Investigación
Plan de Búsqueda: megaquerella por 72 detenidos desaparecidos apunta a exmilitares de Los Ángeles
Programa que ya cumple un año interpuso la acción judicial, buscando no solo establecer lo que sucedió tras el golpe en el Regimiento “Tucapel”, sino también encontrar a los detenidos desaparecidos. Para ello, hay a lo menos cuatro posibles sitios de inhumación.
En agosto pasado, la jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Paulina Zamorano, presentó ante la Corte de Apelaciones de Concepción una querella en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, en la cual pide investigar la desaparición de 72 personas de la provincia del Biobío (71 hombres y una mujer), las que fueron secuestradas y ejecutadas en distintos lugares, pero teniendo como trasfondo un sitio en común: el Regimiento “Tucapel” de Los Ángeles o la actuación de personal de dicha unidad militar.
El libelo quedó en manos del ministro en visita para causas de DD.HH. de la jurisdicción de las Cortes de Concepción y Chillán, Waldemar Koch, a quien se le solicitó que despache una orden de investigar a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, con un foco especial: los lugares de inhumación.
En efecto, lo que se pretende es –como lo indica el mandato por medio del cual se creó el Plan Nacional de Búsqueda– dar con el paradero de las personas desaparecidas y, para ello, se sistematizaron todas las causas por violaciones de los derechos humanos cometidas en la zona de Biobío postgolpe, a lo que se sumaron nuevos antecedentes que fueron aportados al Plan de Búsqueda por parte de víctimas y testigos, así como por otras fuentes que fueron siendo halladas por los investigadores y que indican tanto posibles sitios de inhumación como de exhumación.
De hecho, a partir de la base de datos que se ha ido formando desde que el programa fue puesto en marcha hace ya un año, se está trabajando sobre 59 causas, varias de ellas reabiertas en función de los antecedentes recopilados en el periodo, aunque la querella de Biobío es la primera que abarca a tantas personas y tantos hechos.
Los crímenes
Los asesinatos y desapariciones que se produjeron en la provincia de Biobío tuvieron dos características esenciales. La primera es que hubo varias matanzas colectivas, entre ellas, la de Mulchén, la de Santa Bárbara y la de Laja/San Rosendo.
La segunda característica es que en ellas participaron no solo uniformados o agentes de los organismos represivos, sino también civiles. Por cierto, lo anterior también ocurrió en otras masacres realizadas en zonas rurales, pero en el caso de Biobío es uno de los pocos donde ha habido civiles condenados (no todos los que quisieran las organizaciones de derechos humanos).
Uno de los casos más emblemáticos en ese sentido es el de Luis Barrueto Bartung, propietario de un fundo del sector Quillaileo y que, junto con su hermano, otros civiles y personal de la tenencia de Carabineros de Santa Bárbara, participaron del homicidio de siete campesinos, por lo cual junto a su hermano fueron condenados a 10 años y un día, pero Luis Barrueto, hoy de 80 años, está prófugo y ha sido imposible dar con su paradero.
Los sitios
De acuerdo con los antecedentes entregados al ministro Koch, existen a lo menos cuatro lugares donde fueron hechas desaparecer víctimas de violaciones de los derechos humanos, por lo cual la idea es explorar esos lugares con la PDI y utilizando tecnología que no existía en 1991, cuando –por ejemplo– se hallaron osamentas humanas en el fundo El Huaqui, al norte de Los Ángeles, las que fueron identificadas por ADN como pertenecientes a cinco trabajadores de Endesa que fueron secuestrados en las inmediaciones de las centrales hidroeléctricas Abanico y El Toro, a más de 80 kilómetros de distancia.
De acuerdo con lo indagado en su momento, dichas víctimas, junto a otros cuatro obreros, fueron tomadas prisioneras en noviembre de 1973 y conducidas al regimiento “Tucapel”, tras lo cual se perdieron de vista. No obstante, también está determinado que originalmente fueron sepultadas en otro sitio y posteriormente, cuando Augusto Pinochet ordenó en 1978 la “Operación Retiro de Televisores”, los cuerpos fueron exhumados y enterrados en el lugar donde se los encontró.
Lo mismo ocurrió cuando personal de inteligencia de la misma unidad militar, así como de Angol y Concepción, realizó excavaciones en las orillas del río Renaico y en las termas de Pemehue, inhumando entre ambos sitios 12 cuerpos, pertenecientes a víctimas asesinadas en Mulchén, cuyos cuerpos fueron llevados al regimiento de Los Ángeles, donde –como estableció el juez Carlos Aldana– fueron incinerados en un horno.
Pese a ello, existe la sospecha de que en El Huaqui –que nunca volvió a ser inspeccionado– podría haber más cuerpos en las inmediaciones del hallazgo de 1991, algo que se condice con lo declarado en 1974 por un testigo.
El paredón de la mina de arena
Otra zona que fue usada como sitio de fusilamiento por parte de los militares del “Tucapel” fue una mina de arena abandonada ubicada en Rarinco, al norte de Los Ángeles, donde incluso se cree que podrían haber asesinado a víctimas que fueron detenidas en una redada efectuada con el único fin de aprehender a homosexuales. Al menos dos personas alcanzaron a ver cuatro cuerpos sin vida, cerca de la mina de arena.
En ese sentido, hay también información en orden a que existiría una fosa común.
La tenencia de Carabineros de Antuco es otro de los sitios señalados como un posible foco de inhumaciones de víctimas secuestradas por militares y carabineros en las centrales de Endesa. De hecho, hay antecedentes que apuntan a una segunda fase de la “Operación Retiro de Televisores” en 1990, ya en democracia, en la cual habrían extraído los cadáveres desde la pesebrera de dicha unidad para trasladarlos a una fosa ubicada a pocos metros, fuera del recinto policial, lo que fue observado por también al menos dos testigos.
La única exploración que se realizó en esa zona alguna vez fue efectuada por la Fiscalía Militar y Carabineros, los que dijeron no haber encontrado nada.
La obediencia debida
En medio de este contexto, el abogado Francisco Bustos, del estudio jurídico Caucoto, dijo a El Mostrador que observaban con preocupación el hecho de que “en el último mes han vuelto a aparecer sentencias que consideran en alguna medida la ‘obediencia debida’ como atenuante, siendo que entre 1995 a 2020 había solo 11 casos registrados, algunos de ellos con más de un agente beneficiado”, indicó.
En efecto, se trata de dos fallos emitidos por la Segunda Sala de la Corte Suprema respecto de igual número de casos: el llamado “Episodio FISA” y el crimen de Marcelo Barrios Andrade, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asesinado en 1989.
La figura de la “obediencia debida” ha sido históricamente muy polémica, pues –según el artículo 211 del Código de Justicia Militar– establece que “el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico” es una atenuante.
Aunque su aplicación no ha sido masiva, el propio abogado Bustos explica al respecto, en el libro El derecho penal internacional en Chile y ante la Corte Penal Internacional, que de los 11 casos en que esta atenuante se aplicó en los 25 años previos, tres favorecieron a agentes de la DINA, tres a agentes de la CNI y uno a personal del Servicio de Inteligencia Naval. Ante ello, el profesional se pregunta por qué se les concedió este beneficio a personas cuyo trabajo diario “implicaba cometer delitos de lesa humanidad, más aún en el caso de Miguel Krassnoff o Álvaro Corbalán, quienes fueron respectivamente beneficiados en dos ocasiones con estas atenuantes de responsabilidad penal”.
