Investigación
La imagen muestra cuando la víctima es baleada y los atacantes huyen.
La estela de víctimas fatales que deja la “guerra de los trenes” en Arica
Cuatro muertos, al menos seis lesionados de gravedad, automóviles quemados y el regreso del miedo a las calles de la ciudad más nortina de Chile, ha generado el enfrentamiento entre Los Gallegos –afiliados al Tren de Aragua– y el Tren del Coro.
Al menos cuatro personas –tres venezolanos y un peruano– han sido asesinadas en los últimos 60 días en Arica, en una lucha que se desató entre Los Gallegos y el Tren del Coro, en función del control del sector aledaño al terminal de buses de la ciudad.
Cabe recordar que el Tren del Coro es una organización delincuencial nacida en la misma ciudad, luego de los primeros embates policiales en contra de Los Gallegos, a mediados de 2022. Esta banda transnacional, a su vez, forma parte –como asociada– del Tren de Aragua.
De hecho, ambos grupos criminales nacieron al interior de la cárcel de Tocorón y cuando se expandieron a Chile, a fines de la década pasada, se “repartieron” los dos principales pasos clandestinos del norte del país, a fin de ingresar por allí migrantes venezolanos. De ese modo, Los Gallegos pasaron a controlar las “trochas” (accesos fronterizos ilegales) ubicados en las inmediaciones de Chacalluta, mientras que Tren de Aragua propiamente tal se adueñó del paso que une a Colchane con Pisiga, en Bolivia, que es la principal puerta de acceso a Chile.
En el caso de Los Gallegos, luego de las primeras detenciones masivas que realizó la PDI, “soldados” y sujetos descolgados de la primera organización crearon su propia banda y, a diferencia de Los Gallegos, que controlaban territorialmente el cerro Chuño, los del Coro se asentaron en el plano de la ciudad, específicamente en las inmediaciones del terminal de buses, controlando no solo el tráfico de drogas en el sector de la plaza Diego Portales, sino también incursionando en el tráfico de migrantes, la extorsión y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Una primera investigación respecto de ese grupo culminó, a mediados del año pasado, con condenas para tres de sus integrantes, incluyendo a su líder, el colombiano Germán Padilla Díaz, en un juicio que se realizó en forma paralela al que se llevó contra Los Gallegos, cuyas sentencias recién se conocieron el 6 de marzo pasado, luego de que el juicio finalizara en noviembre pasado.
Un nuevo líder
Después que Padilla quedara preso, el liderazgo del Tren del Coro (llamado así porque varios de sus integrantes son originarios de la ciudad de Coro, ubicada al oriente de Caracas) fue asumido por un sujeto de quien solo se conoce su apodo, “El Guayo”.
Durante varios meses ambas bandas siguieron operando en forma bastante discreta en los respectivos territorios que tienen tomados, pero el 1 de enero se produjo lo que una fuente policial describe como una “invasión” de parte de Los Gallegos hacia los del Coro, cuando estos detectaron a dos miembros de la otra agrupación en lo que ellos consideran su territorio. Sin preguntar, balearon varias veces a Los Gallegos, los cuales sobrevivieron, aunque uno de ellos quedó en estado crítico.
Luego, la madrugada del 25 de marzo, como informó El Mostrador, se produjo un enfrentamiento a tiros entre miembros de ambas organizaciones delincuenciales, la cual terminó del modo más trágico posible, puesto que una víctima inocente resultó fallecida. Se trata de un ciudadano peruano que se encontraba al interior de su casa, sin tener relación alguna con los criminales que se enfrentaban en la calle, pero que recibió una “bala loca” que ingresó al inmueble. Todos estos hechos, además, estuvieron precedidos por la quema de automóviles en cerro Chuño.
Pocas horas después, cerca de 15 migrantes se encontraban reunidos en la esquina de los pasajes 7 y 8, en cerro Chuño, cuando aparecieron en escena dos automóviles Mazda modelo Demio, que llevaban entre 4 a 5 sujetos, los que comenzaron a disparar ráfagas en contra de la multitud, asesinando allí a dos ciudadanos venezolanos identificados como José Luis Vásquez Palacios y Víctor Moisés Sánchez Rivero, que no tenían relación alguna con Los Gallegos ni con actividades delictivas. De hecho, eran trabajadores de la construcción, que estaban en la calle celebrando el fin de una faena y el consiguiente pago que habían recibido.
Además, otras cuatro personas fueron lesionadas de gravedad. Como informó El Mostrador, gracias a los peritajes realizados por el OS-9 de Carabineros se identificó a uno de los tiradores, Jhomenl Rafael Duin Quintero, venezolano perteneciente al Tren del Coro, quien fue detenido y formalizado como autor de seis homicidios, cuatro de ellos en carácter de frustrado y dos consumados.
El crimen más reciente se produjo el 10 de abril pasado, cuando otro venezolano, Johangel Ramos Bernal, transitaba por la calle O’Higgins frente al 714, junto a una joven. Como lo evidencian las imágenes de video recopiladas por la Brigada de Homicidios de la PDI, al llegar a una esquina se detuvo detrás de ellos un Honda Fit, del cual descendieron dos sujetos, de la misma nacionalidad: Carlos Ocanto Méndez, conocido como “Carlitos”, y Wilmer González López, conocido como “Pelón”, quienes le dieron al menos 24 balazos a la víctima, en muy pocos segundos, en una técnica que fuentes policiales describen como propia de las ejecuciones que cometen organizaciones criminales mexicanas o centroamericanas.
Ocanto fue detenido el 23 de abril recién pasado y fue formalizado de inmediato, quedando en prisión preventiva, mientras que el segundo sujeto fue arrestado por la PDI y formalizado el martes recién pasado, siendo enviado a la cárcel también, en medio de un tenso ambiente a nivel penitenciario.
Este obedece a los planes de fuga de Los Gallegos, que se han descubierto en los últimos meses, motivo por el cual tres sujetos vinculados a ellos fueron formalizados como autores de delitos contemplados en la Ley Antiterrorista, dado que además de pretender derribar los muros de la cárcel de Acha con explosivos, también planeaban instalar un coche bomba en las afueras del edificio de los tribunales de Arica, como protesta por las condenas que recibieron en marzo.
