Con mis hijos no te metas

En el primer mes del año nos enteramos de dos hechos de extrema violencia contra la comunidad LGBTIQ+. Por un lado, un padre incomunicó en su hogar a una adolescente menor de 14 años, luego de ser violada por su padrastro como castigo por ser lesbiana. Por otro, dos sujetos (amigos) sumergieron en una tina hirviendo a un hombre y le lanzaron agua hirviendo a su supuesta pareja resultando ambos con graves quemaduras. Así, en ambos casos esta violencia se realizó con fines correctivos por personas del entorno familiar o cercano-social-afectivo de las víctimas, quienes intentaban “ayudar”. Ambos casos son reflejo de una violencia invisibilizada fruto de no responder a la concepción histórica de la heterosexualidad, que resulta de una construcción social, cultural, histórica y económica, en desmedro de todo aquello que sale de la mal llamada “normalidad”.

[cita tipo=»destaque»] Preocupante es que incluso, pese a que actualmente se están realizando esfuerzos por integrar una perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad mediante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de violencia, aún no se ha empezado a hablar de lesbo-odio y lesbo-violencia de manera expresa. [/cita]

Lo que parecen dos casos aislados es, en realidad, una conducta frecuente en el entorno cercano de las personas LGBTIQ+, quienes no están ajenas a este maltrato, continuamente normalizado, imperceptible, y, sin duda, desconocido para la comunidad no LGTBIQ+. La imagen del closet se vuelve en este sentido recurrente, ¿para quién es el closet?, ¿por qué debemos escondernos?, ¿Es vergüenza lo que sentimos o nos estamos protegiendo? ¿O protegemos a nuestras parejas?. La develación a los padres, madres y amigos se convierte entonces en una experiencia estresante y traumática, incluso por la caricatura de tener que hacerlo, es frecuente, que estos reaccionen con miedo, estupor, culpa, rabia y vergüenza, o derechamente negando e invisibilizando la situación; en los casos más severos, incluso, puede llevar al ejercicio de violencia física, psicológica, y sexual, especialmente esto último sobre las lesbianas.

Lo dramático es que no existen mecanismos efectivos para protegernos de esta violencia tan cercana, encontrándose en una situación de especial vulnerabilidad las niñas, niños y adolescentes, pues el ordenamiento jurídico suele partir de la base de que cualquier acto de discriminación o violencia hacia la comunidad LGBTIQ+ proviene de terceros, aquellos ajenos al entorno familiar y social. Así por ejemplo, la Ley que establece medidas contra la discriminación (Ley Zamudio) entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada “por agentes del Estado o particulares”, sin que contenga una sola referencia al núcleo familiar y social, como si no pudieran producirse estos ilícitos.

Preocupante es que incluso, pese a que actualmente se están realizando esfuerzos por integrar una perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad mediante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de violencia, aún no se ha empezado a hablar de lesbo-odio y lesbo-violencia de manera expresa. El proyecto mencionado tiene conceptos amplísimos que, eventualmente, abarcarían situaciones como la descritas en caso de que mujeres sean agredidas por el círculo social. No obstante, es aún insuficiente y no hay duda de que se requiere un reconocimiento y regulación expresa, especialmente en lo que dice relación con la violencia en el ámbito familiar. La falta de esa regulación es el síntoma de que hay un problema invisibilizado.

No se puede permanecer ajenos a frases como “con mis hijos no te metas”. Si esto último es irrestricto ¿Quién protege a esos niños, niñas y adolescentes? No es posible que al amparo de la autonomía y la libertad de enseñanza en cuanto a valores en el núcleo familiar, se normalice y tolere la violencia que ocurre en ese ámbito “privado” y menos aún, se permita. El Estado debe completar la tarea e incluir en sus iniciativas una especial protección de la comunidad LGTBIQ+ que, en algunos casos, no cuenta con un espacio seguro ni siquiera en propio hogar. Se requiere una política pública que se preocupe especialmente de este tipo de violencia, ampliando el concepto de abuso de confianza en virtud de un lazo familiar o de amistad y reconociendo expresamente como agentes de violencia a quienes tienen esos lazos.