Yo opino
Créditos: Foto de Ailen Díaz/ Agencia Uno
Hace ocho meses se inició el proceso constituyente, una posibilidad inaudita en la historia institucional de la política en Chile y el primero del mundo en ser paritario. La Convención Constitucional fue abierta desde las calles, tras décadas de movilizaciones que han sido ignoradas por los gobiernos democráticos del periodo de postdictadura. Diversas son las razones que hacen de esta experiencia un acontecimiento excepcional; su genealogía, composición y su fuerza destituyente. Todas, indicios claros de una voluntad política que emerge con fuerza desde los sectores populares que se organizan. El carácter sorpresivo no tiene que ver con la capacidad organizativa de la clase trabajadora, sino con su creciente interés por ocupar espacios de poder. La Revuelta Popular de octubre hizo común el deseo de interrumpir las estructuras que han hecho de la política un lugar reservado a un grupo privilegiado.
El amplio malestar de la población, la crisis de legitimidad de la democracia y de los partidos políticos, se ha expresado como potencia y deseo. Estalla precisamente porque la institucionalidad ha sido planteada para negar la participación efectiva de las grandes mayorías y resguardar que el poder sea ejercido por unos pocos. La irrupción de este deseo, que Julieta Kirkwood caracterizó en el feminismo de los años ochenta como “el ingreso triunfal de una fiesta en una sociedad lúgubre, monumental y masculina”, en la actualidad, está disputando los mecanismo formales que organizan la democracia. A diferencia de lo que observó Kirkwood, hoy las feministas no despreciamos el poder, queremos transformarlo. Y esto no indica el ascenso individual que ha protagonizado el mal llamado “feminismo” corporativo, porque la vitalidad del feminismo actual se manifiesta en un movimiento de masas que es anticapitalista.
A lo largo de este tiempo constituyente, y a través de un complejo e intenso trabajo, la Convención Constitucional ha ampliado las vías de participación popular; las 2.496 Iniciativas Populares de Norma que fueron consideradas admisibles y el fortalecimiento de las vocerías constituyentes, lo demuestran. La representación política que se ha empujado desde los Movimientos Sociales, entiende que la función de una/un convencional implica el actuar mandatada por lo que delibera el colectivo al que pertenece. Esto, aunque en abstracto se parece al texto fundacional de cualquier partido político socialdemócrata, en la práctica ha interrumpido las dinámicas tradicionales democráticas.
[cita tipo=»destaque»]El trabajo que se ha desplegado desde las fuerzas de izquierda presentes en la Convención, y en mayor medida a partir de las izquierdas feministas, ha tenido que enfrentarse con desafíos, límites y contradicciones [/cita]
El trabajo que se ha desplegado desde las fuerzas de izquierda presentes en la Convención, y en mayor medida a partir de las izquierdas feministas, ha tenido que enfrentarse con desafíos, límites y contradicciones. En la actualidad, por ejemplo, se está en una fase deliberativa en la que se discuten las 78 Iniciativas que alcanzaron las firmas requeridas para ingresar. Primero, en las comisiones temáticas, y, luego, las que se aprueben, en el Pleno. Si en este último no se consigue el apoyo de los ⅔, deberán ser reformuladas para volver a presentarse. El quórum de los ⅔ se ha impuesto como un límite y hay quienes han hecho un esfuerzo incesante para superarlo y procurar que la toma de decisiones sea lo más justa que permita esta regla. Sin embargo, ha sido difícil y se ha comprobado que las labores constituyentes necesitan de un tiempo diferente al que imponen las dinámicas tecnocráticas y patriarcales.
En el periodo anterior, cuando se presentaron las Iniciativas Populares, se agudizó la campaña de desprestigio en contra de la constituyente. Esta campaña, dirigida por la derecha y la centro-derecha, ha utilizado la tribuna de sus medios de comunicación, elaborando falsas acusaciones, sembrando miedos y amenazas. Acciones que dan cuenta de la desesperación que tienen los sectores dominantes ante el inicio de un ciclo que indica la pérdida de su hegemonía. Los grupos de poder que han levantado su superioridad en la comprensión de una patria en singular y en los márgenes de un sistema de partidos, que entre otras cosas, ha servido para elitizar la política, se dan cuenta que algo se les desmorona. Habrán notado que terminar con la patria potestad y con la nación de Guzmán, Pinochet y Lagos, es una de las manifiestas pasiones que conduce a esta revuelta.
Entre quienes participan de esta propaganda por el rechazo a la Convención, han aparecido diversos personajes de la ex Concertación, hombres y mujeres que gobernaron sobre un pacto de transición tramposo y elitario. Personas que ejerciendo labores públicas, tomaron decisiones que profundizaron la desmantelación del Estado Social de Derecho y engrosaron la brecha de una de las sociedades más desiguales del mundo. La misma clase política que criminalizó las demandas del pueblo mapuche y de tantas movilizaciones sostenidas desde 1989. La estrategia sistemática del rechazo en contra de la potencia destituyente que está abierta, da cuenta de lo asustados que están quienes han usurpado el poder político y económico. Tienen miedo ante el masivo interés de la población en participar de las decisiones políticas que les gobiernan. Miedo a que el bien común inspire el quehacer de la política y que las voluntades individuales del empresariado sean subordinadas a este. El deseo por transformar las condiciones de vida, por ampliar la democracia, las vías de politización y la justicia social, se ha manifestado de forma masiva y cada vez más orgánica.
Los nuevos cimientos que se construyan para la futura constitución deberán establecer que la soberanía reside en la participación política, continua y vinculante, de los pueblos. Es por esto que la decisión en torno a los mecanismos de participación, que se está discutiendo en la actualidad, es muy relevante. Y, particularmente, la votación en torno a la iniciativa sobre la «Participación en la Democracia y Representación Política» que fue presentada desde los Movimientos Sociales Constituyentes. Esta es una propuesta fundamental para transformar las circunstancias de la representación política dominante y avanzar hacia el establecimiento de dispositivos formales de participación y deliberación que contemplen la paridad sustantiva, los escaños reservados y la ponderación territorial como criterios básicos. Es urgente reconocer otras formas de organización política que han estado presente a través de la historia de los pueblos, además de la figura del partido, estrategias de organización que han sido negadas o asimiladas de manera autoritaria por las políticas estatales. Es necesario eliminar del ordenamiento constitucional todas estas trabas jurídico-políticas que son antidemocráticas. Del mismo modo, es apremiante democratizar las estructuras partidarias existentes, estableciendo regulaciones que otorguen a las bases militantes herramientas de sujeción democrática y programática a sus dirigencias. En la historia reciente del constitucionalismo latinoamericano se encuentran significativas contribuciones en esta materia, diversos marcos normativos que lograron ampliar la participación de manera sustantiva.
La insurrección que viene es esta fuerza que desmonumentaliza la institucionalidad vigente, y que entiende, no basta con articular una nueva. La irrupción de los pueblos como esa sostenida experiencia de politización de masas, como la voluntad que se hace común desde una sociedad fracturada y desposeída que logra abrir un espacio. Una grieta que crece porque comprende que el poder soberano no es el que ejerce un Estado a nombre de lo popular, sino, ese ímpetu colectivo, necesario para destituir la legitimidad del capital, para sindicar resistencias y luchas que nos permitirán reimaginar la política.
