El modelo de empleo público no resiste más parches

La estabilidad en el empleo público, donde los funcionarios y las funcionarias no están sujetos a la discrecionalidad del Gobierno de turno, es el pilar fundamental de un sistema democrático, ya que resguarda la probidad y la eficiencia y la eficacia en la función pública. Por cuanto asegura la continuidad en la ejecución de las políticas públicas y se genera un arraigo como valor fundamental que blinda, al trabajo y al desempeño, de las actitudes alejadas de: las normas legales y de los comportamientos éticos morales aceptados y valorados para un funcionario(a) público(a).

Sin embargo, desde los 90 en adelante, este precepto ha sido olvidado, transformando la función pública en un sistema que crece inorgánicamente y que se caracteriza por la precariedad laboral. Invirtiendo la ideal proporción porcentual de funcionarios(as) de planta vs. los a honorarios o contratas.

Desde un tiempo a esta parte, los tribunales laborales han reconocido a los honorarios del Estado como trabajadores(as) con subordinación y dependencia, otorgándoles, por la vía judicial, derecho a indemnización ante despidos y vulneraciones de derechos fundamentales.

Hace unos pocos días la Contraloría General de la República emitió un dictamen que pareciera subsanar la informalidad laboral de los trabajadores(as) a honorarios del Estado. Estableciendo que para el año 2023 solo podrán persistir o ser contratados(as) bajo esta modalidad para labores accidentales, transitorias o con un nivel de experticia que se requieran para funciones no permanentes.

Dicho dictamen consigna que para el año 2023 los trabajadores(as) a honorarios que cuenten con confianza legítima deberán ser traspasados a contrata, ocupando el grado más cercano que les permita mantener su misma remuneración líquida.  

Establece juicios de cuentas y sumarios administrativos con sus respectivas sanciones patrimoniales y disciplinarias para aquellos jefes(as) de servicios que hubieran despedido a trabajadores(as) a honorarios injustificadamente o vulnerando derechos fundamentales y cuyas causas hayan sido sancionadas por los tribunales laborales. Mismas medidas disciplinarias para los(as) jefes(as) superiores de servicio NO SON establecidas ante equivalentes situaciones emanadas de despidos injustificados y arbitrarios de los(as) contratas, quedando al debe el contralor en estas materias.

Los trabajadores(as) del Estado que hoy se desempeñan a contrata han logrado un avance menor en las tutelas y los recursos de protección, negando los tribunales laborales, en muchos casos, el reconocimiento de la persistencia de la naturaleza laboral del vínculo (laboralidad). 

Dentro del año 2022, las autoridades que sean protagonistas del próximo Gobierno, encabezado por Gabriel Boric, tendrán la discrecionalidad para despedir a los(as) actuales trabajadores(as) a honorarios o traspasarlos(as) a la contrata a fines del año 2022. Nace aquí una gran oportunidad para nuestro futuro gobernante de hacer bien las cosas, estableciendo procesos participativos con las asociaciones de funcionarios y sus confederaciones y empoderando a la Dirección  Nacional del Servicio Civil, que es la institución responsable de la coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones del personal en los servicios de la administración civil del Estado. Para que el Servicio Civil lideré y establezca criterios vinculantes claros y objetivos para este propósito y, con ello, disminuya la discrecionalidad y las arbitrariedades. 

Por otro lado, se hace muy necesario que el Presidente Boric, y quien asuma como subsecretario(a) de Hacienda, instruyan a desarrollar todas las acciones de coordinación entre la Dirección de Presupuestos (Dipres) con el Servicio Civil, ambos servicios dependientes del Ministerio de Hacienda. Para cautelar la asignación de recursos que permita no dejar fuera del traspaso a ningún(a) honorario que ejerza labores permanentes con subordinación y dependencia. 

Sin embargo, este dictamen, que pudiera ser un gran avance en la eliminación de la precariedad laboral de este grupo importante de trabajadores(as) que hoy equivalen a quince mil funcionarios(as), aproximadamente, y cuyo 63.2% de ese grupo además son mujeres, genera una nueva situación de vulnerabilidad para todos(as) los(as) que a contar del 2023 sean traspasados. Estos(as) trabajadores(as), sin importar la cantidad de años que sirvieron en esa condición, perderán la confianza legítima y tendrán que acumular dos años de ejercicio laboral a partir del traspaso, para exigir una motivación fundada ante un eventual despido. 

Esta situación es solo un botón de muestra de que el modelo de empleo público no resiste más parches y requiere ser rediseñado de acuerdo a los nuevos tiempos, al nuevo Chile. Cimentando un aparato público que sustente un Estado Garante de Derechos Sociales. 

Sin duda, hoy nos encontramos ante una gran oportunidad, para nuestro Presidente electo, pudiendo pasar a la historia por generar una gran reforma del Estado. Conformando una mesa de trabajo participativa encabezada por la Dirección Nacional del Servicio Civil, que involucre a universidades, centro de pensamientos, organizaciones sindicales y diversos organismos públicos para diseñar un nuevo estatuto de la función pública que contemple aspectos tan importantes como la estabilidad laboral, mejore la evaluación del desempeño, asegure el ingreso y la promoción basados en el mérito, distinga a funcionarios(as) de Gobierno versus los de Estado, establezca un sistema de movilidad laboral, concilie la vida personal, familiar y laboral, defina cuotas de género, elimine todo lo que establezca un techo de cristal que afecte a mujeres, entregue mayores competencias profesionales y técnicas a los(as) trabajadores(as) del Estado, proporcione mecanismos de compensaciones equitativos, permita erradicar la violencia y discriminación laboral, incentive la innovación, defina mecanismos de resguardo de la probidad y ética pública, elabore un sistemas de retiro laboral, entre otros tantos aspectos importantes de desarrollar.

Hay muchas expectativas puestas en el Gobierno que va asumir el próximo 11 de marzo. Hoy la ciudadanía demanda un Gobierno cercano y carismático que responda a las necesidades ciudadanas, que se conecte con el  pueblo de Chile. Para lograr esta gran afronta y no defraudar estas expectativas, Boric necesita un aparato público que esté fortalecido, que tenga las herramientas necesarias y que goce de dignidad en el empleo. Trabajando en esto, podrá desarrollar un mejor Gobierno, que se traducirá en mayor legitimidad de las acciones gubernamentales y  abrazará con resultados concretos esa esperanza que movilizó a tantas y tantos el 19 de diciembre recién pasado.