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viernes, 20 de abril de 2018 Actualizado a las 21:44

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¿Reforma al SEIA o agenda pro inversión?

por 4 abril, 2018

¿Reforma al SEIA o agenda pro inversión?
Si bien la demora en la tramitación de proyectos y la incerteza jurídica ha sido uno de los caballitos de batalla del gran empresariado cada vez que sus proyectos son cuestionados o rechazados, estos mismos empresarios mantienen silencio o no se hacen ninguna autocrítica sobre la calidad de los estudios que presentan a evaluación ambiental, tampoco hacen referencia a la demora que ocurre muchas veces, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) les debe solicitar información, pues la que entregaron está incompleta o es deficiente. Cualquier cambio en el SEIA debe mirar todo el proceso de calificación ambiental y no solo partes del mismo.

Recientemente la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, en entrevistas de prensa y en el Parlamento, ha dado a conocer las prioridades ambientales del Gobierno de Sebastián Piñera. Según lo señalado por ella, el principal objetivo durante esta administración será mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y para ello se plantea abordar varios temas, entre los cuales destaca la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Es probable que el Gobierno haya definido como una de sus prioridades la reforma al SEIA basado en los constantes reclamos expresados por el gran empresariado, después de que se rechazaran o cuestionaran algunos de sus proyectos emblemáticos. Pero para entender de lo que estamos hablando, es importante saber que la evaluación ambiental de proyectos es un procedimiento establecido en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Su primera versión data de 1994 y fue modificada en 2010, cuando se crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La evaluación ambiental tiene como propósito dimensionar los impactos ambientales de un proyecto y asegurar que el impacto que este generará en el territorio, el ambiente y las personas sea el mínimo posible, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° de la ley.

Según lo señalado por la ministra, los cambios que plantea el actual Gobierno deberían fortalecer capacidades técnicas y simplificar los procedimientos administrativos, pero también  apuntar a una mayor racionalidad y certeza jurídica. De acuerdo a Cubillos, las modificaciones al SEIA se fundamentan en las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial, creada justamente para la Reforma del SEIA bajo el Gobierno de Michelle Bachelet, y lo establecido en un documento de “Valor Minero”.

En este sentido, cabe recordar que las primeras críticas que se le hicieron a esta comisión se relacionaban con la composición de la misma, pues de los 28 integrantes iniciales, el 50% pertenecía o estaba relacionado con el sector empresarial, 8  representaban al sector público, los cuales contaban con una posición pro inversión más que pro cuidado del ambiente. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil solo contaron con 3 cupos, lo que se redujo a solo 1 después de la renuncia de 2 de sus integrantes.

Es importante recordar que la citada comisión asesoró a la autoridad, y en particular el entonces ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. Así como que la mayoría de los consejeros no estuvieron disponibles para discutir las diferencias de trato que existen entre proponentes y comunidades, o afectados en el marco de la evaluación ambiental de proyectos, tampoco, hubo disposición a revisar las desigualdades de condiciones y plazos para unos y otros  en el proceso de calificación ambiental. Gobierno tras gobierno la tónica parece ser que las autoridades ambientales deben estar al servicio de la inversión y no del cuidado del ambiente, la naturaleza y las personas.

Es por esto que cabe preguntarse por la representatividad de los acuerdos alcanzados por esta comisión y si estos reflejan realmente los problemas que presenta el SEIA y el sentir de las comunidades afectadas o de las organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente. También es importante recordar que esta comisión se creó después de que el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas diera a conocer su Agenda Pro Inversión, donde la mayoría de las medidas propuestas se relacionaban con cambios en la evaluación ambiental de proyectos.

Pero más allá de los orígenes de la comisión, lo importante es cómo trabajó, cuáles fueron sus objetivos y la validez de sus resultados. Sin duda, en el caso de esta comisión, era importante contar con una buena metodología de trabajo y definir en conjunto los temas que se iban a abordar. Sin embargo, puedo decir con certeza –pues fui parte de ella y renuncié– que existieron muchas deficiencias. Estas se pueden resumir en que hubo ausencia de una mirada país, es decir, del territorio, sus habitantes, ecosistemas y complejidades.

A esto se sumó la carencia de un análisis profundo y real sobre qué es el SEIA, cuál es su objetivo fundamental, cuál es su rol en la calificación ambiental y sus respectivos problemas. En vez de plantearse interrogantes, generar análisis y desde allí establecer acuerdos, la comisión aceptó trabajar bajo los lineamientos que propuso el Ministerio del Medio Ambiente, los que a su vez provenían de la Agenda Pro Inversión del Gobierno de Bachelet.

En definitiva, el trabajo fue pobre, con una mirada sesgada de los problemas y las complejidades que actualmente enfrenta el país. Más bien, se orientó a generar un conjunto de acciones que servían de parche para agilizar la tramitación ambiental de proyectos. Esto, sin asumir que gran parte de los problemas que presenta el sistema son deficiencias o vacíos en la ley o tienen relación con negligencias por parte de los proponentes y/o autoridades.

Si bien la demora en la tramitación de proyectos y la incerteza jurídica ha sido uno de los caballitos de batalla del gran empresariado cada vez que sus proyectos son cuestionados o rechazados, estos mismos empresarios mantienen silencio o no se hacen ninguna autocrítica sobre la calidad de los estudios que presentan a evaluación ambiental, tampoco hacen referencia a la demora que ocurre muchas veces, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) les debe solicitar información, pues la que entregaron está incompleta o es deficiente. Cualquier cambio en el SEIA debe mirar todo el proceso de calificación ambiental y no solo partes del mismo.

Es importante recordar que la citada comisión asesoró a la autoridad, y en particular el entonces ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. Así como que la mayoría de los consejeros no estuvieron disponibles para discutir las diferencias de trato que existen entre proponentes y comunidades, o afectados en el marco de la evaluación ambiental de proyectos, tampoco, hubo disposición a revisar las desigualdades de condiciones y plazos para unos y otros  en el proceso de calificación ambiental. Gobierno tras gobierno la tónica parece ser que las autoridades ambientales deben estar al servicio de la inversión y no del cuidado del ambiente, la naturaleza y las personas.

En este sentido, desde Fundación Terram pensamos que la calificación ambiental de proyectos no puede ser un instrumento de gestión ambiental para validar la inversión, comprando las voluntades de las comunidades mediante mecanismos como “asociatividad”, “valor compartido” o “participación ciudadana anticipada” –por mencionar algunos–. El objetivo debe ser evaluar ambientalmente los proyectos, y cualquier revisión o reforma que se haga al SEIA debe comprender un profundo análisis de todo el proceso y no solo aquello que molesta a los inversores. Su objetivo debe ser la protección de la naturaleza y las personas. Por lo tanto, nos parece poco claro proponer cambios en el SEIA basados en propuestas elaboradas por sectores productivos tradicionales, para quienes el cuidado del medio ambiente no es un objetivo central.

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