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Lo que está en juego no se limita a la seguridad dentro de los establecimientos educativos. Se trata de un asunto de mayor profundidad: la capacidad de una sociedad para resguardar sus espacios de formación y remplazo social frente a la expansión de la violencia.
Lo que se busca es construir un relato donde todos los chilenos deben pagar una supuesta farra que nunca existió y no sería extraño que en algunos meses más se abra la billetera para luego decir “esto lo logramos nosotros”.
