La Salida al Pacto de Bogotá
Señor Director:
A la espera de lo que será la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto a lo que es el análisis de la objeción preliminar que solicitó Chile en el caso de la demanda marítima boliviana, han surgido voces en nuestro país, especialmente dentro de la esfera política, que llaman a que Chile se salga del Pacto de Bogotá; instrumento que le otorga competencias a La Corte Internacional de Justicia para conocer controversias jurídicas internacionales entre los Estados latinoamericanos.
Esta posición se busca justificar principalmente en función de la desconfianza que generó en Chile la sentencia que emitió el Alto Tribunal en lo que fue la demanda peruana en contra de nuestro país, y por la cual Chile perdió una zona marítima sobre la cual ejerció soberanía durante décadas.
Si bien se sabe que la demanda peruana y boliviana son diferentes, las personas que llaman a salirse del Pacto de Bogotá aducen que el Alto Tribunal de Naciones Unidas ha resuelto casos sin la rigurosidad que le exige el artículo 38 del propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, demostrando en consecuencia un predominio de factores políticos sobre los jurídicos y una necesidad de ofrecer sentencias mal llamadas “salomónicas” a lo que son las controversias que conoce.
Ante esto, las personas que piden la salida de Chile al instrumento internacional ven con una suerte de “temor” que el “mal actuar” anterior de La Corte se replique en la causa boliviana, lo que significará que nuestro país se someta a un proceso judicial que nuevamente pudiera abrir una puerta a la pérdida de soberanía nacional.
Producto de esta posición, he de señalar algunas consideraciones al respecto: el sistema internacional ha establecido al derecho internacional como una herramienta funcional en lo que es la búsqueda de la Paz y la cooperación internacional, lo que le ha llevado a crear instituciones, tal como La Corte Internacional de Justicia, que significativamente no sólo han aportado al objetivo pacificador, sino que también a la ruptura de paradigmas que anteriormente eran considerados como absolutos y estancos, y que han ido perdiendo peso frente al empoderamiento de los Derechos Humanos y al concepto de Responsabilidad Internacional.
En ese sentido, y atendiendo a que existen vicios en algunas instituciones del derecho internacional, tal como lo es el Veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resulta relevante señalar que La Corte Internacional de Justicia es una de aquellas que no se ha dejado intimidar por el peso de las potencias, ofreciendo sentencias que han ido en contra de los Estados más poderosos del sistema y de sus aliados, transformado a sus dictámenes y opiniones consultivas en elementos de gran riqueza en lo que es no sólo la instauración de jurisprudencia y doctrina, sino que también confianza y certidumbre en lo que respecta a la forma en la que opera.
A partir de lo expuesto, puedo señalar que uno puede estar de acuerdo o no con el peso que el Alto Tribunal le da a una fuente respecto a otra a la hora de materializar una sentencia específica, pero lo que no se puede hacer, y es lo que algunos han hecho, es acusar a La Corte de instrumentalizar el derecho internacional a fin de ofrecer respuestas no jurídicas a las controversias que conoce. En consecuencia, aquellos que llaman a salirse del Pacto de Bogotá deben dejar de abusar de su limitada mirada nacionalista y asumir que La Corte no es mala por el hecho de valorar de una manera diferente las posiciones que defiende nuestro país.
Es por esto que considero que plantear la salida de Chile al Pacto de Bogotá, refleja no sólo una actitud populista que mal entiende al nacionalismo y que demuestra un verdadero espíritu antidemocrático en lo que es la conformación del sistema internacional.
Pedro Díaz Polanco
Director Ciencias Políticas y Gestión Pública
Universidad San Sebastián
