Javier Norero, por un recurso de protección por despido “ilegal y arbitrario”, un dictamen esperado con expectación y que, al conocerse, azuzó los cuestionamientos de los congresistas a la gestión del jefe del servicio por costos en la imagen del Legislativo y a su erario.
Tras el oficio de acción de gracias, pasado el mediodía de ese jueves, Raúl Guzmán arribó a Santiago. Se le vio más relajado, “celebrando”, dicen sus detractores, en un esquinazo con “algunos funcionarios del Senado” junto con el presidente de la Corporación, José García Ruminot.
Ahí bailó una cueca e inmortalizó el momento junto a sus colaboradores más cercanos, entre ellos, Ximena Amigo, la jefa de Administración, y Hugo Opazo, destinado a Congreso Futuro.
El viernes fue un día normal, pero cerca de las 20:00 horas, la noticia del fallo de la Corte Suprema 5-0 a favor del abogado Norero, la primera derrota en cinco años del ex Fiscal Regional Centro Norte en un juicio laboral, irrumpió en el Senado como una ola de tsunami.
“Guzmán había pedido un par de días libres, que tuvo que posponer”, afirman parlamentarios. Incluso, el presidente del Senado convocó en medio de la semana distrital a una sesión extraordinaria de la Comisión de Régimen Interno, donde uno de los puntos de la tabla habría sido el fallo, la Ley Karin y la OIT.
El fallo de la Corte Suprema estaba listo desde marzo y era esperado con avidez por parlamentarios y decenas de funcionarios, ya que consideraban que, de ser adverso, podría marcar un antes y un después en la gestión de Raúl Guzmán. O, incluso, su caída.
Al enterarse de la sentencia, parlamentarios, la Anef, sindicatos del Senado y exempleados despedidos por Guzmán desde 2019 se comunicaron con Norero para felicitarlo “por no haber desistido” en el juicio. Además, los abogados de la Corporación comenzaron a enviarse las 14 páginas del fallo como si fuera una cadena de oración.
De hecho, el senador Lagos Weber, considerado un legislador cauteloso en la polémica, rompió el silencio con hastío –dicen–, porque la lista de “episodios del secretario general ya pone en entredicho” a la Cámara Alta.
“Este es un tema que lleva casi un año y es tiempo que se establezca un cierre definitivo de acuerdo a lo que dice este fallo. No se puede seguir con una disputa que afecte a la institución. Régimen Interior deberá dar las luces de cómo enfrentar este tema a la luz de estos nuevos antecedentes”, sentenció a El Mostrador el senador Lagos Weber, expresidente de la Comisión de Régimen entre 2016 y 2017.
Las palabras de legislador se producen a 40 días de que dicha comisión informara, en una declaración para la prensa, que las “actuaciones del secretario Guzmán se han ejercido con total cumplimiento a sus atribuciones reglamentarias y estricto apego a la legalidad”. El documento fue cuestionado por varios parlamentarios, entre ellos, la senadora Yasna Provoste y su par socialista Fidel Espinoza, porque “agudiza una crisis institucional donde finalmente la mesa de la Cámara Alta tendrá que responder por su ministro de fe”.
“Es muy lamentable que los integrantes de la Comisión de Régimen Interno no hayan dimensionado la gravedad de los hechos. Muchos senadores guardaron un cómplice silencio. En esa comisión se ‘cocinan’ muchas cosas, como la impresentable permanencia de los exparlamentarios en la Comisión de Asignaciones Parlamentarias. Lamento profundamente la crisis que esta viviendo el Senado con esta situación. Espero marque un antes y un después en el buen trato que debe darse siempre a los funcionarios”, reparó molesto el legislador Fidel Espinoza.
Su par por Valparaíso, Kenneth Pugh, consultado por los alcances del fallo contra la Corporación, donde confirma un acto ilegal, comentó que “es un tema en el cual se debe pronunciar el presidente del Senado”, pero dice que “estaré atento a lo que el senador García Ruminot resuelva”.
La segunda autoridad política del país no contestó los llamados de El Mostrador, mientras que el vicepresidente de la Corporación, Matias Walker, aseguró que “en este tema el vocero” será José García.
El fallo no es el único asunto que inquieta a los parlamentarios. Otro tema es el de los más de 100 millones de pesos que el Senado deberá pagarle al fiscal Norero, por el despido irregular cursado por Guzmán, lo que también generó irritación en el Congreso. De hecho, comenzó a debatirse si quien debe devolver esos montos es el secretario general de la Corporación.
El senador DC Iván Flores plantea que la sentencia deja “entreverado y en una situación compleja” al secretario general. “Él ha tomado decisiones respecto de funcionarios que teniendo fuero igual han sido despedidos (…), asociaciones de funcionarios recurren a tribunales internacionales, la Corte Suprema por 5 a 0 declaró que el despido fue ilegal y, por lo tanto, el secretario general, como ministro de fe, como abogado, como exfiscal y además con un equipo de asesores, se equivocaron. La pregunta es si esos equívocos no podrán haber sido similares a otros despidos que han ocurrido al interior del Senado”, cuestionó Flores.
Y remató: “Aquí la Corporación va a tener que pagar un sueldo por 10 u 11 meses en que el señor Norero no trabajó. La pregunta es, habiendo el Senado contratado a otra persona con un cargo distinto, pero entiendo ocupando parte de ese presupuesto, ¿de dónde va a salir la plata para pagarle los meses que el señor Norero no trabajó y que hoy día deben pagarse? Son más de 80 millones, claramente va a afectar el presupuesto de la Corporación. Y ¿quién paga las costas del juicio? Creo que la Corporación no debe pagar costa alguna. ¿Quién las paga? (…) Entonces tenemos un problema de costas (…). Hay varias cuestiones que deben resolverse y no solamente en la Comisión de Régimen Interior y la Mesa, por cierto, en la Comisión de Ética que debe ser convocada (…), esta es una cuestión que claramente marca un precedente complicado y es un mal precedente para el Senado”.
El senador Flores recoge una arista que se analiza soterradamente entre parlamentarios y los abogados de la Corporación, y que apunta a que el fallo sostiene que en el Poder Legislativo se dictaron y aprobaron “actos administrativos” con arbitrariedad y que el ejercicio de “la potestad de la autoridad recurrida (Senado) no cumple con el estándar exigible”, por lo que los funcionarios preguntan si en esos actos de Guzmán los parlamentarios se convierten en copartícipes de visar algo irregular.
En esa línea, la presión aumenta en la Cámara Alta, luego de que Norero asegurase en La Segunda que las denuncias de los funcionarios no son escuchadas por los legisladores desde 2019, y comienzan a conocerse denunciantes que se sintieron vulnerados por otros presidentes del Senado.
“Le hice llegar tres cartas a Álvaro Elizalde como presidente contándole mi hostigamiento, pero nunca me respondió. Su posición fue estar en silencio, el expresidente del PS, del partido de Allende no hizo nada por los trabajadores. Yo era dirigente sindical y no me respetaron ni siquiera el fuero” afirmó a El Mostrador el exdirigente Erwin Valencia, cuyo caso es uno de los demandados ante la OIT por la Anef.
“El jefe Relaciones Públicas y Protocolo, Guillermo Miranda, también mandó cartas a la Comisión de Régimen en esa época, denunció que Guzmán le puso en el pecho su dedo índice con fuerza mientras lo increpaba delante de testigos. No se le acogió su relato. Los senadores de la Comisión de Régimen Interno, el presidente del momento, le planteó a Guillermo algo así como no insista y siga trabajando tranquilo. Pero Guzmán le pegó con el dedo”, añadió Valencia.
La versión la confirma el propio afectado: “Así fue. Incluso envié carta a la Comisión de Régimen, haciendo presente la denuncia y la actitud del señor Guzmán conmigo, pero de la carta no tuve respuesta alguna”, dice Guillermo Miranda. El hecho ocurrió en la entrada lateral del Salón de Honor, mientras el funcionario padecía de una insuficiencia crónica avanzada, la que lo descompensó.
El círculo más cercano del exsenador y actual ministro Elizalde fue consultado por El Mostrador, en 2023, por la denuncia. Según explicaron, el “exlíder del PS revisó las cámaras y la agresión no se veía”. El socialista no respondió en esta ocasión los llamados de este medio para consultarle. Sin embargo, desde las oficinas de la Cámara Alta se informó que “en ese lugar no existen cámaras”.
No obstante, lo que colmó la paciencia de los detractores de Guzmán fue su aparición en el caso Hermosilla, donde el abogado es investigado por la Justicia por un chat con el Fiscal Regional de Aysén Carlos Palma.
El hecho fue incluso comentado en la Cámara de Diputados. Algunos dicen que él viernes por la tarde el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), citó a una reunión urgente a Régimen Interno, para abordar el fallo, interrumpiendo la semana distrital y los planes de un fin de semana largo del jefe de servicio.
Tres de los asistentes, sostienen que faltó tiempo para abordar el caso. Pero reconocen que se le abrió al Senado un nuevo flanco: un juicio por prácticas antisindicales en la OIT, del cual García Ruminot no conocía hasta agosto. De hecho en julio aseguró : “No estoy seguro… Sé que se presentó una demanda a raíz de una diferencia (…), hace ya unos dos años, algo así”, pero advirtió que era una materia a analizar.
El secretario general tampoco respondió los llamados de El Mostrador y desde su oficina de prensa informaron que por ahora no dará declaraciones.
En la sesión secreta de este lunes por Zoom, algunos parlamentarios cuestionaron a Guzmán por el gasto. Sin embargo, acordaron contratar a “un abogado con cargo a la Corporación para el juicio en la OIT contra funcionarios del Senado” y hacerlo mediante una resolución del prosecretario Roberto Bustos. Otro litigio que, según senadores, los expone a un costo de imagen internacional y posiblemente a otra indemnización.
Asesores legales de Guzmán se comunicaron con Javier Norero esta semana para explorar un “acuerdo”, el cual no fue aceptado por el exfiscal, quien durante la primera semana de octubre debiera regresar al Senado.