Yo opino
Crédito: Agencia Uno.
Una senda verdadera hacia la universalidad consideraría que cualquier persona, tanto hombres como mujeres, que tengan hijos menores de 2 años, necesitan acceder a salas cunas, por lo que habría que eliminar este sesgo de género en que nuevamente las mujeres quedan como únicas responsables de la crianza.
Desde ya muchos años, voces de feministas, sindicalistas y expertos han alertado que la actual Ley de Sala Cuna termina discriminando a las mujeres. Lo que nace como una protección a la maternidad de la mujer trabajadora, se convierte en una discriminación más por parte del sistema laboral.
Sólo las empresas que contratan sobre 20 mujeres están obligadas a mantener un sistema de sala cuna, derecho que actualmente es de cargo del empleador y que funciona sólo cuando las mujeres están contratadas, realidad cada vez menor en nuestro país.
Sumado a esto, solo las mujeres con menores ingresos tienen cobertura en el sistema público de educación inicial, quedando como única alternativa para el resto de las familias tener que pagar jardines y salas cunas privadas.
[cita tipo=»destaque»] Con la actual propuesta del gobierno, se termina de instalar la segregación de niños y niñas según la capacidad de pago de sus familias, replicando la nefasta lógica del resto del sistema escolar.[/cita]
Cambiar la actual legislación que discrimina a las mujeres y que solo garantiza la sala cuna bajo condiciones difíciles de cumplir se hace urgente. Sin embargo, el proyecto que actualmente se discute incurre, primero, en reforzar la senda de la privatización de la educación, introduciendo el subsidio estatal a jardines privados.
En segundo lugar, continúa con la visión patriarcal de que son las mujeres las únicas responsables del cuidado de los hijos, por lo que el proyecto se aleja profundamente de sus objetivos que, en palabras del gobierno, busca “eliminar toda forma de discriminación, entre mujeres y hombres”.
¿Qué cambia este proyecto? Lo más relevante es el cambio en el requisito de 20 mujeres por empresa para que el empleador tenga que cubrir este costo, y se avanza a entregar el beneficio a las mujeres trabajadoras, sin mediar condiciones de su lugar de trabajo.
Aunque el título del proyecto lo indica, en la práctica la “universalidad” no es tal: este beneficio es para las mujeres que cuentan con 6 cotizaciones en una AFP, por lo que de plano deja fuera a las mujeres trabajadoras no remuneradas (que trabajan en su casa o en otros hogares) o que trabajan en sectores informales de la economía (vendedoras ambulantes, por ejemplo) o de forma intermitente, como el caso de las temporeras. Ya sabemos que la mujer por su doble rol, sigue incorporándose a trabajos precarios que se ajusten a su jornada de trabajo dentro del hogar, por lo que se excluye a muchas mujeres que no pueden acceder a acreditar formalmente que son trabajadoras.
Si bien la propuesta de generar un pilar solidario de financiamiento tripartito suena bien en primera instancia, la creación de un fondo administrado por privados, similar al modelo actual de las AFP, es una vía explícita para la privatización del financiamiento a la educación parvularia.
Continuar con políticas públicas en que el Estado sólo subsidia el acceso a servicios y no actúa como garante de derechos, termina garantizando un lucrativo negocio a particulares con nula preocupación por la política pública, sin estándares de calidad ni fiscalización de las condiciones de cuidado de niños y niñas en estos jardines y salas cunas privadas.
Nuevamente la carga de la crianza es solo de las mujeres
Sin lugar a duda que, en los días que el movimiento feminista ha logrado gran visibilidad, esta ley podría entenderse como una ganada del movimiento, sin embargo, esto no se puede ver sólo desde la incorporación de la mujer al mercado laboral, para ser igual o más explotadas que los hombres.
Recordemos que el aumento de las mujeres que trabajan remuneradamente (pasando de un 32,5% de mujeres empleadas en 1990 a un 47,5% en 2015 según cifras de la OIT), no ha significado un ingreso de los hombres a las labores del hogar y la crianza, por lo que las mujeres terminamos viviendo igualmente una doble o triple jornada de trabajo. Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT, cuyos resultados señalan que en promedio, las mujeres destinan 5,89 horas diarias al trabajo doméstico, mientras que los hombres destinan 2,74 horas (INE, 2015).
En la actualidad tenemos en la legislación y en la cultura resabios conservadores que siguen responsabilizando absolutamente a las mujeres por el cuidado y crianza de los hijos. Sin embargo, afortunadamente a nivel país vivimos el avance de un cierta conciencia de corresponsabilidad entre padres y madres.
Esto se ha visto reflejado en cambios legislativos, que si bien aún no garantizan igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero sí han significado un avance en un país tan machista como el nuestro, como el posnatal parental o la ley Sanna, que entienden que ambos padres son responsables de la crianza y tienen derechos.
Una senda verdadera hacia la universalidad consideraría que cualquier persona, tanto hombres como mujeres, que tengan hijos menores de 2 años, necesitan acceder a salas cunas, por lo que habría que eliminar este sesgo de género en que nuevamente las mujeres quedan como únicas responsables de la crianza, además de ampliar la cobertura y financiamiento de las instituciones públicas que ya existen, para que dejen de ser solamente accesibles para la población de menores ingresos.
Con la actual propuesta del gobierno, se termina de instalar la segregación de niños y niñas según la capacidad de pago de sus familias, replicando la nefasta lógica del resto del sistema escolar.
Promover la autonomía económica de las mujeres no puede ser una excusa para seguir privatizando la educación, generando nichos de acumulación privada. Todas las mujeres, trabajadoras remuneradas o no remuneradas, temporeras, a honorarios, por proyectos o periodos intermitentes, chilenas o extranjeras, hacen un aporte muchas veces infravalorado al país: lo justo entonces es acabar con la invisibilización universal de las condiciones precarias del empleo femenino, terminando realmente con la discriminación a través de una visión de corresponsabilidad en la crianza y las labores domésticas, tanto entre hombres y mujeres, como entre Estado y sociedad.
