Objeción de conciencia: ¿Pueden los centros de salud negarse a realizar abortos en las tres causales?

La objeción de conciencia institucional para la ley de aborto en tres causales sigue en medio de la discusión. Luego de que el Tribunal Constitucional diera su aprobación para que el proyecto de ley despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales pueda ser promulgado, todavía quedan dudas sobre cómo será la aplicación de la objeción de conciencia.

Si bien el próximo lunes 28 se conocerá el fallo en su totalidad y el pronunciamiento de los magistrados sobre el polémico punto, ya hay distintos sectores e instituciones que se han pronunciado diciendo que no realizarán los procedimientos en sus recintos.

El rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, insistió -como lo ha mantenido desde que se presentó el proyecto- en que sus instituciones médicas no practicarán abortos, salvo en el caso de riesgo de vida de la madre ya que no la consideran aborto.

El problema está en las causales de inviabilidad fetal y, sobre todo, de violación, donde sugieren que la paciente sea derivada a otro centro de salud. «Siempre el riesgo vital está fuera de discusión, ahí ningún médico puede poner objeción de conciencia al tratamiento de una madre que está con riesgo su vida, si no que lo que estamos hablando aquí, son pacientes que de manera electiva, de manera no urgente, toman una decisión y nosotros haremos los convenios con el sector público y privado para poder hacer una intervención oportuna y segura», señaló el rector en radio Biobío.

Las declaraciones despertaron preocupación, sobre todo en el Gobierno y en el gremio médico. Es por eso que la ministra de Salud, Carmen Castillo cuestionó que se condicione el proyecto, en cualquiera de las causales. «Cuando está en riesgo la vida de la mujer no se puede esperar a un médico que no sea objetor de conciencia. Ahí hay que intervenir si o sí, o si no será motivo de auditoría y después de opiniones que puedan llegar a lo judicial si es que hay algún problema que no se actúo aplicando la lex artis como corresponde», dijo Castillo en el mismo medio.

La preocupación no es menor ya que además de la Red de Salud UC, los hospitales Parroquial de San Bernardo y San Francisco de Pucón también declararían su objeción de conciencia institucional. si es que la resolución del TC elimine de la ley que ese derecho sea solo “de carácter personal y que en ningún caso podrá ser invocado por una institución», como ha trascendido.

Pese a que estos recintos dependen de la Iglesia y no de la red pública de salud, reciben recursos estatales por atender pacientes Auge/GES.

El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, dijo que “no estamos estamos dispuestos a hacer cosas que vayan contra la moral y la enseñanza de la ética cristiana y católica” en radio Cooperativa. “Somos un hospital público que trabajamos con el Servicio de Salud Sur. Esperamos que se siga respetando como ha sido siempre, y creo que se tiene que resaltar que esto ha sido así durante muchos años y nunca se nos ha pedido hacer cosas que sean contrarias a nuestro ideario”, agregó.

En cuanto a recintos privadas, la Clínica Universidad de Los Andes, ya informó que “como institución privada nos acogeremos al derecho constitucional de asociación, que nos asegura la adecuada autonomía para cumplir nuestros fines, de acuerdo a nuestro ideario fundacional”, informó La Tercera.

Colegio médico

Pese a que no existen cifras oficiales en el Colegio Médico pero sí han realizado algunas encuestas internas, de las tres causales existe mayor consenso en la causal de riesgo de vida de la madre y el que levanta más recelo es el de violación, donde aumentarían los profesionales que se resistan a hacer un aborto.

De todas formas, el gremio estima que el 80% de las intervenciones serán con fármacos y no en pabellón, pues se realizarían antes de las 9 semanas de embarazo.

Sin embargo, existen ciertos temores dentro del organismo sobre el porcentaje de las clínicas y recintos de salud que se abstengan de entregar la prestación. En entrevista en La Tercera, la presidenta del gremio, Izkia Siches, reconoció que «preocupa que haya muchos objetores o que se distribuyan de forma desigual. No tenemos las cifras objetivas, pero sospechamos que serán muchas instituciones que tendrán una línea más dura. Nos preocupa que en las clínicas o en regiones no haya ningún médico que pueda realizar la prestación y que eso limite la ley».

Además denunció que la objeción de conciencia está siendo condicionada en algunos recintos. «Tenemos información de que hay instituciones que les están preguntando de forma dirigida: ¿Es cierto que todos van a ser objetores? Si existe una presión, no es con libertad la decisión que puedan tomar. Por eso, mi llamado ha sido a proteger desde el gremio a los objetores y a los no objetores. Asimismo, me parecería muy mal que hicieran renunciar a alguien por ser objetor de una decisión institucional. Si esa información se materializa, lo tendríamos que analizar a nivel de tribunales internos y presión social, además de ver otras medidas».

Otro de los temores del gremio es «que un médico sea objetor en lo público y no lo sea en lo privado; es decir, que tenga prestaciones que tienen sólo fines lucrativos en lo privado, como un negocio, pero en lo público impida el acceso a la prestación. Eso, efectivamente necesita un lineamiento de nuestros departamentos de ética y de nuestros tribunales».

Otro tema importante a definir son los planes cerrados para las mujeres y el acceso que realmente tengan para acceder en caso que necesite interrumpir su embarazo. Siches sostuvo en radio Biobío que «sí hay que aclarar a las mujeres que tengan planes cerrados -y eventualmente que no puedan existir planes cerrados para mujeres como no pueden existir planes sin útero hoy en día- con instituciones que se dicen definitivamente objetoras de conciencia porque al final se les puede limitar un derecho a esas mujeres el día de mañana».