La agrupación pretende, con esto, profundizar la institucionalización de este derecho y, a su vez, fortalecer al Consejo para la Transparencia como órgano autónomo de control. De esta forma, se busca alcanzar los estándares que la OCDE exige en esta materia.
Elevar los estándares de transparencia al nivel de los países OCDE. Ese es uno de los argumentos planteados por el Consorcio por la Transparencia en su propuesta de declarar al acceso a la información pública como derecho constitucional.
La iniciativa surge por la necesidad de eliminar las incertidumbres que se han planteado a nivel jurídico respecto del efectivo reconocimiento de este derecho en la Constitución Política. Esto, pese a que fue declarado como tal por decisiones del Tribunal Constitucional dictadas en los meses posteriores a la publicación de la Ley Nº 20.285 sobre acceso a la información pública. Sin embargo, la misma instancia ha establecido lo contrario en casos recientes.
En 2006, en el caso Claude Reyes versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el acceso a la información es un derecho humano, que debe ser respetado por todos los estados.
Para el Consorcio por la Transparencia, la raíz de este debate se encuentra en la falta de claridad, identidad normativa y reconocimiento expreso del acceso a la información. Por esto es que, el miércoles 29 de agosto pasado, presentó a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado una propuesta que busca reformar el artículo 4º de la Constitución Política, estableciendo que Chile es también una república abierta. A su vez, modificar el artículo 8 y el 19 número 12, haciendo explícito el derecho de acceso a la información pública.
Esta reforma beneficiaría, también, al Consejo para la Transparencia, fortaleciendo su rol como regulador, orientador y responsable de la resolución de conflictos.
De esta manera, Chile alcanzaría los estándares no sólo de países del primer mundo como Suecia, Bélgica y Noruega, sino que también el de vecinos latinoamericanos, como Perú y Colombia y México, que ya consideran el acceso a la información como un derecho reconocido expresamente en sus constituciones.
El Consorcio por la Transparencia es una agrupación conformada por las fundaciones Ciudadano Inteligente, Pro Bono, Pro Acceso y Corporación Participa. Todas organizaciones de la sociedad civil enfocadas en materias de transparencia, participación ciudadana y acceso a la información y a la tecnología.
