Inseguridad y delincuencia
Señor Director:
En estos días, como viene ocurriendo desde hace tiempo, los medios de comunicación han informado de hechos criminales que han provocado gran temor en las víctimas, según sus propios testimonios, demandando una mejor protección del Estado.
Después de ofrecimientos en las campañas políticas de acabar con la delincuencia, cosa que no es posible, y la instauración de planes y programas en la estrategia de seguridad, con resultados no esperados por las autoridades, tal vez sea la oportunidad para abordar la inseguridad con medidas más radicales, como por ejemplo:
Remodelar la institucionalidad en esta área, para reducir la burocracia, propia de la administración del Estado.
Situar la prevención policial y social como el punto de partida para la elaboración de planes y programas. Hay que poner de relieve que el Estado cuenta con Carabineros de Chile, cuya «misión esencial es desarrollar actividades tendientes a fortalecer su rol de policía preventiva», según lo expresa su Ley Orgánica Constitucional.
No en vano todos los gobiernos, desde 1990 han creado nuevas plazas de carabineros, que al año 2018 serán más de 25.000. Así entonces estamos frente a una Institución con grandes potencialidades para adaptarse a las nuevas modalidades de prevención, según la evolución del delito al siglo XXI.
La coordinación efectiva y permanente de todas las Instituciones y Órganos del Estado, (son varios), que tengan alguna relación en esta área, es una práctica imprescindible para el intercambio de información y alineación con la estrategia antidelincuencia.
Es urgente liberar horas/hombre de funciones prescindibles en Carabineros, para destinarlas a la prevención del delito; por ejemplo, traspasar a seguridad ciudadana, las constancias por accidentes de tránsito, como también las infracciones a vehículos mal estacionados en todas las comunas del país, y que Carabineros lo haga sólo en casos excepcionales, como sucede en varios países, en que esta labor la hacen personas que no son policías.
El año 2000 se promulgó una legislación que exime a Carabineros del cumplimiento de órdenes judiciales – citación y notificación -, porque para cumplirlas no se necesita formación policial. Esta ley fue letra muerta, ya que Carabineros continuó cumpliendo estas funciones, pues no se traspasaron a otro organismo, ni se creó uno nuevo. Son miles las órdenes judiciales que cumple esta Institución cada año y esas horas/hombre deberían liberarse para el rol esencial de Carabineros.
Lo que no parece factible es entregar facultades a seguridad ciudadana de los municipios para el control de identidad, puesto que ello necesariamente debería hacerse con funcionarios armados y entonces estaríamos en presencia de una facultad policial y nadie responsablemente quiere reeditar las policías municipales, que el año 1927 fueron suprimidas por descrédito y uso electoral de los Alcaldes. Además que de existir, según los recursos de cada municipio, las habría de diferentes niveles. Ahora, si se pretende que el control de identidad sea hecho por personas desarmadas, ello significaría que Carabineros tendría que ir en forma frecuente en su auxilio.
Por otra parte, en el nivel comunal, los Alcaldes deben ser escuchados respecto de los problemas de inseguridad en sus comunas. Para el ello es importante que los consejos comunales de seguridad pública y de seguridad ciudadana sean órganos dinámicos, pues la delincuencia debe ser afrontada focalizadamente, ya que en una misma comuna existen barrios de diferente perfil.
Los sectores socioeconómicos más bajos son los más victimizados por la delincuencia y por lo tanto las juntas de vecinos y organizaciones sociales deben tener participación efectiva en estos consejos. Al contrario de lo sucedido en los sectores de más altos recursos, en que los vecinos se motivan menos en participar de estas instancias, no obstante que también sufren los efectos de la delincuencia, más visible por una mayor connotación mediática.
Por otra parte la prevención social del delito, es una política pública muy necesaria, porque atiende los factores originarios de la criminalidad.
También la existencia de mejores cárceles es importante en el proceso de rehabilitación y reinserción social de los condenados, para así reducir el riesgo de reincidencias al salir en libertad.
Los candidatos que pasaron a segunda vuelta en la campaña presidencial del año 2005 contemplaban en sus programas la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, lo que permitiría que un ministro y un Ministerio estuvieran dedicados exclusivamente a dirigir esta importante actividad, pues el ministro del interior es el jefe del gabinete ministerial, rol que le demanda una importante dedicación para liderar las actividades de la agenda política del ejecutivo. No obstante lo anterior, en febrero de 2011 se sumó al Ministerio del Interior la Seguridad Pública.
Lamentablemente la Seguridad cobra interés en las autoridades y medios de comunicación, cuando sucede un continuo de delitos de gran espectacularidad. Deseable sería que la demanda por mejor seguridad, que corresponde al Estado, no fuera respondida de acuerdo a las denuncias públicas, es decir, de manera reactiva y no preventiva y que las diferentes Instituciones se convenzan que es posible tener mejores resultados en la persecución de la criminalidad.
El poco éxito que tenga la estrategia de Seguridad Pública, en cualquier país, garantiza un costo político incalculable para los Gobiernos.
Alberto Cienfuegos Becerra
Ex-General Director de Carabineros
