Paridad inclusiva: el desafío de superar el binarismo en la democracia chilena

En la antesala de las elecciones parlamentarias de 2025, la definición de listas ha vuelto a exponer una práctica que erosiona la confianza ciudadana: el predominio de cálculos cupulares por sobre criterios democráticos. En vez de construirse desde liderazgos con arraigo territorial, trayectoria social y capacidad de representar la diversidad del país, las nóminas terminan configuradas como un reparto entre élites, donde se repiten nombres conocidos, casi siempre masculinos, y se cierran espacios a liderazgos alternativos capaces de renovar la política.

El resultado es visible en varios distritos y regiones: listas compuestas exclusivamente por hombres, que constituyen una provocación a la idea  misma de representación. Un Parlamento que excluye a mujeres y disidencias difícilmente puede dar cuenta de la pluralidad de intereses que atraviesan a la sociedad. La legitimidad de sus integrantes se resquebraja cuando quienes lo conforman jamás han vivido en carne propia la experiencia de la exclusión, la discriminación o la violencia política.

Estas negociaciones partidarias, muchas veces opacas y dominadas por élites masculinas, perpetúan la desigualdad bajo el disfraz de la estrategia electoral. Y lo que podría ser un ejercicio de ampliación democrática se transforma en una democracia restringida, donde amplios sectores quedan fuera de los espacios de deliberación. Es aquí donde el debate sobre cuotas y paridad cobra toda su relevancia: es claramente insuficiente la representación de un binarismo hombre/mujer, ya que que si aspiramos a una democracia legítima, es indispensable ampliar sus cimientos hacia la inclusión de identidades de género, con reglas capaces de reflejar la pluralidad real de la sociedad. En este sentido, persistir en un esquema binario es insistir en la exclusión; avanzar hacia la paridad inclusiva es abrir la política al futuro.

Ahora bien, esta resistencia a la inclusión no es patrimonio exclusivo de la derecha, históricamente aferrada a preservar privilegios. Es más, hoy aflora también en las propias fuerzas progresistas, donde las tensiones internas entre sus bases y dirigencias revelan la distancia entre los principios éticos que proclaman -justicia social, dignidad, derechos- y las prácticas concretas de definición de candidaturas.

Con la Convención Constitucional (2021–2022), Chile alcanzó un reconocimiento mundial: por primera vez un órgano constituyente aseguró paridad efectiva mediante la corrección de resultados. Fue un paso histórico que demostró que sin paridad no hay democracia legítima. Sin embargo, el mecanismo se limitó al binarismo hombre/mujer y no abrió un espacio real a otras identidades de género que también exigen visibilidad y reconocimiento político.

Lo paradójico resulta de los modelos de cuotas y de paridad binaria, que si bien abrieron camino a las mujeres, al mismo tiempo muestran límites claros. Si pensamos en los sistemas proporcionales por listas, no basta con contar candidatos hombres y mujeres, es importante considerar cómo se ordenan esas candidaturas y qué ocurre después del escrutinio. La experiencia comparada de organismos como IDEA Internacional, la Red de Conocimientos Electorales ACE y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) lo confirma, las cuotas sin reglas de ubicación acaban produciendo “listas simbólicas”, que cumplen con la norma en el papel, pero dejan a quienes ocupan esos cupos sin ninguna opción real de llegar a un escaño. Y esto es justamente, lo que se crítica desde los mismos sectores progresistas, no basta con enarbolar discursos para ampliar derechos, si en la práctica no se transforman en acciones, que en este caso podrían sumar en la papeleta, más candidatas mujeres y personas con diversas identidades de género.

Si consideramos una tríada fundamental: zipper (alternancia estricta en las listas), mandatos de ubicación (que obligan a incluir mujeres y disidencias en posiciones competitivas) y correctores post-electorales (que aseguran paridad efectiva en los resultados). Este diseño puede ser un camino posible, en tanto la democracia se juega tanto en la confección de las nóminas como en la corrección de los desequilibrios finales.

Una arquitectura para la paridad inclusiva

Aquí resultan decisivos los aportes de Nancy Fraser, quien recuerda que la justicia no puede pensarse únicamente como redistribución, sino también como reconocimiento. Llevado al terreno electoral, esto significa que no basta con repartir escaños entre hombres y mujeres, sino más bien es preciso reconocer la multiplicidad de identidades de género que configuran el tejido social. Esa idea abre paso al concepto de paridad inclusiva o paridad ampliada, entendida como un estándar democrático que no solo equilibre la representación, sino que también dialogue con desigualdades sociales, étnicas y territoriales.

Desde otro ángulo, los feminismos decoloniales, con autoras como Mara Viveros Vigoya, advierten que la inclusión no puede reducirse a categorías abstractas. Debe ser interseccional y situada, es decir, comprender cómo género, raza, clase y territorio se cruzan en experiencias concretas de exclusión. Por su parte, las perspectivas queer críticas al binarismo, entre ellas Judith Butler, han mostrado cómo las políticas de género pueden terminar fijando identidades rígidas y dejando fuera a quienes no encajan en las categorías oficiales. Una paridad que se limite a reconocer hombres, mujeres y, en algunos casos, un casillero “no binario” corre el riesgo de reproducir la misma lógica de exclusión que dice combatir.

Estos marcos teóricos no son meras reflexiones académicas. Funcionan como brújulas políticas: ofrecen márgenes para la acción institucional y abren un campo de disputa en el terreno de las ideas. En última instancia, allí se decide si la paridad queda reducida a un mecanismo técnico o si se transforma en una arquitectura capaz de ampliar de verdad la democracia.

Al contrastar con otros países donde ya se reconocen identidades no binarias en documentos oficiales, como son Argentina, Alemania, Australia o México, el procedimiento que implementa un corrector ex post de sustitución para personas no binarias representa un avance técnico, sin embargo reconoce únicamente a quienes portan un documento con esa categoría, dejando fuera a un abanico más amplio de identidades de género: trans, travestis, queer, intersex, de género fluido, por mencionar algunas.

Frente a ese límite, han aparecido alternativas como la autoidentificación amplia en las candidaturas, los cupos específicos para identidades históricamente marginadas o los modelos gender+ que combinan género con otras desigualdades. Ninguna es una fórmula mágica, pero todas se enfocan en la premisa acerca de la disputa de la democracia y que ampliar la representación exige superar las restricciones del binarismo.

Reconocemos entonces, que el problema de fondo no es técnico, sino político. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la democracia no puede seguir reduciéndose al binarismo hombre/mujer?, ¿Podemos reconocer que la representación solo será legítima si incluye también a quienes viven otras identidades de género?

Avanzar hacia una democracia paritaria inclusiva implica combinar mecanismos ex ante con correctores ex post multigénero e interseccionales. Se trata de pasar del gesto simbólico a la transformación estructural, abriendo espacios de representación a quienes hasta ahora permanecen en los márgenes de la política institucional.

En un escenario donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas se encuentra debilitada, insistir en un modelo binario es persistir en la exclusión. Apostar por una paridad inclusiva, en cambio, significa ampliar el horizonte democrático, redistribuir poder y reconocer la dignidad de todas las identidades. Esa sigue siendo, hasta hoy, una promesa incumplida de nuestra democracia.