BRAGA
Entre enero del año que pasó y este 2021, 19.572 personas en situación de discapacidad han sido contratadas. Del total, el 64,2% hombres y 35,8% mujeres, según datos entregados por la Fundación Chilena para la Discapacidad. Si bien se ha avanzado en inclusión, aún falta en materia de igualdad de género.
En abril se cumplen tres años de la Ley de Inclusión Laboral, la cual tiene por objetivo promover que personas que viven en situación de discapacidad de inserten en el mundo laboral. Uno de los principales temas que aborda esta ley es que los organismos públicos y las empresas que tengan 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad.
Desde la puesta en marcha de esta garantía legal, se han observado avances en materia de igualdad y el trabajo hacia una cultura de inclusión. Sin embargo, según cifras de la Dirección del Trabajo del 2020, del total de empresas privadas, solo el 24% ha acatado esta ley.
La situación laboral de las personas con discapacidad era aún más compleja, pues no contaban con las oportunidades mínimas de acceso a trabajo. La realidad se dificultaba aún más cuando eran mujeres, ya que además de ser discriminadas por su género también lo eran por su condición física.
Para la directora ejecutiva de la Fundación Ronda, la cual trabaja fomentando la inclusión socio laboral de personas en situación de discapacidad, María José Escudero, dicha ley “ha sido por lejos la mejor política pública en términos de discapacidad”. Pero, pese a esta garantía legal, de las 19.571 personas contratadas en entre enero 2020 y 2021, el 64,2% eran hombres y 35,8% eran mujeres, según datos entregados por la Fundación Chilena para la Discapacidad. Si bien se ha avanzó en términos de inclusión, falta aún en materia de igualdad de género.
La ley ha estado sujeta a varios cambios desde su promulgación. En octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la modificación que incorpora el artículo 157 quáter al Código del Trabajo, estableciendo obligaciones para facilitar y garantizar la inclusión laboral. Dentro de ellas se encuentra la obligación de tener al menos 1 trabajador, que desempeñen funciones relacionadas con recursos humanos, que tengan conocimientos específicos en materias de la inclusión laboral.
Asimismo, deben promover políticas internas en materia de inclusión e informar dichas políticas anualmente mediante un comunicado a la Dirección del Trabajo. En suma, de exige la elaboración y ejecución anualmente de programas de capacitación que otorguen herramientas para una efectiva inclusión.
Por último, las actividades que realiza la empresa, tanto dentro como fuera de la jornada laboral, deberán considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
Esta modificación se hará oficial el día 1 de noviembre de 2022, la cual tiene como objetivo asegurar el bienestar de las personas que viven con discapacidad, además de ofrecerles un trato digno y seguro en su ambiente laboral.
Pese a que desde el Estado se han realizado acciones para poder asegurar la inclusión laboral, existe un vacío en cuanto a información. Desde la promulgación, no se han levantado datos. Caso distinto de lo que ocurre en empresas privadas, desde donde se comprende que con esta ley “no le están haciendo un favor a una persona discapacitada, sino que están permitiendo ejercer el derecho del acceso al trabajo y eso finalmente fortalece y enriquece la diversidad y la aceptación en su fuerza laboral”, se señala a través de un comunicado.
