Opinión
Hace algunos días una estudiante fue apuñalada al interior del Liceo Darío Salas. Poco antes, otro hecho de violencia remeció a la opinión pública cuando un alumno del Liceo de Aplicación resultó herido por la explosión de un artefacto.
Según datos de la Superintendencia de Educación, durante el primer trimestre de este año se han interpuesto 1.530 denuncias en el ámbito de convivencia escolar, lo que incluye toda forma de violencia. De ellas, 827 son por maltrato a estudiantes.
No hay duda de que la convivencia escolar ha sufrido un grave deterioro y la falta de normas asociadas al concepto se ha debilitado. Los casi dos años de confinamiento, donde 5 millones de estudiantes y 200 mil docentes se encerraron a causa de la pandemia, tuvieron un efecto en las formas en que la comunidad escolar se relaciona, precisamente debido a la falta de convivencia y de normativas comunes en cada familia durante el encierro. Todo esto llevó al Ministerio de Educación a incorporar este ámbito en su plan de Reactivación Educativa, a través del apoyo psicosocial a 100 comunas prioritarias y la ampliación del programa Habilidades para la Vida, entre otras iniciativas.
La afectada salud mental de los estudiantes requiere una intervención y apoyo profesional, lo que, a su vez, demanda docentes preparados. El trabajo, por lo tanto, debe ser integral a la comunidad escolar.
Las universidades debemos trabajar fuertemente en la formación de calidad de estos profesionales, promoviendo la innovación, aprovechando los aprendizajes que la educación virtual nos dejó en pandemia y preparándolos para las nuevas exigencias. Para ello, tenemos que reforzar la salud mental de los futuros profesores, entregarles habilidades socioemocionales y conocimiento sobre enfoques formativos y normativos, de tal manera apoyarlos frente a su rol en la sociedad, relevando su importancia cultural.
Por su parte, la Unicef entrega tres recomendaciones para enfrentar este tema: avanzar en el desarrollo de competencias que permitan proteger derechos en la aplicación de la normativa escolar; facilitar la participación de los distintos estamentos en la construcción del reglamento interno; y, fomentar el desarrollo de normativas y de un enfoque disciplinario en línea con el enfoque formativo.
Todas las iniciativas en este ámbito deben ser bien recibidas. Y es de esperar, que no se queden solo en buenas intenciones, sino que, acompañadas de acciones, para de esta manera llegar al 19 de agosto, cuando celebremos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, convencidos en la necesidad de inculcar en los colegios desde edades tempranas el respeto por el otro, la empatía, el amor y el anhelo de una vida en paz, que condene toda forma de violencia.
