Opinión
En Chile y el mundo se ha ido imponiendo la práctica de informar a los consumidores a través de etiquetas cuando es factible. Sólo por citar dos ejemplos, ya estamos familiarizados con los discos “PARE” negros estampados en los envases de ciertos alimentos, que nos alertan de los rangos de elementos químicos considerados nocivos que contienen, o con las grandes y coloridas etiquetas adheridas en los electrodomésticos y vehículos motorizados, informándonos acerca de los niveles de eficiencia energética que performan.
Bienvenidas las Etiquetas, pero cuando son veraces y reflejan datos que han sido recabados en forma indubitada, basándose en procedimientos estándar y de general aplicación.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha enviado recientemente a trámite de toma de razón a Contraloría General de la República el Decreto Supremo N°58/22 que busca establecer la obligación de etiquetar a todos los vehículos livianos de pasajeros y camionetas que se comercializan en Chile, con un rótulo que indique los niveles de calificación que cada uno haya recibido en los crash test cinéticos que se hayan practicado al respectivo modelo.
Esto de acuerdo con los programas denominados “NCAP” (por su sigla en inglés), o sea, con sujeción al “Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos” que realiza únicamente una ONG global con competencia territorial sobre distintas áreas del mundo, en nuestro caso con tuición sobre América Latina y El Caribe, la cual se denomina Latin NCAP (LNCAP), a partir de testeos de colisión catastrófica que dicha organización realiza a modelos que compra a través de compradores misteriosos, en salas de venta de los diversos países y que desembocan en una calificación de cero a cinco estrellas en orden ascendente.
¿Qué podría tener de malo que se informe sobre lo señalado? Aparentemente nada, pero sólo en apariencia porque es aquí donde caben las siguientes consideraciones: primero, LNCAP es una organización privada, sin domicilio en Chile, que genera información puntual y no general.
Esta información es de índole particular y no pública, de modo que lo primero que cabe recalcar es que el Estado, en un aspecto que concierne a certificar la seguridad de los automóviles, ha decidido hacer fe de dicha ONG en forma lisa y llana, sin mayor fundamentación del por qué.
Segundo, hoy el MTT testea y certifica con medios propios la seguridad de los vehículos motorizados, a nivel de homologación tanto documental como de laboratorio. En efecto, realiza los chequeos y testeos, certificaciones y controles de normas técnicas (motorizaciones, rendimientos, emisiones y seguridad) de todos los vehículos que se comercializan en Chile, a través de una agencia o ente desconcentrado del Estado que se denomina “Centro de Control y Certificación Vehicular” (3CV) dependiente de la Subsecretaría de Transportes.
Este cuenta con profesionales altamente capacitados, instalaciones y equipamientos de primera generación (en la comuna de Maipú) y, lo más importante, con un prestigio bien ganado en el mundo automotor, tras décadas de trayectoria de excelencia.
Tercero, si observamos una fotografía del mercado automotor chileno de hoy, veremos que en él se comercializan no menos de 1.800 modelos o versiones de vehículos, a la vez que LNCAP, de ese cúmulo ha testeado a un ratio que bordea los 14 modelos en un año.
Con ello se permite concluir que esta ONG ha sometido a análisis a menos del 1% del total de los modelos que componen nuestro mercado. Esto evidencia que sus procedimientos en modo alguno podrían ser calificados como fehacientes y generales.
Por último, cuarto, el financiamiento del cual se sirve LNCAP para sus procedimientos dista mucho de ser trasparente, cabiendo la alternativa de que las marcas sponsoreen los testeos, dotando al sistema de una opacidad que, pensamos, resulta ser sumamente inadecuada para un mercado automotor como el chileno, altamente competitivo y que cuenta con consumidores híper informados en el nivel global.
Entonces, si hoy contamos con uno de los mercados automotores más competitivos e intensos del mundo en oferta y demanda, con una inmensa variedad de marcas y modelos que se homologan, certifican y controlan de manera estándar a través de un sistema público de aplicación general y elevado nivel de exigencia técnica (3CV), el cual es ejemplo mundial de buen funcionamiento, ¿para qué privatizar una parte de la función que se cumple de buena manera por el Estado?
Se generará un etiquetado que desinformará más que informará, ya que 14 modelos estarán etiquetados con los resultados de sus test, mientras que las etiquetas de los restantes 1.786 dirán “Vehículo Sin Información”? Sencillamente, no se entiende.
