Ley de Patrimonio Cultural: advierten por riesgos de judicialización y sobrecarga administrativa

La tramitación del nuevo Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural ha despertado preocupación entre expertos del mundo regulatorio, jurídico y productivo. Aunque la propuesta busca modernizar la institucionalidad patrimonial y descentralizar su gestión, especialistas advierten que su falta de articulación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) podría provocar un efecto contraproducente: paralizar proyectos estratégicos en minería, energía e infraestructura, debido a nuevas cargas regulatorias, indefiniciones normativas y mayor riesgo de judicialización.

El texto en discusión contempla nuevas figuras como zonas patrimoniales, paisajes e itinerarios culturales, y un sistema de autorización previa para intervenir en sitios arqueológicos o paleontológicos. Además, otorga al Servicio Nacional del Patrimonio (Serpat) facultades de inspección, sanción y suspensión de obras.

Para Juan Ignacio Guzmán, gerente general de la consultora Gestión y Economía Minera (GEM), el proyecto “obliga a gestionar el componente patrimonial desde la etapa exploratoria, incorporando estudios de línea base y prospecciones arqueológicas, lo que en sí no es negativo, pero si no se coordina bien con el SEIA, puede duplicar requisitos y aumentar plazos en forma considerable”.

Guzmán alerta que la creación de figuras territoriales sin delimitación técnica clara -como zonas patrimoniales o paisajes culturales- podría detener campañas de sondajes, limitar el uso de suelo y multiplicar autorizaciones. “Si no hay metodologías precisas para definir estos espacios, se abre la puerta a la judicialización y a acciones estratégicas de oposición, lo que eleva el costo de capital y el riesgo país, particularmente en portafolios mineros”, explica.

Desde el mundo académico, Paulina Sandoval, consultora en derecho ambiental y profesora de posgrado en la Universidad del Desarrollo, plantea que la ley “avanza al trasladar la toma de decisiones a un servicio técnico regional, pero no establece principios ni definiciones que otorguen coherencia jurídica al sistema”. 

Según subraya la experta, el Consejo de los Patrimonios Culturales podrá declarar bienes como patrimoniales por mera “conveniencia”, sin un marco normativo que justifique esas decisiones.

En el plano ambiental, Sandoval sostiene que la creación de nuevas categorías de protección -incluyendo patrimonio inmaterial o vinculado a pueblos indígenas- puede implicar que más proyectos deban ingresar al SEIA, lo que contradice los esfuerzos paralelos por simplificar ese sistema. Además, advierte sobre “la posible superposición de procesos de consulta indígena, generando una carga administrativa redundante e ineficaz para titulares y comunidades”.

Modernización sin definiciones

El abogado y académico Felipe Leiva, socio del estudio Andrade Leiva Asociados, coincide en que el proyecto contiene avances conceptuales, pero no responde a los problemas más urgentes del sistema actual. “Se enfoca en crear nuevos órganos y procedimientos, pero no fortalece las capacidades operativas necesarias para que el sistema funcione. Hoy tenemos una cartera de permisos pendientes en el Consejo de Monumentos que no se resuelve por falta de personal técnico”, señala.

Respecto a la estructura del nuevo Consejo de los Patrimonios, Leiva cuestiona la amplitud de su composición y sus atribuciones. “Debiera tener un rol más bien asesor, como los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) ministeriales, donde se representan equilibradamente los actores involucrados, incluyendo al sector productivo”, indica. También propone revisar los mecanismos de impugnación de las declaratorias patrimoniales: “no puede ser que una decisión con alto impacto económico solo pueda apelarse mediante un recurso de reposición en cinco días. Se debe garantizar el acceso a tribunales y ampliar los plazos para una defensa razonable”.

Otro aspecto sensible del proyecto es la facultad del Serpat para suspender obras ante eventuales hallazgos patrimoniales. Para Guzmán, esta atribución -si no se regula con plazos definidos y criterios técnicos claros- podría traducirse en medidas provisionales arbitrarias que impacten directamente la continuidad operacional de los proyectos. En la misma línea, Felipe Leiva advierte que la normativa debe lograr un equilibrio real entre la protección del patrimonio y la entrega de certezas jurídicas que permitan ejecutar inversiones dentro de los tiempos y costos proyectados.

Finalmente, Guzmán enfatiza que, sin una vinculación explícita con el SEIA, la nueva ley podría duplicar procedimientos, al exigir tanto planes patrimoniales como permisos ambientales por vías paralelas. “Esto no solo recarga la gestión administrativa, sino que abre la puerta a contradicciones entre organismos públicos”, precisa. A ello se suma la lentitud actual del sistema patrimonial, ya que según la Contraloría hay solicitudes que llevan más de 800 días sin respuesta. “En ese contexto, la viabilidad de los proyectos queda en entredicho”, asegura el especialista.