NUEVA CONSTITUCIÓN
La Convención Constitucional se reúne en una nueva sesión plenaria para discutir y luego votar en general propuestas de normas que podrían integrar el borrador de la nueva Carta Magna. Ya partió la deliberación de las iniciativas contenidas en el primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales y la votación se daría esta noche. Las iniciativas serán votadas en general y para ser aprobadas necesitan el quórum de 2/3. En una cuenta preliminar, se habla de al menos 20 artículos que se podrían rechazar, de los 50.
El Pleno de la Convención Constitucional someterá a votación —en general— 50 artículos emanados del primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Entre los temas más destacados de la instancia coordinada por los convencionales Janis Meneses (MSC) y César Valenzuela (PS) están el derecho a la libertad de conciencia y religión; el derecho a libertad de expresión y el derecho a la propiedad.
Las propuestas normativas del primer informe de Derechos Fundamentales, que ya comenzaron su deliberación al interior del órgano redactor, están divididas en dos bloques. Por un lado, abordan las definiciones generales sobre derechos fundamentales, y por otro, los derechos civiles y políticos específicos.
La Comisión, que recibió 46 iniciativas populares de norma (IPN) y 98 iniciativas de los pueblos indígenas, está integrada por 33 convencionales. Cuatro del Colectivo Socialista, cuatro del FA, cuatro escaños reservados, tres de INN, tres de Pueblo Constituyente, dos de Chile Libre, dos de Un Chile Unido, dos de RN-Evópoli-IND, dos del Colectivo del Apruebo, dos de la Coordinadora Plurinacional, dos de Movimientos Sociales, dos de Chile Digno y una de Unidos por Chile.
Los convencionales han sostenido largas sesiones durante estas semanas para deliberar y votar el contenido del articulado que durante esta jornada será llevado a votación en general por el Pleno de la Convención. Esto implica que las normas que logren los 2/3 pasan a la siguiente etapa de votación en particular, para luego llevar a cabo una votación más detallada, donde los convencionales pueden hacer indicaciones con la idea de modificar el articulado presentado originalmente por la Comisión.
Libertad de conciencia y religión; libertad personal, autonomía e identidad; libertad de emprender y desarrollar actividades económicas; inviolabilidad del hogar y las comunicaciones; derechos sexuales y reproductivos; derecho de propiedad; derecho a la vida y la integridad física y psíquica; derecho a la honra; debido proceso; derecho a reunión; libertad de asociación; derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero; derechos de las personas frente a la administración del Estado; y derecho de petición, son algunos de los temas a discutir.
Cabe mencionar que hay algunos artículos que son claves durante la votación en general, como lo son el derecho a la propiedad y la libertad de expresión; normas que tensionan el debate en el pleno de la Convención sobre Derechos Fundamentales.
En cuanto al derecho a la propiedad se proponen cinco artículos. Uno de estos protege la propiedad intelectual e industrial y otro de ellos plantea que “la Constitución asegura a todas las personas naturales y jurídicas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, exceptuándose los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables”, indica el primer inciso del artículo 18.
En tanto, el articulado del derecho a la libertad de emitir opinión, de información, de culto, de prensa y libertad de expresión, señala lo siguiente: «toda persona tiene derecho a la libertad de emitir opinión y de informar en cualquier forma y por cualquier medio, así como a disponer de información veraz, plural e imparcial, y fundar medios de comunicación. Este derecho no estará sujeto a censura previa sino únicamente a las responsabilidades ulteriores que determine la ley».
En una cuenta preliminar, se habla de al menos 20 artículos que se podrían rechazar, de los 50.
La convencional Janis Meneses planteó que «estos artículos deberían tener un apoyo transversal. Están los derechos sexuales y reproductivos, un articulo que hemos impulsado con mucha fuerza y esperamos que veamos luces de que podría aprobarse a nivel general; materias vinculadas al rol del Estado referidos al financiamiento, objeto y fin, de los derechos fundamental; y otras materias que apuntan a darle un mandato distinto al Estado con una preponderancia de su rol y en términos de la provisión y financiamiento de los Derechos Fundamentales».
Su par Loreto Vallejos detalló que «hoy es un día tremendamente histórico para las feministas de nuestro país. Tendremos la posibilidad de aprobar dos artículos que otorgan rango constitucional por primera vez a nuestro derecho a decidir».
«Creemos que esta bien encaminada para su votación en el pleno porque fue construida de manera transversal con compañeras de prácticamente la mayoría de los 2/3 de la Convención. Lo mismo con la norma de educación sexual integral que también es fundamental y permite un reconocimiento constitucional a una garantía que no ha sido otorgada por el Estado durante los últimos 30 años», afirmó la convencional Alondra Carrillo.
La representante del Distrito 12 comentó que el informe contiene normas como el derecho a la identidad y normas que garantizan la no repetición y el fin a las violaciones a los derechos humanos. Carrillo apuntó a la prohibición de la desaparición forzada y «no permitir que vuelvan a desarrollarse desde el Estado actividades vulneratorias a los derechos fundamentales como ha sucedido en la triste historia de nuestro país».
Por su parte, la periodista y también miembro de la Convención Constitucional, Beatriz Sánchez, se refirió al articulado sobre libertad de expresión. «Se trata de un derecho y por eso hoy lo discutimos en general, pero abarca una dimensión amplia que entrega poder ciudadano y político», dijo.
«Es central garantizar el derecho a libertad de expresión pero se debe superar la concepción anticuada que lo reduce solo al derecho a informar sin censura previa y a recibir información, porque hoy es mucho más que eso. Hay que garantizar la diversidad y la pluralidad que el país tiene. Y eso es también hacerse cargo de la concentración de propiedad de los medios y no mirar hacia el lado», agregó la excandidata presidencial.
La convencional frenteampista añadió que «eso no significa nunca ni censura ni tampoco tratar de regular los contenidos de los medios. Jamás nos hemos referido a eso. Se trata si de que exista pluralidad en los contenidos, eso es vital para profundizar la democracia y de eso se trata esta discusión». De todas formas Beatriz Sánchez explicó que el articulo necesita mejorarse y tiene que ir avanzando «hacia ese sentido garantizar que exista pluralidad y que se muestre en todos los medios el país que realmente existe».
«Yo creo que hay muchas normas que van a tener que volver a la comisión porque necesitan o una redacción o una presicion. Hay muchas normas que terminan siendo programáticas que definen practicante políticas publicas que nos parece a nosotros que no es propio del texto constitucional», planteó el convencional DC Fuad Chahín.
«Hay otras que si bien tienen problemas, tienen dificultades por razones distintas. Por ejemplo, respecto de la expropiación hay quienes legítimamente señalan que en definitiva debiera precisarse que siempre la expropiación tiene que ser al valor comercial. Y hay otros que no quieren que la expropiación vaya acompañado de indemnización previa y eso creo que son motivos totalmente distintos. Hay que perfeccionarla, por cierto, y el principio que vamos a detener es que toda expropiación vaya a acompañada de una indemnización al valor de mercado y que tiene que ser siempre una indemnización que se pague de manera previa antes de tomar posición del bien expropiado», sentenció.
Al otro lado de la vereda, el convencional de la UDI Martín Arrau criticó las propuestas y las calificó de «jurel tipo salmón». Acusó que están «llenas de discursos, de gestos, cuando todos sabemos que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones». A su juicio, «se establece la obligación del Estado de asegurar con el máximo de recursos disponibles la satisfacción universal de derechos y sigue sumando más y más derechos, pero a la vez suma más y más trabas a la inversión y al empleo».
«Esto no cuadra mientras el mundo se llena de inestabilidades guerra. A usted en su casa le dicen que va a tener más derechos que usted mismo va a pagar, pero nadie a sacado la cuenta de cuánto cuesta. ¿Los constituyentes han hecho la suma? Por supuesto que no, porque esto es populismo», cuestionó Arrau.
«Además hemos escuchado decenas de discursos de tolerancia, de pluralismo, pero parece que el único que importa es el de los pueblos originarios», finalizó el convencional gremialista.
*Siga aquí los avances del borrador de la nueva Constitución
