Sociedad
La capital mexicana, pese a ser cuna de las iniciativas más progresistas del país, como la ley del aborto, enfrenta resistencias en estos ámbitos, sobre todo de origen religioso.
La incorporación en la nueva Constitución de la Ciudad de México del derecho a la muerte digna es visto por expertos en la materia como un avance, aunque hace falta «otro paso» para legislar y garantizar el acceso a la «salida de emergencia» que es la eutanasia.
La carta magna capitalina, promulgada el 5 de febrero pasado, recoge en su capítulo dedicado a los derechos humanos un artículo que garantiza que los ciudadanos «puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad», así como que esto «contiene implícitamente el derecho a una muerte digna».
Con esto «ya se ganó algo importante», afirma a Efe Asunción Álvarez, consejera de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD).
Álvarez asemeja este derecho a un «paraguas» donde se puede ubicar una futura regulación de la eutanasia, la cual sería a su vez como una especie de «salida de emergencia»: «No se trata de resolver la muerte digna de entrada con la eutanasia, pero va a haber casos en los que se va a necesitar».
Aunque en ocasiones haya confusiones entre este concepto con la eutanasia, la muerte digna se entiende como lo que cada persona considera como «la mejor muerte posible». «Vivir el final la vida con dignidad», resume Álvarez.
Cuando se entiende que una persona no va a recuperarse de su enfermedad, se le intenta dar una «buena calidad de vida», sobre todo a través de los cuidados paliativos.
«En algunos casos, puede ser que una persona siga pensando que las condiciones en las que está viviendo su vida ya es indigna, que no quiere seguir viviendo así, y elige adelantar su muerte, pero necesita ayuda para eso, y aquí es donde entra la eutanasia o el suicidio médico asistido», explica.
En estos momentos, las leyes de voluntad anticipada de los diferentes estados del país regulan la decisión de las personas de ser o no sometidas a procedimientos médicos o tratamientos que puedan alargar su vida en la etapa terminal cuando ya no se pueda mantener de forma natural.
La eutanasia no está permitida, «pero para algunas personas esta va a ser el medio para tener la muerte digna», asevera Álvarez.
Cuando entre en vigor la Carta Magna capitalina, en septiembre de 2018, alguien podría solicitar la eutanasia acogiéndose al derecho a la muerte digna: «Pero no es la mejor forma que se tenga que hacer caso por caso y no tener la seguridad de en cuánto tiempo se va a resolver», matiza.
Es necesario «dar otro paso»: «Lo que mejor respaldaría este derecho sería tener una ley o una regulación que establezca muy bien qué se permite y cómo se permite».
El presidente del Colegio de Bioética, Patricio Santillán, remarca a Efe que este es un «avance» que se inscribe dentro de «una discusión muy amplia sobre el significado de la dignidad y qué significa tener una vida digna».
«Es algo que se tiene que seguir discutiendo de manera amplia dentro de la sociedad», para recuperar las visiones de los diferentes sectores y que los argumentos vayan pasando «de un lado a otro», apunta.
El debate sobre la muerte digna «apenas está iniciando», y la incorporación de este concepto en la Constitución capitalina va a empujar a que esta se extienda «a nivel federal».
Santillán instó a la sociedad a permanecer «tranquila», porque este derecho no va a implicar que se hagan «cosas extraordinarias ni peligrosas ni en contra de la ética de las personas».
La capital mexicana, pese a ser cuna de las iniciativas más progresistas del país, como la ley del aborto, enfrenta resistencias en estos ámbitos, sobre todo de origen religioso.
Aunque estas personas «quieren imponer su visión -respetable pero limitante- al resto de la población», Santillán opina que el artículo sobre la muerte digna «abarca a todos en la sociedad y beneficia al universo de la sociedad».
El acceso a la muerte digna, recuerda, no se «impone», sino que se aplica «al que crea que tuvo suficiente en su vida y que está sufriendo mucho».
