Los puntos fuertes de la política de drogas que impulsará la candidata de la Nueva Mayoría
A pesar que en una de sus intervenciones televisivas dijo que el tema “no estaba en su programa”, desde el equipo de jóvenes y en la subcomisión de drogas del comando, se trabaja para concretar una propuesta política que será entregada a la candidata a fin de mes. ¿Los consensos? Terminar con la marihuana como droga dura y que el tema deje de ser abordado desde el punto de vista punitivo y pase a ser una materia sanitaria donde se ponga énfasis en los tratamientos por adicción. La legalización de la marihuana aún está lejos de ser una opción.
Hacia fines de este mes, la comisión de Seguridad del comando de Michelle Bachelet debería contar, entre otras propuestas, con aquella que aborde de qué manera se enfrentará la política de drogas durante su eventual gobierno; un tema que no sólo está en la boca de los países de la región. También es un tema en el que la ex Presidenta tiene un precedente cuestionable: durante su gobierno, la marihuana fue catalogada como droga dura.
En Chile la marihuana está considerada una droga capaz de producir “dependencia física o síquica”, y “graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”. Es uno de los temas que se está estudiando cambiar al interior del comando, a pesar que la propia Bachelet dijera que “no lo tengo en mi programa”, en el programa Frente al Espejo de TVN, cuando le preguntaron si “legalizaría el consumo y el consumo doméstico”.
Hace unas semanas, incluso la candidata de la Alianza se refirió a ese tema: “La marihuana no debiera estar en lista uno”, dijo Evelyn Matthei, refiriéndose a la política impulsada en el gobierno de Bachelet, uno de los temas que más consenso genera para ser modificado al interior del grupo que revisa la estrategia del comando presidencial de la Nueva Mayoría.
“Bachelet llegó con una disposición muy distinta después de su trabajo en ONU Mujeres, con una mayor apertura. Allá conoció de cerca el trabajo de organizaciones donde se veía claramente el vínculo de los delitos asociados a la droga y el sufrimiento de las mujeres”, señala una fuente cercana al trabajo de la comisión en el comando. De hecho, las cifras señalan que en Chile 52 % mujeres que cumplen condena lo hacen por delitos relacionados a la ley de drogas.
Sin embargo, a pesar de esta mayor apertura, quienes conocen de cerca el pensamiento de Bachelet sobre el tema, señalan que quizás nunca se caminará a la legalización en su gobierno, porque la ex mandataria cree que ese es un debate que la elite puede entender de una manera, pero que en las poblaciones se vive de otra forma, sobre todo donde la droga –en general, aunque en esos lugares el real problema sea la pasta base– es percibida como parte fundamental de la falta de seguridad.
Esa contradicción que podría generar el tema le ha impedido, por ejemplo, a la revista Cáñamo, llevar una entrevista a fondo a cerca de lo que piensa Bachelet al respecto. En la Edición de Junio la revista presentó un especial “primarias” en que intentaron entrevistar a todos los candidatos. Sólo accedieron Gómez y Velasco. “El comando de Orrego nos “bypaseó” y no pudimos concretar, y desde el de Bachelet, ni siquiera hubo respuesta a pesar de los insistentes esfuerzos por vías formales e informales para lograrlo”, cuenta Claudio Venegas, editor general de Revista Cáñamo.
El tema de drogas se está trabajando en dos frentes en el comando. En uno de ellos se enfoca el equipo joven –cuya vocería está al mando de Camilo Ballesteros. Desde este grupo realizarán una propuesta política de drogas. Los principales nombres consultados por el equipo han sido el doctor Sergio Sánchez, quien señaló el año pasado ante la comisión de Juventud de la Cámara, que el consumo problemático de la cannabis alcanza sólo de un 0,5 % a 1 % de la población, equivalente a quienes padecen de esquizofrenia. En esa oportunidad también se refirió a “su presencia terapéutica en la historia”.
El otro nombre que ha sido consultado por el equipo es Eduardo Vergara, director de la organización Asuntos del Sur y el Observatorio de Políticas de Drogas. “La mano dura tiene que ser a los criminales y a los delincuentes. La incoherencia de Chile ahora es que tenemos un Estado que con una mano invita a educarte, a prevenir el consumo y con la otra te golpea y te criminaliza. Es una ley bipolar”, dice Vergara.
[cita]Quienes conocen de cerca el pensamiento de Bachelet sobre el tema, señalan que quizás nunca se caminará a la legalización en su gobierno, porque la ex mandataria cree que ese es un debate que la elite puede entender de una manera, pero que en las poblaciones se vive de otra forma, sobre todo donde la droga –en general, aunque en esos lugares el real problema sea la pasta base– es percibida como parte fundamental de la falta de seguridad.[/cita]
El trabajo del área joven del comando va a comenzar a debatir la propuesta este jueves en un conversatorio. Los puntos que se plantearán se referirán a tres ejes: una propuesta sanitaria, otra de seguridad publica (despenalización real con pasos progresivos hacia la regulación de las drogas) y libertades individuales. El coordinador de esta propuesta que será entregada desde los jóvenes a Alberto Arenas a fin de mes, es Farid Zeleme, procurador de Un Techo para Chile.
La propuesta de los jóvenes podría chocar con los contenidos que se discuten en la subcomisión de drogas que lidera la ex directora de Paz Ciudadana Javiera Blanco; ya que los jóvenes quieren alejar el tema de la perspectiva de la seguridad. La coordinación del grupo la lleva María Teresa Chadwick, quien fuera secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) en el gobierno de Bachelet.
Quienes también integran el grupo que elaborará la propuesta “madre” de drogas, está Pablo Egenau, director ejecutivo de Fundación Paréntesis; Miguel Cillero, abogado y Mariano Montenegro, ex jefe de tratamientos de Conace, también en la administración Bachelet.
La subcomisión ha invitado a diversas personas a trabajar en la propuesta, entre ellas al economista de la Usach Álvaro Ahumada y al abogado Jaime Alles.
“Es por estos mismos nombres que algunos temen que la política de drogas se liberalice o haga el camino que ha tomado en países de la región, como Uruguay. María Teresa Chadwick y Montenegro son los responsables de esta ley de drogas. Ellos han tratado de cambiar un poco el discurso, pero siempre estarán contra la legalización”, apunta una fuente cercana al debate.
Por otra parte, Egenau –que también es uno de los nombres que genera consenso para reemplazar a la directora del Senda, Francisca Florenzano– ha hecho hincapié en las mismas aprehensiones que ha manifestado Bachelet en privado. En julio del año pasado comentó a la prensa lo siguiente: “Vivimos en un contexto donde la desigualdad social es tremendamente alta y eso genera mayor vulnerabilidad. Las drogas funcionan de distinta forma, dependiendo de la realidad psicosocial del consumidor. Una persona que desde una plataforma de recursos, de autonomía, de manejo de información, toma la decisión de consumir una determinada sustancia se va a relacionar con ella de una manera muy distinta a una que viene de un contexto de miseria, de violencia, de angustia, de pobreza. Eso es algo que nadie discute y que sabemos que es así”.
También es uno de los nombres que cree en fortalecer el enfoque sanitario del tema. De hecho es la Fundación Paréntesis –con el auspicio de la Universidad Central– quien craneó un seminario (el 28 y 29 de agosto en la Fundación Telefónica) dictado por Andrew Tatarsky, un destacado especialista en la denominada “Terapia de Reducción de daños”. Su teoría apunta a no exigir a los adictos a las drogas o alcohol la abstinencia total al momento de iniciar su tratamiento, sino apostar a un abandono progresivo en plazos acotados y bajo supervisión médica.
“Estoy dispuesta a revisar la eficacia de nuestra política de drogas, si lo que estamos haciendo es lo correcto en materia de prevención, educación y combate contra los narcotraficantes. En ese contexto es posible reevaluar si seguiremos calificando o no a la marihuana como una droga dura”, dijo Bachelet cuando el semanario The Clinic le recordó que en su gobierno la marihuana pasó a ser droga dura, y le preguntó si llegará el día en que el cultivo doméstico y el consumo sean legales en Chile; una puerta abierta a la criticada política contra la marihuana que ha venido incluso desde algunos parlamentarios.
Es la misma revisión que plantea el equipo donde predominan los ex Conace. “Sin duda que hay que revisar el reglamento que pone a la marihuana en lista 1 (dura). El cambio implicaría una modificación de un Decreto Presidencial no de una ley. No olvidemos que esto es un Reglamento, es más simple”, señala la coordinadora de la subcomisión María Teresa Chadwick.
El avance en esta materia también se ve empujado por el documento que ha planteado a nivel internacional el documento de la OEA al respecto; “El problema de las drogas en las Américas”, del que el propio José Miguel Insulza vino a conversar al comando de la ex Presidenta. Ese documento apunta a escenarios futuros, donde se plantea la mejora de la salud pública, el tratamiento y la prevención y la experimentación de la regulación. “Existen más partidarios de legalización de la marihuana en América del Norte que en (América del) Sur”, señaló Insulza en el lanzamiento del informe a nivel mundial, en febrero pasado.
A pesar de las muestras de apertura, hay quienes piensan que es una mala señal haber puesto a los mismos nombres del Conace a trabajar una política de droga, sobre todo enfocada en criterios de seguridad. “Fue bajo su dirección (María Teresa Chadwick) en Conace que se elaboró la inútil y absurda campaña “Vuelve a ser Inteligente: no fumes marihuana”, plagada de caricaturas y mitos. Jamás propició el diálogo abierto y ciudadano sobre este tema. Y esto es solo por dar algunos ejemplos. ¿Es un error haberla incluido? Depende. Si Bachelet se la quiere jugar de verdad por un debate serio y democrático para cambiar las actuales políticas de drogas, sí lo es. Si su apuesta es a que las cosas sigan más menos igual, entonces no. El problema es que aún no sabemos cual es la apuesta de Bachelet en este sentido”, cierra Claudio Venegas.
