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Las magras condenas que dejó el motín en cárcel de alta seguridad: entre 21 y 330 días
Líderes de grupos de crimen organizado transnacional recibieron condenas de 21 días por daños simples y 41 días por amenazar de muerte a gendarmes, varios de los cuales expresaron su preocupación por el mensaje que –dicen– se entrega con esto a los criminales.
Desazón existe en las filas de Gendarmería, después que recientemente terminara el extenso proceso penal que se inició en junio de 2024, luego de que los líderes de las principales bandas de crimen organizado transnacional presentes en el país, así como narcotraficantes chilenos, realizaran un motín que se extendió por cerca de 11 días, al interior del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago, generando destrozos por más de 200 millones de pesos, al tiempo que amenazaron, atacaron y lesionaron a varios gendarmes, como protesta por el régimen interno y las restricciones que la institución carcelaria impuso a sus visitas, especialmente en lo relativo a la forma de acreditar sus identidades.
Luego de que El Mostrador diera a conocer el video que evidencia el enfrentamiento que se produjo con los gendarmes que intervinieron en la toma de uno de los patios de la unidad penal, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte inició una investigación a raíz de las denuncias presentadas por Gendarmería.
Dicha indagatoria fue seguida por una querella presentada por la misma institución, la cual parte invocando el artículo 6 letra C de la Ley Seguridad del Estado, que penaliza a todos los que destruyan los medios o elementos empleados para el funcionamiento de los servicios públicos. El piso mínimo que establece esa ley para quien sea condenado en virtud de ella es de 3 años y un día a un techo de 5 años, solo en el caso de los daños.
Sin embargo, 25 de los 32 formalizados fueron ya condenados el 2 de septiembre pasado en un juicio simplificado, en el cual se les aplicaron penas que –a juicio de varios gendarmes que hablaron con El Mostrador pidiendo el resguardo de sus identidades– son “ridículas”: 21 días por cada episodio de daños, 41 días por amenazar de muerte a los gendarmes y otros 41 días por maltrato de obra a gendarmes en el desempeño de sus funciones. Además, se desechó completamente la Ley de Seguridad del Estado, por lo cual todas las condenas fueron por delitos “simples”.
“Esto evidencia la desprotección en que nos encontramos”, dijo uno de los funcionarios que habló con este medio, argumentando que después de episodios como el ataque a la casa de un oficial en Cauquenes y de las amenazas sufridas por otro en Santiago, “si no hay señas claras para estos sujetos, finalmente perderemos el control de las cárceles”
Las penas
En la audiencia realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y dirigida por el juez Ponciano Sallés, el sicario del Tren de Aragua y principal promotor de la toma del patio, Hernán Landaeta Garlotti, más conocido como “Satanás”, fue uno de los que recibió las penas más altas: un total de 103 días de prisión desglosados en 21 días por daños simples, 41 por amenazas a miembros de Gendarmería en el desempeño de sus funciones y otros 41 días por maltrato de obra a los mismos funcionarios, penas exiguas que no se condicen con la descripción de los delitos que le fueron imputados.
Según señalan las sentencias, “desde al menos el día 6 de junio al 27 de junio de 2024, en distintos horarios, al interior del Recinto especial penitenciario de alta seguridad de Gendarmería de Chile (REPAS), ubicado en Avenida Pedro Montt, número 1902, comuna de Santiago, los imputados, del modo que más adelante serán individualizados, acometieron contra personal de Gendarmería de Chile que se encontraba en ejercicio de sus funciones, mediante insultos, amenazas y agresiones, resistiendo con violencia la acción del mismo personal de Gendarmería que intervino para controlar la situación atacándolos a ellos, causándoles lesiones y causando a su vez, daños en el recinto penal, destruyendo e inutilizando la propiedad fiscal ubicada al interior de las dependencias del R.E.P.AS, alterando, interrumpiendo y paralizando el correcto funcionamiento de dicho recinto”.
“Estos graves episodios de violencia se llevaron a cabo por los imputados con el objetivo de que las autoridades penitenciarias modificaran las condiciones de privación de libertad a las que estaban sujetos por unas menos rigurosas, en base a las condiciones auto creadas de inhabitabilidad ya descritas”.
Las condenas
En el caso de Landaeta, además de los hechos generales, fue condenado junto a otros tres sujetos por gritarles a varios gendarmes que “soy asesino aquí y en todos lados, los podemos asesinar en la calle, donde sea”. A ello se suman los daños al material de Gendarmería y la contusión que le causó a un capitán, al golpearlo con un fierro, entre otros hechos.
Sin embargo, gracias a que todos los intervinientes estuvieron de acuerdo en una salida alternativa, según informó la Fiscalía Centro Norte al ser requerida por el asunto, y a que Landaeta (así como los demás) aceptó su responsabilidad, las penas fueron del tenor ya indicado, muy distantes de los 67 años que le impuso el Tribunal de Juicio Oral de Iquique por delitos como secuestro con mutilación, homicidio y tráfico de drogas.
Su jefe en la célula de Iquique, Carlos González Vaca, más conocido como “Estrella” y quien fue condenado a 85 años en el norte, recibió 82 días por el motín: dos condenas de 21 días por daños simples y 41 días por las amenazas emitidas en contra de un gendarme, al cual le dijo (tras llamarlo por su nombre): “Te vamos a colgar en el patio, que yo tengo una cuchilla en mi celda”.
Uno de los mandamases de “Los Gallegos”, Yoneiker Paredes Fagúndez, apodado “El enano” (condenado a 44 años en Arica), fue condenado en Santiago a una pena única de 21 días.
Luis Daga Lozano, “Pacolo”, cabecilla de “Los Pulpos nueva generación”, también sufrió una pena de 21 días por daños y otra de 41 días por amenazar a un gendarme. Daga, que enfrenta un pedido de extradición desde Perú (donde está condenado a 35 años, por haber quemado viva a una mujer) aún no es sometido a juicio en Chile. Otro que está ad portas de llegar a juicio oral es “Zeus”, Javier Valencia, líder de “Los Shottas”, en contra de quien la Fiscalía de Antofagasta está pidiendo 120 años. En el Séptimo Juzgado de Garantía sufrió la misma pena de “Pacolo”, es decir, 61 días en total, por haber amenazado a un gendarme y por daños simples.
Emilio Jones Alvarado, de “Los Gallegos”, recibió un total de 166 días, pues fue condenado por cuatro episodios de daños simples (21 días por cada uno) y dos episodios de amenazas, en una de las cuales dijo a los gendarmes, junto a otros reclusos: “Pacos culiaos, los vamos a matar a todos. Nosotros no tenemos nada que perder, sabemos sus nombres y a sus familias vamos a mandarles coronas de flores”, tal como ha sucedido en los últimos dos ataques contra oficiales de dicha institución.
De todas las condenas, la más alta fue la recibida por Daniel Márquez, también integrante de “Los Gallegos”, a quien se impuso un total de 330 días de cárcel (11 meses, condenado por seis penas de 21 días por daños, dos penas de 41 días por amenazas y otras dos penas de 61 días por maltrato de obra a gendarmes).
La desazón
Uno de los funcionarios de Gendarmería que dio a conocer su parecer al respecto indicó que “yo entiendo que las penas a las que se llegó están de acuerdo con las opciones que entrega la ley y que nadie quiere juntar a todos esos sujetos en un juicio oral, por el problema de seguridad que ello implica, pero eso es lo que se debió haber hecho: llevarlos a un juicio de verdad y haberles impuesto sanciones acordes a la gravedad de lo que hicieron y en función de la Ley de Seguridad del Estado, como se hizo con Llaitul, por ejemplo“.
También dijo que “si la Fiscalía y los jueces no se la juegan por sancionar con el tope de las penas a estos criminales, la señal que les están dando es muy simple, es una señal de impunidad, de que pueden destruir una cárcel y amenazar de muerte a los gendarmes, y que la pena que van a recibir es ridícula”.
Cabe indicar que fuentes de la Fiscalía Centro Norte –la que no se quiso referir públicamente al tema– indicaron a El Mostrador que los juicios simplificados fueron acordados por todas las partes.
Lea la querella por Ley de Seguridad del Estado
