BRAGA
El aumento del uso de redes sociales ha hecho que la violencia de género también se dé en el espacio virtual. Según ONU Mujeres, un 73% de las mujeres señala haber sufrido violencia digital. De esa forma, el caso Zárate es un hecho inédito a nivel nacional, pues es la primera vez que se tiene esa cantidad de denuncias, un acusado identificado y material investigativo que podía ir en ayuda de este grupo de 18 mujeres. Sin embargo, la medida cautelar definida para el culpable solo fue la libertad vigilada, dejando inconformes a todas aquellas víctimas de extorsión y sobrevivientes de la difusión de sus imágenes sin consentimiento.
La llegada de la pandemia por COVID-19 a Chile dejó a gran parte del país totalmente confinado durante varios meses. La virtualidad comenzó a abarcar todos los ámbitos de la vida, trayendo consigo un aumento de un 6,7% del uso de redes sociales, según el reporte entregado por Digital Global Overview 2021.
Con ello, explotó una problemática que viene creciendo en los últimos años y que se acentuó durante la crisis sanitaria, la violencia de género digital. “Este tipo de vulneraciones que sufren mujeres, niñas y adolescentes a través de internet, tiene por objetivo acallar, intimidar, y alejar a las mujeres del espacio virtual”, afirman desde ONG Amaranta.
Ejemplo de esto, es el caso de José Miguel Zárate, el hombre de 32 años que accedió sin consentimiento a las redes sociales de más de 30 mujeres durante 2021, sustrayendo videos y fotos íntimas de ellas para extorsionar y violentar a través de mensajes.
Las denuncias de al menos 18 de ellas llevaron a que el pasado 30 de noviembre Zárate fuera sentenciado a cuatro años de libertad vigilada por delito informático y amenazas condicionales, de la que solo cumplirá por dos años y 10 meses, debido a que se le restará el año y dos meses que estuvo en prisión preventiva.
Sin embargo, este caso vuelve a poner en la palestra las discusiones en torno a la necesidad de una legislación que tipifique la violencia de género en internet como un delito. Pero además, que el proceso de denuncia y acompañamiento sea adecuado, pues no existe un protocolo especializado para acoger denuncias de ciberacoso de carácter sexual y extorsión en la PDI, ni tampoco hay apoyo a las víctimas de este tipo de violencia en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).
Así lo afirman las víctimas, quienes mencionaron a Ciper, que “uno de los problemas a la hora de denunciar es que policías y fiscales no están preparados para protegerlas cuando se realizan las diligencias o cuando recogen sus testimonios”, cayendo muchas veces en la revictimización.
En conversación con El Mostrador Braga, la abogada especialista en derecho y tecnologías, quien orientó en la querella a las víctimas y es la fundadora de Datos Protegidos, Jessica Matus, asegura y comenta que dentro de todo el sistema involucrado, policías, fiscalía y el poder judicial, hace falta formación en cuanto a la violencia de género digital.
En esa misma línea, hay también una falta de instancias de reparación a las víctimas de estos casos, “debido a que si bien la libertad vigilada fue lo que se pudo obtener, probablemente sea insuficiente y no repare en realidad el daño que les produjo a estas mujeres, porque la violencia digital termina vulnerando sus derechos humanos en este entorno y que tienen que ver no solo con la intimidad, sino que con tu derecho a la honra y tu indemnidad sexual”, enfatiza Matus.
De hecho, las mujeres de este caso comentaron que ellas esperaban que José Miguel Zárate siguiera en la cárcel, pues para ellas “este es un delito tal cual como un asesinato, porque es como que te maten en vida”.
La directora de comunicaciones de ONG Amaranta, coordinadora del Proyecto Aurora y magíster en estudios de género, Karen Vergara Sánchez, hace la distinción entre la violencia de género digital y el ciberacoso, pues “cuando hablamos de violencia en estos espacios hacia ellas siempre incluye la exposición de su cuerpo, intimidad, imagen, autoestima. Los ataques suelen ser más personalistas e íntimos”.
“De esta forma lo distinguimos del ciberacoso a secas, ya que sentimos que en Chile y Latinoamérica es necesario ponerle un nombre a las violencias que vivimos, y creemos que términos como «ciberbullying», por ejemplo, son despolitizados y no nos permiten entender la profundidad de la situación. Niñas, mujeres y disidencias viven más violencia en los espacios digitales y muchas veces es ejercida por personas de su entorno cercano”, expresa la directora de comunicaciones.
De hecho, de acuerdo con ONU Mujeres, un 73% de las mujeres del mundo afirman que han sufrido algún tipo de violencia en línea. Aquella cifra no se aleja del acontecer nacional, ya que en 2020 ONG Amaranta se encargó de estudiar una encuesta aplicada, entre abril y junio de ese mismo año, a 531 mujeres, de 12 hasta 56 años de edad y de distintas regiones del país.
Este informe preliminar reveló que el 73,8% de las encuestadas había sufrido violencia por internet, es decir, un total de 392 mujeres. Entre los ataques más reportados, están la violencia verbal (66,4%), acoso y/o hostigamiento (59%), envío de videos o fotografías sin consentimiento (49,6%), difamación (24,5%) y amenazas (23,6%).
“Nosotras entendemos la violencia de género digital, no como algo nuevo, sino como una extensión de otras violencias que ya conocíamos: la física y psicológica, en el fondo internet es un vehículo que permite a ciertos sujetos acechar independiente de la distancia geográfica, órdenes de alejamiento, y más”, manifiesta Vergara.
Pero, ¿qué es lo que pasa en la vida de las víctimas de este tipo de situaciones? Según el informe “Violencia de género en Internet en Chile” (2018) entregado por la Fundación Datos Protegidos “este tipo de conductas afectan no solo el derecho a la privacidad de las víctimas, sino también a su seguridad e integridad psíquica, la protección de su información personal, el honor, su propia imagen y el derecho a la libertad de expresión”.
Esto lo confirma la magíster en estudios de género, pues a través de las investigaciones hechas desde Amaranta han encontrado que esta violencia deja consecuencias a nivel corporal, como dolor de cabeza y bruxismo, como también malestares psicológicos: angustia, depresión y aislamiento.
Esto sucede porque “muchas veces este tipo de violencia te hace sospechar de todas las personas, y por lo mismo quien la sufre suele alejarse de seres queridos por miedo a que le juzguen o que ellos mismos sean los perpetradores de la violencia”, expone la directora de comunicaciones
En cuanto al desarrollo social de las víctimas de violencia digital, esta puede afectar en la interacción con otras personas, pues suelen aislarse de su entorno, manifestar vergüenza y temor a exponer su imagen, explica Vergara.
“Pueden enfrentar dos situaciones: o tener «hiperdependencia de sus dispositivos» y es decir que quieran mirar en todo momento 24/7 sus teléfonos viendo qué se dijo de ellas, de su imagen y la violencia a cada segundo. O el aislamiento de los dispositivos, y por ende de perderse un espacio de comunidad”.
Desde ONG Amaranta mencionan que es importante que nuestros propios espacios, tanto para nosotras como para las otras personas, sean seguros, por ende es crucial mantener una escucha activa y conocer la experiencia de nuestros seres queridos en internet.
“Entender que existe este tipo de violencia nos llevará a notar estos aislamientos, temores, vergüenza, miedo a exponer la identidad y otras características. Existe vergüenza de contarlo y que el resto de personas no te entiendan porque su experiencia en internet es distinta (o nula)”, explica la coordinadora del Proyecto Aurora.
Por otra parte, encuentra fundamental avanzar en el proyecto de Ley #NoMásViolenciaDigital, el cual busca penalizar los tipos de violencia recurrentes en las redes sociales como el acoso digital, el doxing (difusión de datos personales), la suplantación de identidad, la difusión no consentida de fotografías, como es el caso de Zárate, el ciberflashing (exhibición de contenido no solicitado), entre otros.
Sin embargo, si bien para Matus es esencial tipificar estos delitos, menciona que la pena estipulada en este proyecto, una multa de hasta 600 UTM, unos $36 millones aproximadamente, es insuficiente y no proporcional a la gravedad del hecho.
“Este hombre tenía en su dispositivo carpetas de 30 mujeres, incluso, podrían haber sido más, todas divididas y clasificadas por nombre. Creo yo que este acto es sistemático, porque él nunca paró de violentar a estas mujeres durante esos meses”, en donde no solo sustrajo sus imágenes, sino que también, las extorsionó y difundió, expresa la fundadora y directora de Datos Protegidos.
Además, el victimario tenía conciencia de las fallas del sistema, pues las denunciantes relataron a CIPER que a la hora de advertirle que irían a realizar la denuncia él se mofaba de ellas, incluso, a una de las mujeres le enrostró que llevaba “más de 10 años hackeando cuentas”.
De esa forma, avanzar en políticas públicas, programas reparatorios para mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia y una buena educación digital, también resulta necesario para la abogada. No obstante, “yo creo que el Estado no ha entendido la gravedad de este fenómeno, pero no lo entiende ni la dimensiona porque no hay datos concretos, entonces, lo primero es contar con información y evidencias”.
Así también lo afirma Vergara, en donde además destaca la importancia de ponerle nombre a este tipo de violencias, pues de esa manera se podrán “visibilizar y tener estadísticas más allá de las generadas por fundaciones y colectivas feministas, posicionando el tema al nivel de la sociedad civil”.
“Hago el llamado al ministerio de la mujer, a las policías y a las distintas instituciones a considerar la violencia en estos espacios, y a reconocer a las víctimas y su derecho a denunciar o constatar los hechos”, enfatiza la magíster en estudios de género.
La integrante de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, Constanza Wikter, menciona que resulta clave también avanzar en una educación sexual integral en las escuelas, ya que esta se enfoca primero en la prevención del abuso sexual, haciendo conscientes a infancias y adolescencias del respeto por su cuerpo, del autocuidado, la afectividad y el autoconocimiento.
“De este modo, se dota de herramientas a NNA para reconocer situaciones de riesgo a fin de evitarlas y, en caso de identificar vulneraciones, poder acudir a sus cuidadores. Así también se avanza en una educación libre de estereotipos y prejuicios, porque cuando la situación de violencia ocurre, aun cuando sea necesario contar con mecanismos de atención y reparación, ya llegamos tarde. La prevención es la puerta para un espacio sin violencia y para ella, la educación es la llave”, explica.
La violencia en el espacio virtual se ha extendido y tal como menciona a La Tercera la coordinadora de ONU Mujeres Chile, María Inés Salamanca, “la manera de relacionarnos durante la pandemia ha dejado en evidencia que el mundo digital requiere con urgencia de acciones y políticas con enfoque de género”.
Si bien la PDI no cuenta con un protocolo especializado para acoger este tipo de denuncias, desde 2021 la Brigada de Cibercrimen Metropolitana, cuenta con un equipo especializado en la Investigación contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que investigan entre otros temas los delitos sobre violencia de género digital, manteniendo un WhatsaApp las 24 horas abierto para recibir denuncias de este tipo (+56 9 34599762).
