El test de Cooper: cerco judicial pone a prueba diligencias del fiscal de ProCultura y Sierra Bella

La prueba más famosa para medir la resistencia de una persona, usada para evaluar su preparación y condiciones físicas, lleva el apellido del fiscal sobre quien hoy pesa una solicitud de remoción y otra por serios cuestionamientos sobre el uso de las interceptaciones telefónicas. En ambos casos –Sierra Bella y ProCultura, respectivamente–, el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, será escrutado por sus capacidades y sometido al cronómetro del Poder Judicial.

Pero el “test” que deberá enfrentar Cooper no será para evaluar su estado físico, sino por las acusaciones que pesan en su contra por el manejo de las causas mencionadas, donde los intervinientes han puesto en tela de juicio diversas diligencias asociadas a ambos casos, donde se le atribuye al persecutor un manejo negligente, interceptaciones ilegales –entre otras faltas–, poniendo en duda incluso su idoneidad al interior del Ministerio Público.

Ambos casos se encuentran avanzados.

Hoy, de hecho, debería resolverse el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, exesposa del director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín, quien impugna las resoluciones que autorizaron la interceptación de sus conversaciones telefónicas, acusando “espionaje” en su contra y solicitando eliminar el material obtenido –a su juicio– “ilegalmente”.

El día de hoy también concluye la fase de presentación de antecedentes probatorios sobre la solicitud de remoción de Cooper, presentada por 10 parlamentarios del Frente Amplio, Socialismo Democrático y el Partido Comunista, apelando al artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la que faculta a la Corte Suprema a destituir del cargo a un fiscal en caso de incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta.

Una vez finalizada esta etapa, comenzarían los alegatos para definir la permanencia del Fiscal Regional de Coquimbo al interior del ente persecutor, una prueba de fuego en un contexto de profunda polarización respecto al caso ProCultura, con un persecutor que se ha vuelto incómodo para La Moneda luego de intentar “pinchar” el teléfono del Presidente y que, al mismo tiempo, cuenta con el respaldo transversal de la oposición, al punto de que la UDI acaba de solicitar que Ángel Valencia lo nombre fiscal exclusivo del caso.

ProCultura

Hasta antes de la entrega de nuevos antecedentes del caso ProCultura, el trabajo del fiscal Patricio Cooper se había desarrollado sin mayores estridencias, resguardando la investigación a través de una estrategia que le permitió mantener una reserva eficiente, intercalando periodos de secreto en cada arista en las distintas regiones donde se investigaba la adjudicación de más de $6 mil millones por parte de la fundación dirigida por Larraín.

Una vez vencido el periodo de reserva, sin embargo, distintos intervinientes comenzaron a recibir la copia del expediente, instancia que generó expectativas después que se filtrara que Cooper había intentado intervenir sin éxito el teléfono del Presidente Gabriel Boric.

Luego que se liberó la carpeta se supo, además, que el “pinchazo” realizado a Josefina Huneeus contemplaba una llamada del Mandatario –expaciente de la psiquiatra–, donde ambos ahondaron en lo que había sucedido en ProCultura y particularmente con Irina Karamanos, expareja del Mandatario, quien trabajó en la fundación y a quien se le tomó declaración en calidad de imputada por unas transferencias.

La interceptación del teléfono de Huneeus derivó en un recurso de amparo, presentado por la defensa de la psiquiatra, denunciando una maniobra de “espionaje”, debido a que al momento de la diligencia no estaba en calidad de imputada, tampoco en el primer listado de las 17 personas requeridas y, pese a ello, el juzgado autorizó continuar con las escuchas, vulnerando su intimidad y libertad personal.

El recurso, en el fondo, pone en tela de juicio la obtención de un testimonio que habría sido recogido de manera ilegal, de acuerdo con el artículo 222 del Código Procesal Penal, que estipula que “si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida de interceptación se disiparen… ella deberá ser interrumpida inmediatamente”.

En este punto, asegura una fuente que conoce el caso, no hay dobles lecturas. “Tú te enteras que la persona que interfieres no es la indicada, el asunto se acaba en el momento. No hay más análisis. ¡Cuelgo!”, dice.

Los errores continuaron, agrega la misma fuente, porque a pesar de que la PDI informa de la situación a través de un correo electrónico, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicita mantener las escuchas, argumentando que Huneeus “tenía conocimiento” de los hechos investigados, sin presentar pruebas ni fundamentos para justificar la medida, plantea el recurso judicial.

“La PDI llevaba 10 días escuchando y propone mantener la escucha y el fiscal, en vez de decirles que había que dejar de escuchar, le pide al tribunal interceptar a una testigo que habían escuchado por error y el tribunal responde: ‘Sí, intercepta a la imputada’. ¿Qué pasó entonces, por qué habla de imputada si le consultaron por una testigo? ¡No leyeron la solicitud!”, explica la misma fuente.

Cooper, en tanto, decidió hacerse parte contra el amparo presentado por los abogados Alejandro Awad y Miguel Schürmann, solicitando al Ministerio Público ser considerado como parte en la acción constitucional que impugnan las resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que autorizaron las cuestionadas interceptaciones telefónicas.

Así las cosas, el recurso se revisará hoy por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y, en caso de resultar favorable para la defensa de Josefina Huneeus, se anularían las resoluciones y se eliminaría todo el material obtenido a partir de las interceptaciones. En caso contrario –puntualizan fuentes cercanas–, la defensa de la psiquiatra apelaría de inmediato, por lo que el recurso llegaría a la Suprema.

Sierra Bella

El resultado de la revisión del recurso en Antofagasta, en caso de resultar favorable para Huneeus, pondría en una posición incómoda a Cooper, considerando que todavía falta resolver la solicitud de remoción en su contra, un recurso presentado en cuatro oportunidades anteriormente respecto de fiscales, sin lograr la destitución de estos.

Los diputados que patrocinan la acción judicial acusan al Fiscal Regional de Coquimbo de negligencia en el manejo del caso Sierra Bella, que involucra a la exalcaldesa Irací Hassler en una causa sobre supuestos favores en la adjudicación de una patente a un empresario chino, donde también está imputada la diputada Karol Cariola (PC).

El recurso presentado alega omisión de “perspectiva de género” en el allanamiento realizado al domicilio de la diputada –el mismo día en que esta estaba dando a luz a su primer hijo– y por la filtración de un diálogo privado entre la diputada y la exalcaldesa de Santiago, donde aseguran sentirse decepcionadas del proyecto político encabezado por el Presidente Boric.

Pese a que Cooper mandó un escrito pidiendo a la Suprema que no declarara admisible la solicitud de remoción –sumada a la apertura de una investigación de oficio por las filtraciones en la Fiscalía de Coquimbo–, el máximo tribunal rechazó la petición del fiscal, dejando el periodo de exposición de pruebas en manos de la ministra Mireya López.

Es precisamente esta última instancia la que termina hoy y que abriría paso a la fase siguiente, que son los alegatos, etapa que debería desarrollarse durante las próximas semanas antes de resolverse si aplica o no la destitución. “Igual existe la posibilidad de que la Corte Suprema pida, por su cuenta, medidas para mejor resolver y que traiga otra prueba que ellos mismos soliciten”, agrega la abogada requirente Fernanda Arias.

“La pregunta que cabe formularse, desde un análisis crítico, es si un diputado puede cuestionar el fundamento de las resoluciones judiciales. Porque se está cuestionando que fueron a la casa de una diputada. ¿Y por qué se realizó eso?, porque hubo una orden para hacerlo. ¿Qué es lo que están haciendo indirectamente, entonces? Cuestionando el fundamento de la orden y eso el artículo 76 de la Constitución lo prohíbe”, subraya una fuente cercana a Cooper, aduciendo que establece que los parlamentarios no pueden ejercer funciones judiciales, ni revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones judiciales.

Para los representantes de los parlamentarios, en cambio, las filtraciones tienen un componente político indiscutible en un año electoral. “Eso es innegable”, dicen. Pero el argumento de fondo, agrega Fernanda Arias, es que deberían tomarse mejores medidas a nivel técnico y administrativo para proteger la información.

“Lo que estamos planteando en el fondo es que, dado este ambiente donde están ocurriendo estas filtraciones, no basta que se generen investigaciones respecto de ellas una y otra vez, sino que tiene que haber un avance en tecnología, en compliance y en la responsabilidad del Ministerio Público en el resguardo de la información tan delicada que maneja”, señala.