Aborto hasta las 14 semanas: en qué consiste el proyecto que comenzó su discusión en el Congreso

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados inició esta semana la discusión del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La propuesta, presentada por el Ejecutivo, busca superar las limitaciones de la actual normativa que solo permite el aborto en tres causales —violación, riesgo vital de la madre o inviabilidad fetal—, vigente desde 2017.

El proyecto incorpora a las matronas entre las profesionales habilitadas para prescribir medicamentos asociados al procedimiento y mantiene las normas de objeción de conciencia, tanto personal como institucional. Según el Gobierno, el objetivo central es que las mujeres, adolescentes y niñas puedan acceder al aborto de manera segura, con información oportuna y sin demoras innecesarias en el sistema de salud.

Las cifras indican que se realizan ente 40.000 y 170.000 abortos clandestinos al año y se registran más de 20 mil hospitalizaciones vinculadas a abortos clandestinos.

Por eso la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha destacado que se trata de un paso clave en el cumplimiento del compromiso presidencial y que las cifras del sistema de salud confirman que las mujeres siguen abortando clandestinamente.

“Tal como nos encomendó el Presidente en la Cuenta Pública a la nación, vamos a iniciar el debate asumiendo que en esto no hay verdades reveladas, asumiendo que en esto nadie tiene el monopolio de la opinión pública, pero que sí hay posiciones que merecen ser debatidas, porque en la práctica, mientras este debate espera y las cifras del sistema de salud lo confirman, las mujeres siguen abortando clandestinamente”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Patricio Rozas (Frente Amplio), declaró que “vamos a dar todas las garantías para que el proyecto sea visibilizado, explicado, escuchado y conversado desde todos los puntos de vista”.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, diputada Alejandra Placencia (PC), celebró el inicio del debate. “Niñas, mujeres y adolescentes requieren garantías que el Estado de Chile hoy no está dando. Su posibilidad de decidir es parte de la justicia y la democracia”, señaló.

Desde la sociedad civil, Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, agregó que “las mujeres y niñas de este país merecemos que esta discusión ocurra, que el Congreso hable sobre nuestros proyectos de vida y que seamos escuchadas”.

¿En qué consiste el proyecto?

La propuesta no elimina la Ley IVE de tres causales, sino que la amplía, estableciendo un plazo definido de 14 semanas para abortar por cualquier motivo, con respaldo en el sistema público y privado de salud, y con medidas para asegurar acceso, seguridad e información.

• Interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas: Permite a mujeres, adolescentes y niñas acceder a un aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación, sin necesidad de acreditar una causal. Supera la actual Ley IVE en 3 causales (vigente desde 2017).
• Garantía en el sistema de salud: El procedimiento debe realizarse en el menor tiempo posible, evitando retrasos que compliquen el acceso. Obliga a entregar información completa, veraz y objetiva sobre la regulación, derechos y condiciones de acceso.
• Profesionales habilitados: Además de médicos, el proyecto incorpora a matronas como profesionales autorizados para indicar y prescribir los medicamentos necesarios para la prestación.
• Objeción de conciencia: Mantiene la normativa actual sobre objeción de conciencia, tanto personal como institucional. No amplía ni restringe las reglas ya existentes en la Ley IVE.
• Derechos y seguridad: Busca garantizar que la decisión se realice en condiciones seguras, reduciendo los abortos clandestinos que hoy generan más de 20.000 hospitalizaciones al año y algunos fallecimientos.

Un debate con resistencia

El camino legislativo se anticipa complejo. La oposición y la Democracia Cristiana han adelantado que no entregarán sus votos a la iniciativa. “Chile no es un país abortista”, declaró la diputada Ximena Ossandón (RN). Su par Jorge Guzmán (Evópoli) sostuvo que el proyecto es “una cortina de humo para tapar los problemas del gobierno”.

Incluso dentro del oficialismo, el tema genera tensiones. La candidata presidencial Jeannette Jara, militante comunista respaldada por la DC, decidió excluir la propuesta de aborto libre de su programa de gobierno, en un gesto interpretado como un guiño hacia los falangistas.

El ingreso del proyecto se enmarca en una agenda más amplia de derechos sexuales y reproductivos impulsada por el Ejecutivo. En los últimos años, el Ministerio de Salud ha incorporado coberturas como el examen de reserva ovárica, tratamientos para la endometriosis y anticonceptivos de larga duración.

Además, desde la entrada en vigencia de la Ley IVE en tres causales, en 2017, se han registrado 6.249 casos en centros de salud, principalmente por violación en niñas de 13 años. Según cifras de la Corporación Miles, entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por aborto, incluso en casos de abortos espontáneos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a un debate “con altura de miras y basado en evidencia científica”, mientras que el titular de Justicia, Jaime Gajardo, enfatizó que la propuesta busca terminar con la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo dentro del plazo establecido.

Lo que viene

La iniciativa deberá pasar por las comisiones de Salud y de Constitución de la Cámara de Diputados, antes de llegar al Senado. Aunque el Gobierno busca darle urgencia legislativa y despacharlo en un mes, el escenario político augura un debate áspero, donde se cruzarán convicciones ideológicas, posiciones éticas y cálculos electorales.

“Para los derechos de las mujeres nunca han estado todos los votos, pero lo importante es que este debate se dé”, recalcó la ministra Orellana.