BRAGA
En enero de 2022, el Presidente Gabriel Boric anunció su gabinete ministerial, el primero en la historia conformado mayoritariamente por mujeres y con ellas ocupando puestos claves. Allí asumió la más joven de las ministras, Antonia Orellana Guarello. Periodista, activista y una de las fundadoras del partido al cual pertenece el presidente -Convergencia Social-, permanece en el cargo luego de cambios y renuncias de sus pares. Es parte del Comité Político y aunque existen voces que desaprueban su gestión, desde otros sectores se destaca el hecho de que promulgó leyes sobre el suicidio femicida, de reparación para víctimas y sus familias, así como la Ley de Responsabilidad Parental, que son vistas como grandes avances.
Periodista, activista secundaria y feminista, fue también parte del equipo programático de la candidatura de Beatriz Sánchez y militó en diferentes organizaciones y partidos, además de participar de la fundación de Convergencia Social (CS), al cual también pertenece el Presidente Gabriel Boric. Antonia Cósmica Orellana Guarello coordinó la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) por la ley de paridad en el proceso constituyente 2020, y una articulación de mujeres por el Apruebo.
Con todo ello, el 21 de enero de 2022 arribó a La Moneda para ser parte del primer gabinete del Presidente Gabriel Boric, con el cargo de Ministra de la Mujer y Equidad de Género, puesto que aún conserva.
A sus 32 años, asumió el liderazgo de un espacio que en contexto de revuelta social tomó protagonismo a través de la campaña #NoTenemosMinistra, en la cual se acusaba a Isabel Plá por su actuación ante violaciones de derechos humanos, la crisis social y sanitaria tras la pandemia de COVID-19.
La actual ministra tampoco asumió en un momento fácil: con una crisis económica robusta y números rojos (aún), especialmente para las mujeres, se enfrentó también a las acusaciones de acoso realizadas en contra del Presidente y un movimiento feminista a la espera de cambios estructurales ante la asunción del primer gobierno autoproclamado feminista.
A un año y medio de la asunción de la ministra más joven y a la izquierda del presidente Boric, el análisis de especialistas de la ciencia política y de organizaciones feministas y LGBTQAI+ es agridulce y va desde una valoración positiva, en la cual se destaca su protagonismo e incidencia en el gobierno, hasta la desazón de una gestión cuya “única diferencia”, dicen algunas voces, está en “el discurso”.
Todos los lunes, una instancia fundamental para el ejercicio del gobierno tiene lugar en el Palacio de La Moneda: el Comité Político. Junto al Presidente, titulares de Interior, Segegob, Segpres, Hacienda y Desarrollo Social (MDS) se reúnen para coordinar las acciones del gobierno. Entre ellas y ellos se encuentra la ministra Orellana, una incorporación tan atípica como relevante y, tal vez, un gesto del autoproclamado gobierno feminista.
Esta distinción fue subrayada por la mayoría de las fuentes consultadas para esta evaluación quienes, junto con ello, destacaron que pese a ese lugar, la gestión no dista de limitaciones.
Para la académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Nerea Palma, tanto la gestión del Presidente Boric como de la ministra Orellana, tuvieron un periodo “muy corto de luna de miel” o incluso duda si existió. Al respecto, sostuvo que “la agenda de género era un eje transversal y relevante dentro del programa de gobierno de Boric (…) se esperaba que la gestión de la ministra Orellana sea una de avances en cuanto a demandas feministas”.
Igualmente, explicó que el cambio de la agenda pública impactó en la agenda del propio gobierno y con ello, en la del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tiene el desafío de “adecuarla”, priorizando ejes claves.
“No ha sido sencillo conducir este ministerio en el contexto del resultado del plebiscito pasado y de las elecciones de Consejeros Constitucionales del 7 de mayo, especialmente esta última, dado que la ciudadanía escogió, de manera mayoritaria y con voto obligatorio, al Partido Republicano para liderar el segundo tiempo de este proceso: una visión ideológica de corte conservador”, detalló.
La doctora en Ciencias del Trabajo y académica de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Ana María Fernández, coincidió en la lectura del contexto: “no ha permitido que la agenda pública incluyera en primera línea abrir discusiones referidas a las temáticas de género”, apuntó.
Y en relación a sus pares, como las ministras Jeanette Jara, Carolina Tohá o Camila Vallejo, Orellana -a su juicio- ha ocupado “un perfil más discreto”, y probablemente sea ese el motivo de la “invisibilización de sus logros”, aunque opina que “van bien direccionados”.
Agrega que estos se han centrado en aspectos muy estratégicos, “que permitirán sentar bases sólidas para seguir avanzando en la igualdad de género en el país” y que “es especialmente relevante la estrategia de fortalecer el enfoque transversal de género en las políticas públicas sectoriales, donde se está avanzando de forma pertinente”, distinguió la académica.
Igualmente, la académica de la UAH subrayó otros avances, como el establecimiento de la mayoría de edad como requisito esencial para la celebración del matrimonio (Ley 21.515) y “una mayor inclusión” de las minorías y disidencias LGBTQAI+, que aún “tiene muchos desafíos pendientes”.
En tanto, desde la ONG La Rebelión del Cuerpo, Natassja de Mattos valoró de manera positiva la gestión de un ministerio que, aseveró, marca “un precedente”, mencionando la promulgación de leyes como la que tipifica la inducción o el suicidio femicida, la Ley de reparación para víctimas de femicidio y sus familias y la Ley de Responsabilidad parental, todo lo cual indica que marca un diferencia “inmensa” entre Orellana con y las anteriores ministras.
“No solo estamos hablando de una mujer feminista que viene de un activismo articulado en diferentes espacios tanto institucionales, partidistas y de la sociedad civil, sino de un liderazgo muy marcado y sin medias tintas”, dijo, agregando que “deja la vara alta” a sus sucesoras.
Las voceras de la coordinadora 8M Camila Olmos y Sofía Rodríguez resaltaron, en primer lugar, que reducir las demandas del movimiento feminista al quehacer de un solo ministerio “sería un error”.
Sin embargo, al evaluar el trabajo de la institución acusan no haber visto avances concretos, por ejemplo, en una disminución del número de femicidios, “así como tampoco avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, ni en la lucha contra la impunidad a 50 años de la dictadura civil-militar”.
Si bien sintonizaron en la mirada de un ministerio “más activo” que los anteriores y destacaron la “presencia institucional”, la deuda histórica del Estado con la diversidad de mujeres es una constante y un desafío para la sociedad en su conjunto, afirmaron.
Entre otras urgencias, destacaron la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, instalar la necesidad de mujeres, personas trans y no binarias a que exista acceso efectivo al aborto como un derecho básico, impulsar la Educación Sexual Integral (ESI) como una forma de prevención de las violencias y una formación obligatoria, transversal y profunda a todos los funcionarios y funcionarias del Estado en materia de violencias, discriminaciones y derechos humanos.
Sobre este tema, la vocera del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Javiera Zúñiga, enfatizó una de las críticas más duras hacia el ministerio.
“La única diferencia ha sido en el discurso. La actual administración, al menos en 2022, se pronunció repetidamente a favor de los derechos LGBTIQAI+, pero ello no se tradujo en ningún avance significativo”, indicó y recordó la omisión de la ministra cuando se le quitó urgencia al Proyecto de Ley que declara al 9 de julio como Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Su gestión, en suma, no tuvo hasta ahora ninguna diferencia en relación a lo hecho por otras ministras, según su postura.
Por su parte, la ministra Antonia Orellana explicó que el ingreso del ministerio en el Comité Político efectivamente no fue un hecho azaroso y tuvo que ver con la decisión de “incorporar el enfoque de género en las decisiones centrales del gobierno”, lo cual se vio reflejado en debates en relación a temas como las 40 horas y su enfoque en corresponsabilidad, la propuesta de reforma previsional que reconoce las lagunas por maternidad o cuidados, los planes de recuperación con foco en la empleabilidad de las mujeres y otras iniciativas.
En relación a lo planteado por el Movilh, respondió que en un año y medio de gestión se han dado “señales concretas” a las personas LGBTQAI+, argumentando que “el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto a Coordinación Sociocultural de la Presidencia, durante el 2022 conformó una mesa con 42 organizaciones que se reunió periódicamente para sistematizar y priorizar sus demandas. Este año, en seguimiento a esa mesa, se suscribió un convenio interinstitucional para el abordaje integral de la violencia contra la comunidad y se promovió que 15 compromisos ministeriales y 48 metas de 12 ministerios incluyeran a la comunidad LGBTIQA+”, agregando que se viene la ejecución de los compromisos.
A la par, detalló que la actualización del IV Plan de Igualdad 2018-2030 considera metas transversales y específicas para las mujeres de las diversidades y las disidencias, por primera vez con compromisos intersectoriales. En esta línea, destacó la nueva institucionalidad antidiscriminación que se alojará en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
“Reactivamos el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que llevaba seis años en el Congreso. Para el 2023 incrementamos en un 8.7% del presupuesto en su mayoría destinado a fortalecer los programas de Sernameg, para dar una respuesta más efectiva a las mujeres que viven violencia, lanzamos la guía de salud menstrual destinada a profesionales que trabajan con niñas y adolescentes y mujeres; y presentamos el Manual de fiscalización para garantizar la correcta aplicación de la ley de aborto en tres causales”, especificó.
Finalmente, la ministra más joven del gobierno recordó que están ejecutando jornadas que servirán de insumo para la presentación del proyecto de ley de Educación Sexual Integral, así como ocurrió con las jornadas de conversación ciudadana para la presentación de un proyecto de Sistema Nacional de Cuidados, que se presentará a fines de 2023, entre otros aspectos.
“Sin duda que nos gustaría ir más rápido, pero los resultados dan cuenta que vamos por el camino correcto (…) muy pronto será ingresado el proyecto de ley de conciliación de Trabajo y vida familiar (…)”, apuntó.
“Nuestra prioridad legislativa es la pronta aprobación del proyecto de ley para una vida libre de violencia (…) Asimismo hemos ingresado indicaciones al proyecto que modifica la sociedad conyugal y esperamos pronto pueda ser ley, cumpliendo un desafío pendiente que impulsaron y llevaron adelante no solo mis antecesoras en el cargo, sino que es también una demanda histórica de las mujeres en la búsqueda de igualdad”, cerró.
