Un año de Ley Karin: avancemos a un pacto por espacios laborales libres de violencia y acoso

La violencia y el acoso en el mundo del trabajo no pueden ser vistos como hechos aislados, ni mucho menos como temas secundarios en la agenda laboral. Lo hemos dicho de forma incansable: la Ley Karin no es solo una norma, es una oportunidad histórica para transformar los entornos laborales en espacios más dignos, justos y seguros para las trabajadoras y trabajadores, especialmente para las mujeres, que históricamente hemos sido las más afectadas por estas prácticas naturalizadas e invisibilizadas.

Hoy, a un año de su entrada en vigencia, la Ley Karin ha demostrado que el problema estaba ahí, enquistado en nuestras relaciones laborales, cubierto de silencio y miedo. Las cifras de denuncias son una señal clara: esta ley destapó la olla. Pero también evidenció las limitaciones que enfrenta el sistema para responder con la urgencia y profundidad que este fenómeno requiere.

Por eso, desde la Central Unitaria de Trabajadores, hacemos un llamado claro y urgente a avanzar en un gran pacto nacional por espacios laborales libres de acoso y de todo tipo de violencia, un compromiso real y concreto entre el Estado, los empleadores y las y los trabajadores. Este pacto no puede quedarse en declaraciones de buenas intenciones. Necesitamos que cada uno de estos actores ponga a disposición herramientas reales: dotación suficiente para fiscalizar, inversión pública y privada para prevenir, y, sobre todo, voluntad política para actuar frente a la violencia y acoso en los entornos laborales.

Fortalecer la implementación de la Ley Karin no es sólo capacitar o diseñar protocolos; es garantizar equipos especializados en la gestión de denuncias, acompañamiento a víctimas, fiscalización efectiva y sanciones oportunas. Es asegurar que en cada espacio de trabajo –desde una pequeña empresa hasta un gran hospital público– existan condiciones mínimas para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de violencia.

En ese sentido, es urgente fortalecer a la Dirección del Trabajo. No basta con exigirle que cumpla un rol clave si no cuenta con las herramientas para hacerlo. Necesitamos que se le dote de capacidades reales de prevención, fiscalización y sanción, con equipos formados, presencia territorial y atribuciones que permitan actuar de forma oportuna y eficaz. No podemos seguir dependiendo de una institucionalidad debilitada cuando se trata de proteger la integridad y dignidad de las y los trabajadores.

Este pacto por espacios laborales libres de violencia también debe reconocer que el problema no se soluciona solo con leyes. Es necesario un cambio cultural profundo, que cuestione las jerarquías abusivas, los liderazgos autoritarios, las discriminaciones normalizadas. En eso, el rol del Estado es clave, no sólo como garante, sino como empleador ejemplar. Y los empleadores, grandes y pequeños, deben asumir su responsabilidad en construir ambientes seguros, entendiendo que la prevención de la violencia también es productividad, también es sostenibilidad.

Y, por cierto, las y los trabajadores tenemos mucho que decir. La experiencia sindical, la organización en los territorios, el trabajo cotidiano con las víctimas de violencia laboral, nos ha dado herramientas y saberes fundamentales. Por eso exigimos un espacio real y vinculante en esta tarea. No puede haber pacto por espacios laborales libres de violencia sin nosotras.

Hoy, cuando la crisis de cuidados, la precarización del empleo y las brechas de género siguen marcando la vida de las trabajadoras, no hay tiempo que perder. El momento es ahora. Chile necesita avanzar con decisión hacia un nuevo trato en el mundo del trabajo, y eso empieza por garantizar que ningún espacio laboral tolere la violencia.

Hagamos de la Ley Karin una política transformadora, no solo una norma más. Pongamos en el centro la dignidad, el respeto y el derecho a trabajar sin miedo. Ese es el país que las trabajadoras y trabajadores merecemos. Y ese es el compromiso que la CUT seguirá defendiendo en todos los espacios.