NUEVA CONSTITUCIÓN
La constituyente electa como independiente por el pacto Apruebo Dignidad, en cupo de Convergencia Social, de profesión abogada y especialista en derechos humanos, mujeres, familias e infancias, es una de las ocho personas representantes de las disidencias sexuales en la Convención Constitucional. En conversación con El Mostrador Braga, Jennifer Mella se refirió al reciente anuncio del Presidente Piñera sobre el matrimonio igualitario, señalando que “me parece de un oportunismo violento con nuestra comunidad LGBTIQ+ el hablar de urgencias, cuando fue el mismo Gobierno el que detuvo la tramitación del proyecto durante estos años. No creo que sea un anuncio veraz ni serio, sino solo un distractor de la agenda y del rotundo fracaso de su mandato”.
Jennifer Mella, electa como convencional constituyente independiente por el pacto Apruebo Dignidad, en cupo de Convergencia Social, obtuvo la segunda mayoría en la Región de Coquimbo (D5) y se posiciona, a su vez, como la única lesbiana de la Convención Constitucional, siendo parte de las ocho constituyentes que se autodeterminan dentro de la comunidad LGBTIQ+ y que representan el 5,2% de los escaños electos. “Como lesbiana feminista espero poder levantar y contribuir a buscar apoyos en torno a demandas históricas de respeto, reconocimiento y dignidad de la comunidad LGBTIQ+, que se han levantado principalmente desde organizaciones de la sociedad civil”, comenta en esta entrevista con El Mostrador Braga.
Para la abogada (40) –quien vive hace ocho años en localidad rural de Ovalle, Sotaqui, junto a su pareja e hija, adulta no valente– las principales propuestas desde la disidencia sexual que deberían estar presentes en la redacción de la nueva Constitución son el “derecho a una vida libre de violencia; igualdad sustancial y no discriminación; normas de inclusión en la participación política y social. Que nuestras bases institucionales consideren la diversidad como un valor en sí mismo”.
Ante la consulta sobre su motivación para buscar un lugar en la Convención Constitucional, Jennifer señaló que fue “la pertenencia a un espacio territorial horizontal, independiente, como lo es la asamblea en la que participo y que daba condiciones para asumir un desafío colectivo de envergadura regional. La posibilidad que desde allí se pudiera generar incidencia y participación a través de una candidatura unitaria, me convocó a poner mis actuancias sociales a disposición para liderar una candidatura buscando un cupo como convencional”.
De acuerdo a los datos levantados por el Observatorio Les Constituyentes, junto con Jennifer Mella, se autodenominan pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, Valentina Miranda (D8), Bessy Gallardo (D8), Pedro Muñoz (D24), Javier Fuchslocher (D21), Gaspar Domínguez (D26), Rodrigo Rojas (D13) y Tomás Laibe (D27). Hito histórico que posibilitará instalar en la agenda las demandas de la comunidad LGBTIQ+, pero que, sin embargo,no contará con la participación del colectivo Trans.
Sobre este tema, la activista lesbofeminista comenta que la ausencia de personas Trans afecta “en el riesgo de exclusión de las demandas del colectivo, que además siempre ha sido altamente marginado de espacios de participación y decisión”. Apunta a la importancia de que “se elaboren, desde las propias compañeras y sus orgánicas, estrategias de incidencia y minutas de exigencia constitucionales que lesbianas y feministas podamos apoyar e impulsar. Hoy tenemos que articularnos en torno a lograr cuotas de inclusión”.
Por otra parte, a propósito de la propuesta de algunos parlamentarios de RN, que plantearon la eliminación del lenguaje inclusivo en establecimientos educacionales, tomando como referencia lo ocurrido en Francia, en donde se prohibió su uso, la abogada señala que “me gustaría que tuviéramos un lenguaje inclusivo que no induzca a mensajes contradictorios en materia de educación, que busquemos la forma de consensuar una efectiva inclusión de personas y colectivos, que no solo dé cuenta del uso de la ‘e’, sino que también se refiera a la inclusión de personas con discapacidad, o sobre lenguas de pueblos originarios”. Y sobre el proyecto enviado, “creo que la prohibición impulsada por parlamentarios de derecha en Chile es errónea, es discriminatoria, y no responde a una exigencia educativa, sino que a una visión anacrónica de la sociedad”, remarca.
Otro hecho no exento de polémica ocurrido esta semana, fue el anuncio del Presidente Piñera, durante su última Cuenta Pública, sobre el matrimonio igualitario. Al respecto, Jennifer sostiene que “me parece de un oportunismo violento con nuestra comunidad LGBTIQ+ el hablar de urgencias, cuando fue el mismo Gobierno el que detuvo la tramitación del proyecto durante estos años. No creo que sea un anuncio veraz ni serio, sino solo un distractor de la agenda y del rotundo fracaso de su mandato. Tenemos urgencias que van más allá del solo matrimonio igualitario, que incluyen cuestionar la sociedad conyugal. Requerimos ley antidiscriminación, derechos filiativos y educación no discriminatoria, prevención y erradicación de crímenes de lesbodio, como mínimos”.
Para finalizar, reflexionó sobre su activismo desde la disidencia sexual y comentó que este no le ha significado sentirse discriminada, pues “omito a quienes me atacan por describirme como lesbiana y activista, o porque un titular periodístico lo resalta. Para mí, es una parte importante de mi identidad, y me enorgullezco de ella, por eso nunca la he negado ni escondido. No he llegado a la Convención Constitucional por ser lesbiana, pero sí me atreví a presentarme a una elección regional por mi trayectoria como activista lésbica feminista, y eso es relevante. He participado de luchas históricas y no tengo razones para negarlo, o restarles valor o idoneidad frente a otros activismos sociales. Espero que la violencia que se cuela por esos comentarios microlesbofóbicos se evidencien como tal y se erradiquen vía educación, y también su exhibición como lo que son: expresiones de violencia y exclusión”.
