Viajes nacionales: Los nuevos focos de Contraloría por mal uso de licencias

La propia contralora Dorothy Pérez fue la que anunció que la investigación por presuntas irregularidades en el uso de licencias médicas, que detectó más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante sus periodos de reposo, entre 2023 y 2024, se extenderá también a otros sectores de la administración estatal, como las policías y Fuerzas Armadas.

Sin embargo, existen otras aristas que involucran también una revisión de los viajes realizados al interior del país por funcionarios públicos con licencia médica, así como el caso de funcionarios municipales “fantasmas” que no están registrados en el sistema Siaper (Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado).

La información relativa a las policías y FFAA fue proporcionada por la misma contralora este lunes en la Comisión de Salud del Senado, donde explicó los alcances del informe sobre los funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras tenían licencias médicas, apuntando que el nuevo foco de análisis sería en torno a los trabajadores dependientes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).

“Estamos agregando una revisión a Capredena y Dipreca, porque en este CIC (Consolidado de Información Circularizada), primero incorporamos el mayor volumen de funcionarios públicos que están adscritos a Fonasa e Isapres, pero el porcentaje de funcionarios de las policías y Fuerzas Armadas va a ser revisado en este trabajo que estamos avanzando”, sostuvo a la salida de la presentación en el Senado.

Municipios y funcionarios fantasmas

La exposición  de la contralora detalló algunos de los puntos señalados previamente, como es el caso de los viajes dentro del país mientras los funcionarios se encontraban con licencias médicas. “Nosotros estamos, a pesar de todas las dificultades que tenemos, revisando mecanismos para poder controlar las licencias médicas que se pudieran haber otorgado y que hayan significado viajes dentro del país”, aseguró la contralora. “No es fácil, porque a diferencia del registro de salidas internacionales, en los movimientos nacionales hay dificultades mayores (…). Algún porcentaje vamos a poder detectar”, agregó.

Respecto del caso de funcionarios que llevarían más de un año con licencia médica pero que figuran trabajando para empleadores privados, Pérez aseguró que “esta situación de doble empleador nosotros ya la hemos reportado a varios servicios públicos de manera focalizada y lo que estamos haciendo ahora es un análisis global para detectar esta situación de manera agregada”, aseguró la contralor.

En cuanto a la existencia de funcionarios “fantasmas” en los municipios, Pérez señaló que “a pesar de que los municipios no tienen esta obligación, y al cruzar esa base de datos con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos que nos informa sus rentas e ingresos, detectamos 106.000 personas que reciben rentas como funcionarios o honorarios en las municipalidades y que no están en Siaper”.

Esta no sería la única investigación sobre los municipios, pues según fuentes cercanas al ente fiscalizador, también el organismo estaría indagando sobre los planes comunales de seguridad pública, el sistema propuesto por la Subsecretaría de Prevención del Delito para orientar en materias de seguridad a nivel comunal.

“Una cantidad importante de municipalidades no han cumplido con la información que tienen que mandarte a la subsecretaría del delito, si es que hay efectivamente planes vigentes, no se están informando, ni siquiera los consejos que tienen la obligación de reunirse por ley lo están haciendo”, aseguraron.

La estrategia fiscalizadora de Contraloría se ha desarrollado a partir de los Consolidado de Información Circularizada (CIC), una estrategia implementada por la administración que encabeza Dorothy Pérez, que busca generar cruces de información estratégica a partir de la solicitud de oficios a distintos organismos del Estado. Este año comenzaron a aparecer los primeros informes de este tipo, que en la actualidad alcanzan las 10 publicaciones.

A diferencia de las Auditorías, que pueden demorarse entre seis y ocho meses, los CIC son más rápidos y no requieren tantos especialistas para poder desarrollarse, pues lo que se hace es oficiar a los servicios a través de circulares que luego de ser respondidas se contrastan con la propia base de datos de la Contraloría.

“Pueden demorarse dos meses, desde que parte hasta que se publica. En el fondo es una investigación con fuentes consolidadas que se va analizando junto a varias bases de datos de diferentes servicios, pueden ser cinco o seis a la vez, todas ellas se revisan detalladamente para llegar al dato correcto”, explica una fuente que conoce el funcionamiento.

El sistema ha tenido tan buena acogida, aseguran, que Contraloría habría invertido presupuesto en servidores de inteligencia artificial para poder procesar de manera rápida y expedita la información recopilada a través de los CIC.