Tenemos fe en nosotras: por la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quisiéramos volver atrás y detenernos en situaciones que, increíblemente, siguen ocurriendo en pleno 2025. Hace algunas semanas vimos un retroceso con el diputado Leonidas Romero y su propuesta “Tenemos fe en dios”, un intento de retroceder en derechos fundamentales que costaron años de lucha y que hoy protegen a mujeres, niñas y personas gestantes en situaciones límite. Hablar de ello no es solo un ejercicio de memoria, sino una urgencia para discutir sobre salud, higiene y las múltiples problemáticas que rodean al aborto, recordando siempre que se trata de un derecho que garantiza la dignidad y autonomía de mujeres, niñas y personas gestantes.

El proyecto fue retirado a los pocos días por el mismo Diputado, sin embargo, levanta dudas y preocupaciones importantes cuando de derechos reproductivos se trata que consideramos pertinente referirnos. No es casualidad, que proyectos y discursos como estos sean promovidos precisamente en 2025: siendo un año electoral, nuestros derechos pasan a ser sujeto de debate. Como señala Simone de Beauvoir, “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.

No es un detalle menor: en los siete años que lleva vigente la ley, 351 menores de edad han abortado por alguna de las tres causales. El 85% de esos casos fue por violación. ¿Estamos dispuestas como sociedad a mirar hacia otro lado y obligar a esas niñas y jóvenes a continuar con embarazos forzados? Hablar de maternidad deseada no es un eslogan: es la base de un proyecto de vida digno.

Nuestros derechos sexuales y reproductivos no son concesiones que dependen del clima político, sino garantías fundamentales para vivir con autonomía y salud. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no solo es un resguardo legal: es también una herramienta para fortalecer la salud pública en Chile, donde todavía entre 30.000 y 150.000 abortos clandestinos ocurren cada año, en condiciones inseguras y sin acompañamiento médico.

Quienes defendemos estos derechos no lo hacemos por comodidad, sino por convicción: porque sabemos que retroceder es condenarnos a las más vulnerables a la clandestinidad, al silencio y al dolor. En un país donde la justicia reproductiva sigue siendo una deuda, nuestra voz y nuestra resistencia son la única garantía de que la historia no se escriba en contra nuestra.