MERCADOS
De cara a la discusión del cuarto retiro, que comenzó esta jornada en el Senado, el exsuperintendente y académico puso el foco en El Mostrador en La Clave en la inclusión de rentas vitalicias en el proyecto y fue enfático en que «es una cuestión que no corresponde legalmente». “Lo que está ocurriendo con esta indicación, es que se está financiando una política social, que es adelantar beneficios a las personas no con plata que les pertenecen a ellas, que es lo que pasa con el caso de las AFP, sino con platas que le pertenecen a un tercero, que en parte es plata de las propias compañías de seguros”, indicó. A su juicio, entre los senadores “hay una comprensión de que efectivamente este punto es distinto del denominado cuarto retiro (…) y creo que la única modificación posible es rechazar la indicación”.
En el marco de la discusión por el cuarto retiro que comienza este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado, la indicación referente al adelanto de las rentas vitalicias encendió las alarmas en el mundo de las aseguradoras. Según proyecciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de aprobarse esta iniciativa, se arriesga el pago oportuno a 700 mil jubilados por rentas vitalicias. Incluso, «se puede generar el mayor escenario de riesgo para el sistema financiero en los últimos 35 años».
Además se estima que entre 3 y 9 compañías aseguradoras podrían caer en insolvencia en caso de que se apruebe el cuarto retiro. Una consecuencia que tendría que pagar el Estado de Chile, pues según dijo el economista Guillermo Larraín a El Mostrador en La Clave, estas podrían acogerse a tratados de protección de inversiones internacionales, y «el fisco va a tener que compensar a las compañías, que lo más probable es que ganen los juicios tanto internacionales como nacionales».
El exsuperintendente de AFP manifestó que «cualquier eventual insolvencia de una compañía de seguros pone en riesgo un montón de cosas. En el caso que las compañías hayan emitido deudas, pone en duda que se paguen esas deudas. Ahí puede haber problemas de default (…) eso es grave».
En su análisis, el académicos consideró que el adelanto de rentas vitalicias «es una cuestión que no corresponde legalmente», ya que en el caso de las AFP, «es plata de la persona, pero acá no es así, no son platas de las personas sino que son parte del fondo común desde donde se financian todas las rentas vitalicias de cada compañía».
En esa línea, sostuvo que «lo que está ocurriendo con esta indicación, es que se está financiando una política social, que es adelantar beneficios a las personas no con plata que les pertenecen a ellas, que es lo que pasa con el caso de las AFP, sino con platas que le pertenecen a un tercero, que en parte es plata de las propias compañías de seguros, porque tienen que sacar una parte del capital para poder financiar eso. Es como financiar política social con recursos de privados que no tienen la responsabilidad de financiar esa política social. El Estado cobra impuestos para financiar la política social, no tiene que hacerlo a través de utilizar de una forma mañosa el capital de terceras personas».
Consultado sobre cuántas personas verían afectada su pensión, dijo que «nadie la perdería por completo, todos verían reducido su monto. Son 660 mil rentas vitalicias aproximadamente las que están en curso, y por supuesto que va a depender de cuánta gente lo saque. En el primer adelanto de principios de año, de los 660 mil, se acogieron a esto 270 mil».
«¿Quiénes podrían ver en riesgo su pensión? aquellas personas cuya compañía eventualmente pudiera caer en insolvencia. Ahí hay un seguro estatal para las compañías, pero que cubre el 70% de la pensión. Se perdería el 30% de las pensiones si es que alguna compañía cayera en insolvencia. Además para el fisco, que tendría que pagar ese seguro, tendría que resarcir la menor pensión», agregó Larraín.
Con todo esto, el economista señaló que ha «hablado con algunas senadoras y senadores, y creo que hay una comprensión de que efectivamente este punto es distinto del denominado cuarto retiro, y que siendo distinto, hay que tener sutileza de que hay que tratar esta cuestión de manera diferenciada».
«Creo que la única modificación posible al nivel de los parlamentarios, es rechazar la indicación y probablemente negociar algo con el Gobierno respecto de qué hacer con los rentistas vitalicios», cerró.
