Torturas en Osorno: las evidencias que fueron ignoradas por la Justicia en la primera investigación

En medio del estupor que ha generado la difusión de videos que dan cuenta de cómo un joven profesional fue objeto de distintas torturas por sus compañeros de la Unidad de Desarrollo Informático del Hospital Base de Osorno (HBO), antecedentes recopilados por El Mostrador muestran que la Justicia no tomó en consideración una serie de evidencias adjuntadas por la víctima a la denuncia original, que interpuso en contra de uno de los ahora imputados, Jairo Báez, pero en julio de 2020.

Ello permitió que ese sujeto siguiera en total impunidad hasta la semana pasada, cuando fue detenido junto a otros tres exfuncionarios del hospital luego del escándalo que se generó por la difusión de las imágenes, que muestran cómo la víctima era golpeada, rapada, quemada con vapor –mientras estaba amarrada de pies y manos– y obligada a simular que le realizaba sexo oral a uno de sus excolegas.

Un anónimo en la madrugada

Como lo confirmó a El Mostrador Mauricio Navarrete, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats) del Hospital de Osorno, los videos que se conocieron la semana pasada fueron distribuidos en forma anónima durante la madrugada del 1 de septiembre pasado, por mail, y llegaron a distintos estamentos de salud local, parlamentarios, medios de comunicación como Radio Bío Bío, que lo dio a conocer a nivel nacional, e incluso a la Presidencia. 

No obstante, la revisión de la carpeta judicial muestra que en marzo de 2023 la víctima envió un video al Juzgado de Garantía de Osorno, donde se ve cómo lo golpea uno de los sujetos. Se trata de 10 segundos de imágenes, aceleradas, que los ahora imputados compartían por chat, como si se tratara de algo gracioso. 

Además, envió al tribunal capturas de pantalla de un chat grupal llamado “Depto. TICS”, en el cual figuran varios stickers confeccionados con fotos tomadas a él en situaciones denigrantes, incluyendo una en que se aprecia su brazo lleno de moretones. 

A ello se suma el hecho de que, como indica en un correo electrónico que envió al tribunal, recién en esa fecha pudo recuperar el video y los pantallazos porque alguien, al interior de la misma unidad, borró los contenidos de su teléfono.  

La causa original

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Regional de Los Lagos, la denuncia se interpuso hace cinco años: “Con fecha 28 de julio de 2020, la Fiscalía tomó contacto directo con la víctima, quien manifestó expresamente su decisión de no continuar con el proceso judicial, remitiendo para tal efecto un correo electrónico, acompañado de un certificado médico que daba cuenta de sus lesiones. Este antecedente fue incorporado a la investigación y considerado dentro del análisis fiscal posterior”.

Pese a ello, se defienden, “la Fiscalía procedió igualmente a iniciar la persecución penal”.

A fines de 2021 la Fiscalía de Osorno presentó un requerimiento de juicio simplificado en contra de Báez, en el cual se acusaba que este, luego de insultar a la víctima –un profesional de 31 años al momento de los hechos–, la agredió “aplicándole una llave de lucha, lesionándole el dedo anular de la mano izquierda, hecho que se volvió a repetir, de la misma forma, a fines de junio de 2020, en horas de la tarde, en lugar ya indicado”. 

Producto de lo anterior, dice el escrito, el agredido “resultó con fractura de la base de la F13 por dorsal con presencia de un fragmento óseo” y “pérdida del espacio articular interfalángico distal del cuarto dedo mano izquierda”, lesiones que –indica el documento– son de carácter menos grave.

Al respecto, abogados penalistas consultados sobre el punto señalan que es llamativo que frente a dicho diagnóstico –que fue realizado en un centro médico privado– no se haya pedido una pericia al Servicio Médico Legal (SML), dado que, como indica uno de ellos, que solicita reserva de su identidad, “una fractura de esas características siempre tiende a ser lesión grave desde el punto de vista legista”. 

Frente a ello, la Fiscalía indicó a El Mostrador que el certificado del centro privado de salud “resultaba suficiente, conforme al marco legal vigente, para atribuir preliminarmente lesiones menos graves”. 

Asimismo, las fuentes consultadas indican que, dado lo indicado en el requerimiento simplificado, se debería haber acusado por dos delitos de lesiones o bien por un delito de lesiones en carácter de reiterado, lo que habría permitido elevar la pena a la que se hubiera enfrentado el imputado, en caso de ser condenado.

Ante dichos cuestionamientos, el órgano persecutor aseveró que “la Fiscalía atribuyó al imputado responsabilidad en los dos eventos, considerando que ambos contribuyeron a las lesiones sufridas por la víctima. Por lo tanto, aunque se formalizó bajo un solo tipo penal, ambos episodios están integrados en la acusación y fueron parte de la argumentación del Ministerio Público”. 

Pese a ello, cabe indicar que en el requerimiento de procedimiento simplificado efectivamente se mencionan ambos hechos, pero solo se acusó por un delito de lesiones menos graves.

Los antecedentes ignorados

Luego de todo lo que vivió, la víctima dejó su trabajo y se radicó en otro país, pero desde allá siguió preocupada de su caso, y así lo evidencian varios correos electrónicos que envió al Juzgado de Garantía de Osorno, a los que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador.

El primero de ellos está fechado el 7 de marzo de 2023 y su subject es muy ilustrativo: “Solicito ayuda o recomendación para entregar nuevos antecedentes”.

Tras identificarse e indicar el número de la causa, la víctima dice que “he logrado localizar una prueba audio visual (sic), que muestra el tipo de violencia a la que me había visto sometido ante el imputado de la causa y cómo me defendía, además de una captura del teléfono móvil que enseña el tipo de lesiones con que quedaba después de esos encuentros. No había podido localizarlos hasta ahora”.

Tras disculparse por estar en un país lejano, pidió lo siguiente al tribunal: “Agradecería cualquier luz que me pudiera brindar, en caso de que aún sea posible adjuntar dicho material a la causa, que creo que sería relevante para perfilar mejor al imputado”.

En un segundo correo envió las pruebas a las que aludía, incluyendo una serie de capturas de pantalla del grupo de WhatsApp llamado “Depto. TICS”, en el cual aparecen dos stickers que lo muestran en forma humillante, con el pelo muy corto, y en uno de ellos aparece con el torso desnudo, producto de lo cual se aprecia la parte superior de su brazo izquierdo, completamente cubierto de hematomas. Además, dice que esa es una foto que “posteriormente fue borrada de mi teléfono por un tercero de dicha unidad, cuya identidad desconozco”.

Según indicaba en ese mail, “esto enseña el tipo de lesión que el imputado producía en mi cuerpo luego de algunos ataques durante horas de trabajo”.

Junto a los pantallazos adjuntó un video de 10 segundos de duración, que muestra cómo el imputado luchaba con él, lanzándolo al suelo. 

Finalizaba diciendo que le era imposible apersonarse en Osorno, debido a que estaba residiendo en el extranjero y que estaba dispuesto a llegar a algún acuerdo, “porque simplemente no me interesa generar resentimiento y quiero cerrar este episodio amargo de mi vida”. 

Como bien colegía, la investigación estaba cerrada hacía meses, pero –como explica uno de los penalistas consultados al respecto– estos antecedentes deberían haber dado pie a una nueva investigación, lo que no ocurrió.

Así las cosas, el 22 de marzo de 2023, Báez fue favorecido con una suspensión condicional del procedimiento, fijándose como principal condición una que resulta a todas luces inefectiva, dado que la víctima ya no vivía en Chile en ese momento, algo que estaba en conocimiento del Ministerio Público, pese a lo cual en la audiencia se aprobó la “prohibición de acercarse a la víctima” y a su domicilio. 

Frente a la interrogante de por qué se pidió aquello, la respuesta del Ministerio Público fue que “se impusieron medidas restrictivas como la prohibición de acercamiento, atendiendo a la naturaleza de los hechos”, sin explicar cuál era la lógica en torno a esa “condición”.

En cuanto al hecho de que no se iniciara una nueva investigación en contra de Báez, a partir del video y los pantallazos enviados por la víctima al Juzgado de Garantía de Osorno, la Fiscalía aseveró que “con fecha 08 de marzo de 2023, existe una resolución judicial en la causa en la que se ordena poner en conocimiento de la Fiscalía un correo electrónico de la víctima, en el que hace referencia tanto a episodios de violencia física con lesiones como a su residencia fuera del país. Dicho correo no contenía videos”.

Asimismo, afirmaron que “posteriormente, la víctima realizó otras presentaciones ante el tribunal, en las que habría acompañado registros audiovisuales (video del episodio) y mensajes de WhatsApp. Sin embargo estos últimos no fueron ordenados para ser remitidos a través de una resolución judicial específica”. En otras palabras, no hubo envío de dichas evidencias desde el tribunal hacia la Fiscalía, según la versión de esta.

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Buena estrella judicial

No era la primera vez que Jairo Báez corría con la suerte de su lado en los tribunales. En 2019 fue acusado de amenazar a su expareja, al interior del mismo hospital. Igual que en el caso de las lesiones, la Fiscalía de Osorno lo quiso llevar a un juicio simplificado, pero posteriormente la víctima dijo que “no tiene interés en continuar con la causa y que no ha sido víctima de nuevos hostigamientos”, por lo que el Ministerio Público aplicó el principio de oportunidad, dejando la causa sin efecto.

En la audiencia de formalización realizada la semana pasada, Báez y otro funcionario del hospital fueron formalizados por torturas cometidas por funcionarios públicos, pero nuevamente esquivó la prisión, pues tanto en su caso como en el del otro sujeto imputado, el juez Álex Francke negó las solicitudes de prisión preventiva en contra de ellos, a diferencia de los otros dos imputados, que fueron formalizados por el mismo delito, pero en carácter de reiterado, por lo cual se dictó la prisión preventiva respecto de ambos.

Un dirigente que pide perdón

Mauricio Navarrete dijo que “el hospital fue un centro de tortura durante la dictadura y es impresentable que hoy, en democracia, ocurran este tipo de situaciones”.

Asimismo, dijo que lo ocurrido “es grave” y que “hacemos un llamado público a que se hagan las investigaciones, porque esto no puede volver a ocurrir. El llamado también va al nivel central, porque hay que buscar la manera de mejorar los procesos sumariales”.

A ese respecto, aseveró que ha habido problemas con los abogados con que cuenta el hospital y que “en el caso del colega que fue torturado, quien estuvo a cargo de los sumarios fue el Servicio de Salud en las dos oportunidades, no el hospital”.

Del mismo modo, expresó que “quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle disculpas a la familia. Nosotros no tenemos responsabilidad en esto, pero es necesario pedirle perdón a ese funcionario que fue tratado de esta manera”.

La Unidad de Investigación de El Mostrador también tomó contacto con una dirigenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) Unitaria del Hospital Base de Osorno, quien pidió no ser identificada, pero aseguró “que aún no se conoce toda la verdad”. Por cierto, se trata de una de las personas que trabaja en la Unidad de Desarrollo y que forma parte del chat “Depto. TICS”, donde aparecía riéndose de uno de los stickers en que se denigraba a su excolega. 

Los querellantes

Hasta el momento, en este caso se han querellado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el abogado Gabriel Salinas, quien lo hizo a título personal, dada su condición de víctima de torturas en dictadura.

Al respecto, el abogado Salinas opinó que este caso “no se trata de un delito común”, agregando que “este es uno de los casos que debe estar más regulado por el derecho internacional, porque tenemos tratados ratificados por el Estado chileno, que están vigentes”. 

Acerca de la investigación realizada en 2021 por el Ministerio Público, estimó que fue “poco acuciosa, respecto de una situación concreta que debió haberse investigado mucho más”. 

En el mismo tenor, argumentó que a su juicio lo obrado hasta el momento ha sido insuficiente, “porque también hay responsabilidades que tienen que ver con el ámbito administrativo”, agregando que las autoridades del área no se pueden desentender de ello, ni tampoco los colegas de la víctima ni las asociaciones de trabajadores.  

Video enviado en 2023 al Tribunal de Osorno (difuminado para la protección de la identidad de la víctima):

N. de la R.: Desde el Poder Judicial puntualizaron a El Mostrador que -a diferencia de lo que dijo la fiscalía- desde el Juzgado de Garantía de Osorno sí enviaron al Ministerio Público los correos con nuevos antecedentes remitidos por la víctima en tres correos distintos, los días 7, 13 y el 16 de marzo de 2023 (el último es una reiteración del enviado el 13), tanto por el estado diario del tribunal, como por correos electrónico fechados los días 8, 14 y 17 de marzo de 2023.