El ministro Iván Poduje afirmó que Valdivia se está quedando sin suelo para vivienda por la ley de humedales, tesis que fue refutada por la alcaldesa Carla Amtmann y arquitectos locales. Además: un conflicto laboral en el Cesfam Angachilla, gasto municipal en La Unión la última semana de Pepe Araya.
Un decomiso de casi dos toneladas de merluza austral sin respaldo legal volvió a evidenciar el aumento de la pesca ilegal en Los Ríos. A ello se suman polémicas por nombramientos de seremis, antecedentes de un exfuncionario municipal y el impacto regional del alza del diésel.
Un informe de Contraloría reveló que 910 funcionarios públicos apostaron en casinos pese a tener prohibición legal. También revisamos la polémica entrevista de la delegada presidencial Vicky Carrasco y otros conflictos locales.
El SLEP de Valdivia confirmó por primera vez 190 desvinculaciones de docentes y 102 de asistentes de la educación. Además: en la región también se resolvió el acceso público a playa Chahuaco, la absolución de 18 comuneros mapuche en el caso Trafún y el rezago de los planes reguladores comunales.
Contraloría objetó un aporte de $12,6 millones del municipio de Paillaco al CFT Estatal Los Ríos. Además, los resultados del Simce muestran una “meseta” regional, la investigación por Julia Chuñil suma un recurso judicial y persisten protestas por la paralización de la balsa San Javier.
Un informe de Contraloría detectó en la Municipalidad de Lago Ranco una diferencia de $659 millones, compras con contrato vencido y vínculos familiares con proveedores; el municipio instruyó sumario mientras persisten observaciones pendientes.
El campamento Las Mulatas iniciará su desocupación en marzo tras la entrega de subsidios a las familias beneficiadas. El albergue temporal se trasladó a un recinto privado en Valdivia y el municipio activará un plan de acompañamiento para quienes no tienen alternativa habitacional.
El SII presentó querella por un fraude tributario de $310 millones que involucra a dos empresarios chinos y 20 empresas “fantasma”. En paralelo, se cambió el lugar del albergue para Las Mulatas y se volvió a postergar el retorno de la barcaza Andalué.
El programa de televigilancia con drones de la Delegación Presidencial permanece suspendido por falta de financiamiento, a la espera del traspaso de recursos desde la Dipres, pese a que el Gobierno Regional ya aprobó los fondos y el sistema había sido usado en seguridad, rescates y apoyo policial.
Solo la última semana han muerto tres internos, dos de ellos en un solo día. Además, el módulo aparece en la bitácora de operativos y decomisos de armas artesanales y celulares, con un telón de fondo conocido: hacinamiento y traslados desde otras regiones.
El 22 de diciembre se emitió una notificación municipal para despejar un tramo de la ruta T-350, un bien nacional de uso público que las familias ocupan desde que la pandemia agravó la crisis habitacional en Valdivia. El municipio informó que el desarme comenzará a mediados de marzo.
El caso Julia Chuñil vuelve al centro tras conocerse que fue testigo clave en un homicidio ocurrido en su propia casa en 2016, mientras avanzan nuevas aristas judiciales, denuncias por “condena social”, una muerte tras un examen médico y un derrumbe ambiental en el río Bueno.
La Fiscalía de Los Ríos y Carabineros detuvieron a Pablo San Martín Chuñil, Javier y Jeannette Troncoso Chuñil por parricidio, y a Bermar Flavio Bastías Bastidas, yerno de la víctima, por homicidio calificado con la agravante de alevosía.
Contraloría ordenó cortar vínculos, abrir sumarios y reportar en cinco días a Valdivia, SLEP Valdivia, Mariquina y Lago Ranco por registros asociados a inhabilitados para trabajar con menores. Además: Fiscalía espera SIAT y autopsia por Dabiana Olivera, y EFE vuelve a anunciar “El Valdiviano”.
Valdivia enfrenta dudas por licencias entregadas a deudores de alimentos; comunidades mapuche acusan omisiones en el EIA del parque eólico El Rancho; el GORE activa tutela técnica en tres comunas; y Los Ríos cierra 2025 con fuerte baja de homicidios.
La denuncia de la subdirectora de Inteligencia de la PDI en Valdivia terminó apuntando a su hijo como “sujeto de interés”, con el proveedor formalizado y en prisión preventiva. Además, nuevos cuestionamientos al Hospital Base, fiscalización laboral en Río Bueno y daño al Coihue Abuelo.
La Fiscalía lleva a juicio al empresario Cristián Zaro por daño ambiental en Mariquina. Además, en esta edición: el sindicato del Teatro Regional denuncia conflictos laborales formalizados en distintas instituciones, y Contraloría apunta a problemas de abstención en Paillaco.
El Presidente electo Kast arrasó en Los Ríos con un 62,74% promedio y abrió de inmediato el debate sobre inversión, permisos y fiscalización. Gremios anticipan expectativas y temores, mientras la edición aborda la expropiación del cerro Centinela, Fluvial 2025 y nuevos registros del zorro chilote.
Una comisaria de la PDI fue condenada a siete años por liderar estafas a subalternos con datos internos y un discurso religioso. Además: Panguipulli enfrenta críticas por mantener como asesor al exalcalde Pedro Burgos pese a su inhabilitación, y en La Unión rechazaron el Plan de Salud 2026.
