Actualización en la medición triplicaría la cifra de pobreza infantil en Chile

A partir del modelo propuesto por la Comisión Asesora Presidencial para actualizar la medición de la pobreza en el país, el Observatorio Niñez Colunga estimó que el 31,1% de los niños y niñas en Chile vive en situación de pobreza por ingresos, más del triple del 10,5% actualmente reportado por la Encuesta CASEN 2022.

El estudio, basado en los cinco escenarios metodológicos sugeridos por la Comisión, utiliza datos oficiales y evidencia empírica para señalar que la actual medición —vigente desde 2013— subestima sistemáticamente la pobreza, especialmente en la infancia.

La propuesta de la Comisión Asesora Presidencial actualiza por primera vez en más de una década la línea de pobreza por ingresos en Chile. Los cambios incorporan criterios más alineados con las condiciones reales de vida, incluyendo la actualización de patrones de consumo basados en la Encuesta de Presupuestos Familiares 8 (2016-2017), la implementación de una “Canasta Saludable” que elimina más del 50% de alimentos ultraprocesados, una mejor estimación del costo real de la vivienda y el ajuste en el cálculo de ingresos familiares disponibles.

Paloma Del Villar, directora del Observatorio Niñez, afirma que “el cambio del porcentaje de niñas y niños viviendo en situación de pobreza no se debe a que hayamos subido el estándar para definir quién es pobre, sino a que por fin estamos considerando datos actualizados sobre el costo real de la vida y cómo viven hoy las familias en Chile. Salvo la mejora en la calidad nutricional de la canasta, no se trata de exigir más, sino de medir mejor”.

Uno de los hallazgos más contundentes del análisis es que la niñez está sobrerrepresentada en la población que vive en situación de pobreza. Mientras que el 19,7% de las personas adultas en Chile estaría en situación de pobreza bajo la nueva metodología, el porcentaje entre niñas y niños se eleva al 31,1%.

Las cifras se agravan en grupos específicos; niñez migrante, niñas y niños que viven en hogares monoparentales y familias ubicadas en zonas rurales.

En estos casos, la pobreza infantil supera el 40% en los escenarios metodológicos más exigentes.

Desigualdad territorial

El estudio también entrega datos preocupantes sobre la distribución territorial de la pobreza infantil. En el escenario más completo, seis regiones superan el 35%, con La Araucanía liderando el ranking con un 43,5% de pobreza infantil.

Le siguen Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, la Región Metropolitana se ubica en torno al 30% y Aysén y Magallanes, si bien registran los índices más bajos, también muestran aumentos progresivos.

Una de las principales consecuencias de la actualización metodológica es que pone en entredicho los avances reportados oficialmente en la reducción de la pobreza infantil. Mientras que entre 2017 y 2022 se reporta una baja del 23,4% con la medición vigente, la nueva metodología indica que la disminución real ha sido solo del 8%.

Este hallazgo sugiere que las políticas públicas no han tenido el impacto esperado y que muchas familias han enfrentado privaciones que simplemente no eran visibles bajo la medición antigua.

“Las nuevas estimaciones de pobreza infantil hacen mucho más sentido con lo que ya veníamos observando. En nuestro Informe de Bienestar (2024), advertimos que 1 de cada 3 niñas y niños vive en hogares sin adultos con empleo seguro y que cerca de la mitad enfrenta inseguridad alimentaria. Las cifras de pobreza con la medición anterior simplemente no reflejaban esa realidad”, señala Del Villar.

¿Qué implican estos resultados para el país?

Desde el Observatorio Niñez Colunga enfatizan que contar con datos más ajustados y actualizados no es una mala noticia, sino una oportunidad para diseñar mejores políticas públicas.

La pobreza infantil afecta directamente las trayectorias de vida, la salud mental, la escolaridad, la seguridad alimentaria y la inclusión social de los niños. Medirla de forma más precisa es necesario y un paso clave para cumplir con la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2032, que establece como meta reducir sostenidamente la proporción de hogares con niños en situación de pobreza.

“Chile tiene un compromiso legal de garantizar a niñas y niños las condiciones básicas para vivir y crecer de forma saludable. La pobreza es una amenaza directa a ese derecho. Esta nueva propuesta es un avance, porque obliga al Estado a mirar con mayor honestidad la realidad que enfrenta gran parte de la infancia”, concluye del Villar.