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Bitácora del fracaso judicial e impunidad de los “overoles blancos”
Desde 2017, la Municipalidad de Santiago ha interpuesto 28 querellas por diversos delitos. Doce se encuentran en trámite, dos permanecen en reserva y en catorce de ellas el Ministerio Público decidió no perseverar, estrategia que impide avanzar en las investigaciones y que garantiza la impunidad.
La mañana del 22 de agosto de 2022, un puñado de encapuchados ingresó al Instituto Nacional luego de enfrentarse a Carabineros con bombas molotov. Una vez al interior del establecimiento, intentaron prender fuego a la inspectoría –quemando un notebook– y luego comenzaron a rociar bencina en uno de los techos, provocando un incendio.
La arremetida continuó con un saqueo masivo al casino, lugar donde encapuchados y “overoles blancos” (sujetos que ocultan su identidad con esta indumentaria) robaron botellas de aceite, paquetes de fideos, huevos y hasta un saco de papas. Como en el recinto vivía un cuidador –en rigor, funcionario de la Municipalidad de Santiago–, el Ministerio Público incorporó, además de incendio y daños, el delito de robo en lugar habitado.
Lo curioso de la estrategia jurídica es que el cuidador del inmueble nunca fue citado a declarar y, tras 16 meses de investigación, la causa se cerró sin responsables. Esto, después que la Fiscalía Centro Norte comunicara al juzgado, a fines de diciembre de 2023, su decisión de no perseverar en el procedimiento.
La Municipalidad de Santiago –querellante en la causa– apeló a la instancia. señalando que, pese a que el cuidador del recinto manifestó su intención de declarar, la Policía de Investigaciones no lo interrogó. Además, la funcionaria policial encargada del procedimiento tampoco identificó el nombre del único estudiante detenido, impidiendo poder imputarlo por algún delito.
El hecho “resulta ajeno a toda razonabilidad”, explica el documento que solicitó la reapertura de la causa, que fue finalmente rechazada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, manteniendo la decisión del Ministerio Público de no perseverar, debido a la ausencia de antecedentes relevantes para continuar con éxito la investigación, que es el argumento de manual utilizado en estos casos.
Este procedimiento judicial, sin embargo, no es un caso aislado. Según pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Mostrador, desde el año 2017 hasta 2024, bajo las administraciones de Irací Hassler (PC) y Felipe Alessandri (RN), la Municipalidad de Santiago interpuso 28 querellas por diversos delitos, entre ellos, homicidio frustrado, desórdenes, amenazas, incendio, falsificación, porte de arma, lesiones y fabricación de artefactos incendiarios, vinculados a la actuación de “overoles blancos” en distintos liceos emblemáticos de Santiago.
De todas las acciones judiciales, 12 se encuentran aún en trámite, dos permanecen en reserva y en 14 de ellas el Ministerio Público decidió no perseverar. Este último procedimiento es el más usado hasta ahora por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte –encargada de revisar los casos que acontecen en la comuna de Santiago–, situación que impide avanzar en las causas, debido a que pone punto final a las investigaciones. O sea, en palabras simples, garantiza la impunidad.
Daños sin culpables
Los casos de violencia registrados en establecimientos educacionales han transitado desde “daños calificados”, en sus inicios, a delitos más graves, como incendios y homicidio frustrado. Los destrozos, en todo caso, siempre llevan la delantera y –casi por regla general– son acompañados de otros delitos. Tras el estallido social, y en un breve periodo, ocurrieron varios incidentes con cuantiosos daños en recintos educacionales.
En octubre de 2019, por ejemplo, el Instituto Nacional registró tres episodios de daños graves por rotura de un portón, destrozos en rectoría y un incendio en la sala de inspectores. El primero fue avaluado en $6.030.000, el segundo en $2.500.000 y el tercero en $17.299.095. Solo en este último caso existieron sanciones, tras la detención de dos estudiantes por porte de artefactos incendiarios, quienes fueron condenados a 180 días de libertad asistida. El total de daños en esos tres días, según el Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, alcanzó los $25.829.095.
Un mes después, el 11 de noviembre de 2019, nuevamente el Instituto Nacional fue tomado por estudiantes y exalumnos expulsados del colegio por graves hechos de violencia, quienes organizaron una tocata para conmemorar la muerte de Camilo Catrillanca y un acto para recibir a la barra de “Los de Abajo”, con el objeto de planificar futuras movilizaciones.
El saldo de la toma –según consta en la querella presentada por la Municipalidad de Santiago– fue la sustracción de varios proyectores, destrozos en baños, robos de computadoras y un daño estimado en infraestructura de alrededor de 4 millones de pesos. Al igual que en otros casos, en febrero de 2021, la jueza Marcia Figueroa comunicó el cierre de la investigación, tras la decisión de no perseverar en el procedimiento del Ministerio Público.
En el mismo periodo, a fines de noviembre de 2019, las autoridades del Liceo Confederación Suiza recibieron el colegio con severos daños en la biblioteca, cocina y la dirección del establecimiento, deterioros avaluados por las autoridades en $2.738.000. El Internado Nacional Barros Arana (INBA) también depuso una toma que dejó como saldo una serie robos y destrozos por $4.832.000. En estos últimos casos, la decisión del Ministerio Público, tal como ha sido la tónica hasta ahora, fue de no perseverar.
A diferencia de casos más difíciles de pesquisar, debido a que ocurren al interior de los establecimientos educacionales, también hay hechos de violencia que se desarrollan en la vía pública, dejando una estela de destrucción a su paso. Eso fue lo que ocurrió el 30 de mayo de 2022, en las inmediaciones del INBA, luego de un intento de toma realizado en la Municipalidad de Santiago.
El saldo, aquella vez, fueron dos motos de seguridad siniestradas, un vehículo quemado, dos guardias agredidos y el robo de computadores y celulares desde una garita. Según uno de los informes policiales, la investigación carecía de “indicios o evidencias de interés criminalístico”.
El municipio de Santiago alegó que la declaración del testigo clave del caso no aparecía en la carpeta investigativa y que la Fiscalía tampoco había tomado declaración a las autoridades del establecimiento. Pese a esto, la jueza del caso, Carla Capello, ordenó el cierre de la investigación, en septiembre de 2023, acogiendo la solicitud de no perseverar presentada por el Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Nuevamente, el proceso se cerró sin culpables.
Un experto en justicia juvenil, que prefiere omitir su nombre, señala que en todos sus años de carrera –visitando y trabajando en centros privativos de libertad de menores–, se ha topado solo una vez con un estudiante condenado en este tipo de recintos. “La Fiscalía no persigue estos casos”, dice.
“Se les sigue mirando como alumnos que están en una lucha social y no se los ve como delincuentes, aunque hayan incendiado un colegio o intentado quemar a un profesor. Se les baja el perfil y no quieren escarbar hasta llegar a quienes están detrás, porque hay un tema ideológico que pesa y nadie quiere sacarse la máscara”, agrega.
La escasa o nula identificación de responsables es un tema que preocupa a algunos expertos, porque si el Estado no puede acceder a ellos, no existe ninguna posibilidad de intervención. “Es una pésima señal”, dice Marcelo Sánchez, representante de la Fundación San Carlos de Maipo, organismo que impulsa la evidencia y gestión de programas sociales preventivos en infancia y adolescencia.
“Lo que pasa es que se tiende a pensar que identificando a los jóvenes agresores se los estigmatiza y la verdad es que se los está invisibilizando. Por eso hay que llegar a ellos y sus familias, educarlos para desnormalizar la resolución de conflictos de manera violenta y así no sean reclutados por grupos proclives a la violencia política o bandas delictivas”, explica.
“Te vamos a quemar”
Tras la pandemia volvieron a reactivarse los focos de violencia en los colegios, varios de ellos dirigidos a las autoridades de los establecimientos, ya no solo a través de amenazas, sino también de violencia explícita contra grupos de educadores tildados de “sapos”, en su mayoría inspectores de establecimientos públicos.
En septiembre de 2022, un grupo de encapuchados del Instituto Nacional roció con combustible en su ropa y cabeza a una inspectora, gritándole “te vamos a quemar”, mientras uno de ellos prendía un encendedor a su lado. El municipio de Santiago calificó los hechos como amenazas y homicidio frustrado, pero el 31 de enero de este año, tras una solicitud del fiscal Mario Leiva, el magistrado Mario Cayul comunicó la decisión de no perseverar.
Dos meses más tarde, a comienzos de noviembre de 2022, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una causa, aún vigente, por homicidio frustrado en contra de seis estudiantes, quienes intentaron incendiar la rectoría del INBA y amenazaron con quemar vivos a seis profesores, incluida la entonces rectora del establecimiento, María Alejandra Benavides.
“Fuimos rociados en las piernas y efectivamente un joven nos gritó que nos iban a quemar”, comentó Benavides, removida de su cargo por la actual administración de Mario Desbordes.
Para el excomisionado de la infancia y adolescencia del Sename, Carlos Alvear, la amenaza de quemar vivos a profesores no solo es brutal en sí misma, sino que “llama la atención la incapacidad de empatizar que tienen los involucrados y la relación que establecen con la autoridad”.
En cualquier caso, agrega Alvear, cualquier factor involucrado debería estar en el radar de jueces expertos en la materia. “Falta especialización en infancia y adolescencia y un tribunal especializado en justicia juvenil, con un abanico de ofertas para servicios comunitarios, porque la sensación que queda es que no se está abordando el tema de manera sistémica”, explica.
Los casos suman y siguen. El 18 de abril de 2023, mientras un grupo de profesores del Instituto Nacional –incluido el rector del establecimiento, Miguel Ogalde– intentaban sofocar un intento de toma, recibieron desde el exterior del recinto una serie de botellazos, uno de los cuales resultó ser una “poderosa bomba de ruido” que dejó con trauma acústico a una de las profesoras. El caso terminó sin responsables, en noviembre de 2024.
Es precisamente este ambiente de impunidad el que preocupa a la actual directora de Educación Municipal de Santiago, Pilar Sazo, porque quienes cometen estos actos “no solo atentan contra el derecho a la educación y la posibilidad de asegurar la continuidad del servicio educativo, sino que también ponen en riesgo la vida e integridad física y psíquica de estudiantes, docentes y vecinos de estos recintos”.
Galletas inalámbricas
Ejemplos hay por montones. El 7 de noviembre de 2023, durante una protesta realizada al interior del Liceo de Aplicación, alrededor de 60 encapuchados y overoles blancos, premunidos de “galletas inalámbricas” con baterías de repuesto (es decir, máquinas cortadoras de metal), rompieron los portones de acceso y se enfrentaron con Carabineros. Tras la autorización de ingreso de la policía, los efectivos constataron que al interior del recinto había 52 adultos, entre ellos, cuatro estudiantes de educación superior que fueron identificados como partícipes de los destrozos.
A pesar del elevado número de personas mayores de edad identificadas, la acción judicial se enfocó en los cuatro acusados de causar daños, quienes quedaron libres de toda sanción, después que la Fiscalía solicitara el cierre de la investigación, en julio de 2024, pese a la oposición de la Municipalidad de Santiago. Esta última argumentó que el Ministerio Público ni siquiera realizó las diligencias recomendadas en los propios informes policiales.
Sobre la participación de adultos en el movimiento estudiantil, un exmiembro del Consejo de la Sociedad Civil del Sename asegura que la persecución penal en estos casos no busca encontrar a los responsables. “Acaban de pillar a un sicario en Colombia con un dron y no pueden volar uno arriba de un colegio tomado. ¿Por qué no sacan la cuenta de cada medio litro de bencina usada en cada molotov? Si los papás les pasan 500 o mil pesos a sus hijos, ¿quién está financiando entonces las protestas? Hay un trasfondo político que no se quiere investigar”, plantea la misma fuente.
A propósito del incremento en el uso del artefactos incendiarios, el 6 de septiembre de 2023, el coronel de Carabineros Pedro Álvarez aseguró en una conferencia de prensa que solo en 20 minutos desde el INBA lanzaron 170 bombas molotov contra efectivos policiales, un “registro considerable” de incidentes ocurridos en los colegios emblemáticos –sostuvo– con un aumento exponencial ese año.
Encapuchado con pistola
Meses más tarde, el 30 de noviembre de 2023, mientras un grupo de encapuchados del Liceo de Aplicación intentaba abrir un portón para enfrentar a Carabineros, uno de ellos apuntó con una pistola en la cabeza a un inspector del recinto, amenazándolo con disparar. Tras ser rescatado por otros inspectores del liceo, uno de los encapuchados amenazó con agredirlo afuera del establecimiento. Antes de retirarse del lugar, los “overoles blancos” golpearon a un profesor, una secretaria y otro inspector. El funcionario atacado, según la querella, era un hombre de “edad avanzada y problemas de salud”. La causa, debido a la gravedad de los hechos, aún se mantiene en investigación.
Pero la violencia, en otras ocasiones, termina afectando a los propios estudiantes. En julio del año 2023, un joven de 16 años del Liceo de Aplicación quedó en riesgo vital cuando manipulaba un artefacto incendiario afuera del establecimiento, y el 23 de octubre del año pasado 35 estudiantes del INBA resultaron quemados al interior de uno de los baños del recinto. La única imputada en esta última causa es la exrectora, mientras la Fiscalía todavía evalúa si los involucrados en los hechos son imputados o víctimas, tras una solicitud de aclaración planteada por un juez.
“En el actual estado de avance de la investigación, no resulta posible determinar con certeza la calidad procesal –sea de víctimas, imputados u otras– de las personas singularizadas en la solicitud de autorización para acceso a fichas clínicas”, respondieron desde la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte al juzgado.
Es precisamente esta situación la que preocupa a la actual directora de Educación Municipal de Santiago, Pilar Sazo. “El problema al que nos enfrentamos, desde el ámbito de la persecución penal, es que no ha resultado efectiva para conseguir condenas. Aquí existe capacidad investigativa, vemos periódicamente el desbaratamiento de bandas criminales y organizaciones complejas, pero pareciera que ese esfuerzo de la Justicia en general no se está poniendo con el mismo ahínco en el ámbito de la violencia escolar”, explicó.
El Mostrador se comunicó con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, desde donde confirmaron las cifras recopiladas por este medio, ratificando que la única explicación para los casos en que decidieron no perseverar era la misma que aparece en cada registro judicial como un mantra: “No se han reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
