Salud
Especialistas UdeC observan desde las políticas públicas, el desarrollo social y el sistema sanitario la crisis desatada por el Covid-19 y las cuentas pendientes de nuestro sistema acusadas tras el estallido de 2019.
El 18 de octubre marcó un punto de inflexión a nivel político y social. Multitudinarias protestas que se sucedieron día tras día, con millones de personas, encaminaron a los partidos a tomar medidas, entre ellas, someter a consulta la continuidad o cambio de la actual constitución de 1980.
De todos modos, esta acción pareció no ser suficiente para una sociedad que, tras el acuerdo constitucional, siguió copando las calles.
En efecto, marzo iba a ser el mes clave. Se especuló sobre una paralización a gran escala en el país que involucraría áreas estratégicas; una gran tensión que solo iba a ser posible detener por un momento el 26 de abril, fecha fijada en un principio para la realización del hoy postergado plebiscito.
Con todo ese escenario armado, un actor que parecía secundario y apenas ocupaba unas líneas en las páginas internacionales de los diarios, tomó rol protagónico y no dejó espacio para ninguno más. El coronavirus, esa enfermedad que se originó al otro lado del mundo, llegó a Chile el 3 de marzo. A partir de ese momento, todo cambió. Las demandas ya no pudieron ser vociferadas en los centros de las ciudades y más de alguno temió que el impulso transformador del denominado estallido se diluyera con el paso de los días.
Lejos de aquello, la emergencia sanitaria puso en primer lugar una de las demandas más sentidas de la ciudadanía y la que, quizás, devela con mayor fuerza las inequidades presentes en nuestro país: la salud.
Bajo la mirada de Cecilia Pérez Díaz, docente de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Concepción, tenemos una crisis sanitaria que “afecta desigualmente —no biológicamente, sino socialmente— a las personas”.
“El coronavirus vino a develar aquello que el movimiento social puso en discusión. Siendo el coronavirus invisible y nanométrico, nos dice ‘esta es la realidad de ustedes’”, plantea.
Pérez pone énfasis en la categorización de privilegiadas de las personas que pueden hacer cuarentena en casa con sus familias, entre las cuales se incluye. “Eso en un campamento no se puede hacer, porque la gente no tiene agua para lavarse las manos. Tampoco existe ninguna posibilidad de acceder a los mejores estándares de atención en la salud pública, como lo hace Boris Johnson en el Reino Unido”.
En la misma línea argumentativa, Violeta Montero Barriga, directora del Magíster en Política y Gobierno UdeC, considera que las diferencias se extienden no solo a los recursos monetarios, sino también a las redes y sistemas de seguridad. “El empleo precario y el autoempleo suele estar al margen del sistema de protección social, de accidentes del trabajo y de previsión. Tampoco en esas condiciones se tiene opción de ejercer el trabajo de manera no presencial, lo que sin duda implica un riesgo y representa desigualdad respecto de quienes puedan hacer cuarentena desde sus hogares. Por estas razones, todas las expresiones de desigualdad requieren una especial atención de la autoridad con el fin de subsanarlas”.
Pérez, en tanto, subraya que el Estado “se encuentra desnudo frente a todos nosotros respecto de la incapacidad que tiene por lo pequeño y feble que es, por lo que el sistema económico y social le dejó al sistema de protección social chileno. Las proyecciones no son buenas, salvo que hagamos como sociedad o comunidad sociopolítica una reflexión auténtica luego que pase esta crisis sanitaria”.
Ambas académicas coinciden en la importancia decisiva que tendrá el proceso constituyente aplazado por la pandemia hasta octubre. Montero considera que con el coronavirus queda en evidencia la necesidad de asegurar mayores garantías en salud, en un marco regulatorio solidario, universal y bien financiado. “Espero que saliendo de esta emergencia se mantenga el interés y compromiso por discutir y enfrentar los temas constituyentes. La energía que se alcanzó en el mes de octubre de 2019 con la realización de múltiples cabildos ciudadanos espero que siga y se canalice para seguir discutiendo y construyendo colectivamente el futuro de nuestro país”.
A su vez, Pérez complementa que el coronavirus refuerza y legitima la demanda social que había antes de la crisis sanitaria y aún más la reacción a esa crisis que era construir entre todos y todas un nuevo pacto social y constituyente, enfatizando en que “el bienestar social no tiene que estar entregado a un mercado social de privados.
Debemos llegar mejor preparados para el debate, con mayores niveles de consenso y conciencia para elaborar este nuevo pacto con miras a resistir las crisis futuras”.
Paula de Orúe Ríos es matrona salubrista y actualmente dirige el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina UdeC.
Junto con felicitar a todo el personal de salud que combate día a día la pandemia, empieza su análisis señalando la situación actual en la que se encuentran los centros de salud pública de la zona. “Hemos tenido un aumento progresivo, pero no necesariamente exponencial como para tener, por el momento, muchos casos que requieran cuidados extremos, ya sea en UCI o UTI. Puede ser que con la aparición de las enfermedades respiratorias propias del periodo estacional se complique la situación”.
Con respecto a la crisis y las demandas sociales en salud, Paula estima que hay dos grandes temas: uno, que guarda relación con la respuesta del sector público; y otro, tiene que ver con las isapres. Sobre estas últimas, manifiesta que “tienen que decidir si van a ser parte del componente de seguridad social o van a ser seguros privados de salud”.
En ese sentido, ejemplifica con el examen que detecta el Covid-19. “Ellos debieron decir que el copago era cero para todos, no tenía por qué ser el gobierno, si ellos reciben un 7% que es un ‘impuesto’, porque la cotización es obligatoria. Las isapres no están respondiendo a su misión para la que fueron establecidas, no responden a implementar la seguridad social que nos proteja cuando se produce una contingencia de este alcance”.
Con respecto a la salud pública, la profesional apunta que hay que repensar el sistema completo con una mirada no menor a los 30 años. Además, comparte la mirada sobre la existencia de un ente coordinador nacional apolítico que no dependa de los vaivenes de los gobiernos, para que se evalúe la red sanitaria del país. “Si cualquier persona se pregunta cuántos especialistas necesitamos, de qué especialidad, quién tiene la capacidad de formarlos, no hay respuesta; ni siquiera sabemos cuánto es el personal que necesitamos en la atención primaria. Falta un orden absoluto y es porque la mirada es cortoplacista”.
Paula de Orúe advierte que las pandemias se repetirán, por lo que urge tener instaladas en las Seremis equipos reales de vigilancia epidemiológica, los cuales actualmente son muy reducidos y no tienen gente formada en salud pública.
“Creo que de haber tenido Seremis más fortalecidas y coordinadas con los servicios de salud y con los centros de atención primaria, se hubiese hecho un mejor seguimiento de los pacientes que debían hacer cuarentena o aislamiento para haber aplanado mucho antes la curva”, sentencia.
