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Presentan nuevos recursos de protección por despidos de empleados públicos en Valparaíso


Una nueva arremetida judicial en contra de los despidos de empleados públicos en la región de Valparaíso realizó este miércoles el abogado Alejandro Chaparro.

Dos nuevos recursos de protección fueron presentados por el jurista ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de las autoridades del gobierno regional por los despidos en el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) y del ministerio de Planificación de esa zona.

El primer libelo se presentó a favor de Luis Carrasco Venegas, funcionario Conace, quien fue desvinculado, según su defensa, sin expresión de causa justificada.

En la acción judicial se recurre contra del intendente de Valparaíso, Raúl Celis, por este hecho. Esto porque Carrasco habría sido cesado de sus funciones por el sólo hecho de haber sido incorporado a la administración pública durante los ex gobiernos de la Concertación, adujo Chaparro.

El recurso señala que no se consideraron méritos personales, como por ejemplo sus calificaciones, las cuales demuestran que su desempeño fue siempre impecable y calificado siempre con nota de excelencia por parte de sus superiores.

El otro caso

Asimismo, Chaparro presentó un recurso a favor de Mario Antonio San Martín Vieyra, funcionario del Ministerio de Planificación, quien recurrió contra el seremi de esta cartera, Tomás Ochoa.

Según detalla la acción éste último citó a San Martín, al igual que a otros funcionarios, a una supuesta reunión de trabajo que tuvo por objeto informarle de su despido, el cual carece de fundamento legal.

El exonerado afirma que pese a ser mandatado, a solicitud del Gobierno Regional de Valparaíso, a la aplicación y análisis de resultados de la encuesta CASEN en la provincia de Isla de Pascua, a objeto de elaborar diagnósticos de la realidad socioeconómica de dicho territorio, desde la fecha de asunción de las nuevas autoridades, lamentablemente comenzó a ser sometido en reiteradas oportunidades a hostigamientos y acosos mediante actos ilegales y arbitrarios por parte de las nuevas autoridades.

«La persecución sobre mi trabajo y mi persona, claramente dicen relación con mi tendencia política, distinta a la de las nuevas autoridades», señaló el recurrente.

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