BRAGA
Créditos: Leandro Torchio/ Aton Chile
En el estudio “Derechos humanos de las mujeres en el contexto de la pandemia: aumento de la violencia y postergación de la salud sexual y reproductiva”, la doctora en Derecho Lidia Casas (directora del Centro de Derechos Humanos UDP) y la economista Gloria Maira (exsubsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer y miembro de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile), analizan en profundidad, y con perspectiva de género, el impacto negativo de la emergencia sanitaria del coronavirus en la vida de las mujeres, sobre todo en torno a la violencia, al acceso a la salud sexual y el aborto en tres causales. Para Maira, esta información confirma la importancia de que en la formulación de una nueva Constitución se coloquen los derechos sociales en el contexto del respeto, lo que “debería ir acompañado de los instrumentos que permitan el ejercicio real de estos nuevos reconocimientos”.
El próximo 6 de diciembre se lanzará el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales, un estudio que evalúa diferentes áreas del actuar del Estado, bajo el prisma de los estándares internacionales de derechos humanos y las convenciones y tratados que ha firmado el país.
En su versión 2021, el documento incluye un capítulo sobre “Derechos humanos de las mujeres en el contexto de la pandemia: aumento de la violencia y postergación de la salud sexual y reproductiva”, al cual tuvimos acceso exclusivo en El Mostrador Braga, para poder adelantar algunas de sus interesantes conclusiones.
En este capítulo, se da cuenta del impacto negativo de la emergencia sanitaria del coronavirus, que alteró los espacios familiares, comunitarios y sus posibilidades económicas y laborales; también se actualiza la realidad de violencia contra las mujeres y de acceso a la salud sexual y reproductiva y al aborto en tres causales. Esta parte del informe estuvo a cargo de la doctora en Derecho Lidia Casas (directora del Centro de Derechos Humanos UDP) y la economista Gloria Maira (exsubsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer y miembro de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile).
Durante un año 2020 marcado por la pandemia de COVID-19, en materia de violencia hubo problemas en los mecanismos de denuncia, además de aquellos dispuestos para la búsqueda de ayuda o de orientación, como la campaña “Mascarilla 19” y los medios telemáticos de atención.
De las 138.674 víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) que denunciaron, casi un 76% son mujeres (105.206). La misma proporción de víctimas se evidenció en 2019, pero con un mayor número, 143.741, de las cuales 109.176 corresponden a mujeres.
Además, la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2020, registró 11.128 denuncias de delitos sexuales. Sin embargo, hubo una disminución en comparación con años anteriores. Según el estudio, esto es un efecto de las cuarentenas en el acceso a servicios para denunciar directamente, cuestión que contrasta con el número de solicitudes telefónicas de ayuda realizadas a las líneas de atención especializada.
Durante el período enero-septiembre de 2020, hubo un alza de un 43,8% en las llamadas al fono 149 de Carabineros y de un 149% al fono 1455 del Sernameg, mientras que las denuncias formales cayeron un 9,6%.
Ese mismo año, la Red Chilena contra la Violencia contabilizó 58 femicidios consumados. En 16 casos había alguna denuncia previa por violencia intrafamiliar o agresiones similares, de las cuales seis contaban con medidas cautelares.
Considerando lo anterior, el estudio concluye que la pandemia puso al descubierto los límites de la tercerización de prestaciones en áreas esenciales, tales como la asistencia a mujeres en situación de crisis o riesgo, así como la ineficacia de la política pública cuando no toma en cuenta contextos y realidades específicas. Por ejemplo, el caso de la condición migratoria o de habitar una zona rural. Asimismo, el acceso de las mujeres a la justicia también se vio afectado producto de la pandemia.
La llegada de la pandemia a Chile obligó a poner los recursos en salud en función de la atención de la población contagiada y de prevenir la propagación del virus. En relación con la salud sexual y reproductiva, se muestra que las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud estuvieron focalizadas en la atención de las mujeres gestantes, del parto y de las emergencias obstétricas.
Todas las demás prestaciones se retrasaron o suspendieron, a pesar de la evidencia del impacto que tiene sobre la vida y salud de las mujeres la postergación o suspensión de atenciones esenciales como el Papanicolaou, las mamografías y el control de las enfermedades de transmisión sexual.
De manera particular, se pone foco en este capítulo a las dificultades de acceso a métodos anticonceptivos. Una de ellas es la tardía emisión de orientaciones del Ministerio de Salud para dar continuidad a la atención en salud sexual y reproductiva, con lo cual cada establecimiento generó sus propios lineamientos, dando lugar a una atención heterogénea y restringida.
Otra situación compleja fue provocada por la distribución de anticonceptivos defectuosos en la red pública de salud, que llevó a que más de cien mujeres hayan enfrentado embarazos no deseados, sin que a la fecha existan mecanismos de reparación para las afectadas.
Durante el período que abarca este informe se ha mantenido el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las tres causales legalizadas: riesgo vital de la gestante, inviabilidad fetal letal y embarazo resultado de la violencia sexual.
Sin embargo, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, los casos atendidos han disminuido considerablemente. Entre diversas causas que estarían provocando este resultado, se encuentran la persistencia de los obstáculos de acceso que producen la falta de información a las usuarias, la limitada capacitación del personal de salud, particularmente en la atención primaria, y la alta objeción de conciencia en los establecimientos de salud.
Durante 2020 no se adoptaron medidas específicas que facilitaran el acceso al menos en torno a la tercera causal, cuando se conoce del aumento significativo de la violencia de género durante la pandemia, incluida la violencia sexual.
En nuestro país, la recientemente publicada encuesta Casen muestra un aumento de la población viviendo en situación de pobreza, que pasó de 8,6% en 2017 a 10,8% en 2020. Al entrar al detalle de este promedio, aparece que el tramo que mayormente se incrementa es el de pobreza extrema −de 2,3% a 4,3%−, afectando a más de ochocientas mil personas.
La encuesta muestra que el mayor crecimiento ocurrió en los hogares monoparentales (donde es más habitual que solo cuenten con un ingreso), que suelen estar encabezados por mujeres. En este sector el incremento fue de 11,8% a 15,2% entre 2017 y 2020. La pobreza también aumentó más en las familias no necesariamente monoparentales con jefas de hogar mujeres y en la población de origen extranjero.
La tasa de participación laboral de las mujeres pasó de 52,6% a 41,2% entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, cayendo 11,4 puntos porcentuales. El Banco Central explica que, por el lado de la demanda por trabajo, “la caída del empleo ha sido particularmente alta en los sectores con elevado contacto social, como comercio y servicios, todos intensivos en la contratación de mujeres”; por el lado de la oferta, “la participación femenina se ha visto impactada por la necesidad de dedicar mayor tiempo al cuidado del grupo familiar”.
Uno de los trabajos más golpeados por la crisis sanitaria es el que realizan las trabajadoras de casa particular, actividad que, además de estar altamente precarizada, no puede ser realizada de forma remota, de hecho, el 77,5% de las personas que se dedican a esta labor no tiene contrato y queda sin protección frente al no pago de su remuneración o un eventual desempleo.
Para Maira, si bien ha habido avances, “seguimos trabajando sobre la base de una violencia contra las mujeres, limitada, de una u otra manera, al espacio familiar. Y aún ahí, con respuestas insuficientes”. Para la experta, seguimos también trabajando sobre una sexualidad y una reproducción básicamente heterosexual y ligada al deseo permanente de una maternidad.
“La pandemia mostró claramente las debilidades de la política pública en ambos ámbitos. Mostró además otras realidades, como, por ejemplo, la crisis de los cuidados que sigue recayendo principalmente sobre las mujeres que efectúan todas estas labores dentro de la casa a nivel comunitario”, asevera.
Finalmente, considera que estando ahora en un contexto de formulación de una nueva Constitución, se deben colocar los derechos sociales, incluida la salud sexual y reproductiva, en el contexto del respeto a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia. Estos, “deberían ir acompañados de los instrumentos que permitan el ejercicio real de estos nuevos reconocimientos”, comenta.
Para ello, será necesaria una revisión de las políticas no solamente en cuanto a su ámbito, cobertura e impacto, sino también en términos de los recursos necesarios, para efectos de abordar las causas que subyacen a la violencia de género y a la negación de derechos sexuales y reproductivos en el país.
