BRAGA
Con la ejecución este sábado de cuatro de los condenados por una violación en grupo y asesinato de una estudiante en Nueva Delhi en 2012, la India espera cerrar otro capítulo de un proceso legal y social que redujo sensiblemente la tolerancia hacia las agresiones sexuales y endureció la legislación.
La violación
En la noche del 16 de diciembre de 2012, una estudiante de 23 años fue brutalmente violada y torturada en un autobús en marcha por seis hombres, que a continuación la arrojaron a la carretera sin detener el vehículo.
«Nirbhaya» o «Sin miedo», en hindi, como la dieron a conocer los medios de comunicación, fue ingresada de urgencia en un hospital de Nueva Delhi y después fue trasladada a un hospital de Singapur, donde falleció trece días después a causa de las graves lesiones.
Siete años después, cuatro de los condenados serán ahorcados este sábado, en la primera ejecución realizada en la India en un lustro y con la que el país espera cerrar parte de la herida que dejó el caso «Nirbhaya».
Endurecimiento legislativo
La violación y tortura de esa joven desató una ola de indignación sin precedentes en el país asiático que se expresaron en numerosas protestas por todo el país, especialmente en la capital.
Tres meses después, en marzo de 2013, ese clamor social llegó al Parlamento indio, que aprobó entonces un extenso cambio legal con dos objetivos: endurecer las penas derivadas de varios crímenes contra las mujeres y calmar el grito social.
El nuevo texto, tras posteriores enmiendas, elevó la pena mínima para el delito de violación de 7 a 10 años para las violaciones a mujeres adultas y de 10 a 20 años en los casos de violaciones a menores de 16 años. Además, estableció la pena capital para aquellos casos en los que la víctima de la violación resultara muerta o quedase en estado vegetativo.
Una de las novedades más importantes que introdujo aquella ley fue la tipificación como delito del acoso sexual por primera vez, que estableció penas de entre tres y siete años de cárcel para los que lo cometiesen.
La legislación aprobada tras el caso «Nirbhaya», que también endureció los castigos por ataques con ácido que causen desfiguraciones, dejó fuera sin embargo otros aspectos reclamados por asociaciones feministas, como la penalización de las violaciones que se producen dentro del matrimonio.
Cambios en la ley
En 2013, el que fue considerado cabecilla del grupo de violadores, Ram Singh, se suicidó en la cárcel, y otro de los detenidos fue liberado en 2015, tras cumplir tres años de internamiento en un reformatorio, al ser menor de edad cuando cometió el crimen.
Su liberación volvió a levantar el clamor social y el Parlamento indio reaccionó de forma apresurada aprobando, solo dos días después, un cambio en la Ley de Justicia Juvenil que permitió enjuiciar como adultos a los menores de entre 16 y 18 años.
Los menores de esa edad que cometan delitos graves, como violaciones o asesinatos podrán ser sentenciados a largos periodos de cárcel, suprimiendo el límite de 3 años de la norma anterior, aunque no podrán ser condenados a muerte o a cadena perpetua.
Ejecución
El proceso judicial contra los otros cuatro condenados culminó en 2017 con una sentencia de muerte que, tras varias denegaciones de peticiones de revisión y suspensión de la sentencia e incluso de clemencia ante el presidente indio, Ram Nath Kovind; Mukesh Singh, Akshay Thakur, Vinay Sharma y Pawan Gupta serán ahorcados este sábado, 1 de febrero, a las 6 de la mañana, hora local (00.30 GMT).
Con la muerte de los cuatro violadores, los padres de la víctima, que en 2018 solicitaron a un tribunal de Delhi que acelerara el proceso de ejecución, algo que hizo a principios de este año fijando fecha para el ahorcamiento, esperan ver cumplido su deseo de justicia.
La utilización de todas las medidas legales a su disposición para evitar la pena capital por parte de los condenados también molestó al Gobierno indio, que la semana pasada envió una petición al Tribunal Supremo para que, a partir de ahora, evite que los plazos de ejecución se alarguen.
En concreto, pidió que el alto tribunal indio revise sus pautas de aplicación de las sentencias de muerte en favor de las víctimas de los condenados y no de estos últimos, como hace actualmente, y que imponga límites temporales claros para que los condenados realicen sus apelaciones.
La indignación no desaparece
La India, que inaugura la década de 2020 con esta esperada ejecución, terminó la anterior con protestas por los últimos casos de violación y asesinato de dos jóvenes, ocurridos en las últimas semanas de 2019.
En 2018, se registraron 33.356 denuncias de violación en toda la India, más de 90 diarios, según los últimos datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB).
El año en que se produjo el caso «Nirbhaya» se produjeron 24.206 denuncias por violación, según la institución, que registró un notable aumento al año siguiente, 2013 -año en que se cambió la legislación-, cuando detectó 33.764.
Desde entonces cada año se han registrado más de 33.000 violaciones anuales en la India, un número elevado que se debe en parte a la mayor concienciación social, que ha propiciado que aumenten las denuncias.
