Proceso Constituyente y la importancia de regular la falta de garantías a la libertad de expresión

Hace varias semanas se han evidenciado episodios que han dejado en manifiesto la falta de garantías a la libertad de expresión en el país. Entre ellos, las presiones a dueños de medios de comunicación -como el Canal La Red- por cuestionamientos a su línea editorial, críticas a la prensa internacional, presiones del Ejército y de las Fuerzas Armadas por programa de sátira política, entre otros.

 A este panorama nacional, se le suma observaciones internacionales, tales como el informe del año 2020 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), el cual señala, en el capítulo que hace referencia a Chile, que han existido ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación. Del mismo modo, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas.

En esa línea, el informe de la RELE aborda diversos casos de agresiones y amenazas a mujeres periodistas y comunicadoras, así como también acciones de censura cruzadas por violencia de género. Entre los casos expuestos se encuentran; las amenazas de muerte recibidas por la periodista Jenny Pérez de la cadena alemana Deutsche Welle; las detenciones de las cuales fue víctima la periodista Claudia Aranda y los ataques con químicos que recibió la periodista Alison Vivanco por parte de Carabineros mientras realizaban labores profesionales.

Además, el documento destaca la preocupación de la Relatoría por el proceso penal iniciado en contra del grupo artístico Las Tesis, “que podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.

Desde la Relatoría para la Libertad de Expresión señalan que “los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”.

Por otra parte, se encuentra la “Clasificación Mundial de Libertad de Expresión” (2021) elaborado por Reporteros Sin Frontera, donde se señala que Chile bajó 3 niveles en el ranking por “pluralismo limitado” y “agresiones a los periodistas”. El documento internacional señala que existe una fuerte concentración de la prensa. Además, enfatiza que en los últimos años han cerrado varias radios y que “los medios de comunicación comunitarios enfrentan grandes problemas para subsistir, lo que limita gravemente el debate democrático en el país”.

Ante este panorama desalentador sobre la libertad de expresión en Chile, desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas manifiestan que “todas estas agresiones a la prensa y a la libertad de expresión se están generando en un contexto de cambio Constitucional que ha puesto al centro del debate la urgente necesidad de que el Estado de Chile garantice derechos para todas las personas, algo que en el ámbito de las comunicaciones- como en muchos otros ámbitos- no ocurre”.

En esa línea, desde la red señalan que se debe avanzar en la protección de la libertad de expresión y de prensa. Por lo cual, “se requieren mayores garantías y marcos regulatorios que permitan el desarrollo de medios de comunicación pluralistas, diversos, donde las periodistas puedan desarrollar su trabajo sin temor a la censura, al acoso ni la violencia”.

Como Red de Periodistas Feministas, se han convocado a través del Bloque por el Derecho a la Comunicación, con el fin de incidir en la nueva Constitución.  Esto, “bajo la certeza de que Chile debe consolidar un marco jurídico e institucional que garantice efectivamente el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

En ese sentido, explican desde la red, el Derecho a la Comunicación es una amplia comprensión- establecida por el sistema internacional de derechos humanos- sobre las garantías asociadas a la comunicación, tales como la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información; que  garantizar el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino que también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales.

Sobre el proceso democrático que está ad-portas, desde la red señalan que no se puede enfrentar un proceso histórico de cambio y redacción de una nueva Constitución si no se respetan los valores básicos de la democracia. “Sin libertad de expresión ni de prensa es imposible sostener un Estado que garantice derechos esenciales para la ciudadanía”.