En víspera del Dia Mundial del libro y el Derecho de Autor
En términos generales, la Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) apunta a aumentar los pobres índices de lectoría, con el fin de formar «ciudadanos y ciudadanas, creativos, reflexivos y participativos». Para editores y académicos, la idea y el fin resultan encomiables, el problema -vislumbran- aparece con la implementación, la que ha tenido más de un tropiezo debido a los constantes cambios en el equipo a cargo de ella lo que ha evidenciado una falta de autoridad y vacío en la toma decisiones.
A un año de que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) lanzara la Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) 2015–2020 y en víspera de que se celebre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, editores y académicos alertan sobre los problemas de la iniciativa gubernamental. Hay un apoyo transversal al Plan en sí, que se formuló recogiendo las distintas visiones del sector, pero no a su implementación.
En términos generales, la PNLL apunta a aumentar los pobres índices de lectoría, con el fin de formar «ciudadanos y ciudadanas, creativos, reflexivos y participativos». Según la Encuesta de Comportamiento Lector de 2014, un 44% de la población declara leer al menos un libro al año, mientras en países como Finlandia cada persona lee, en promedio, 40 libros al año.
Su objeto son los libros impresos en papel, y sus acciones se dirigen a garantizar el acceso y promoción de la lectura de estos materiales. El proyecto vincula diferentes entidades gubernamentales con entidades de la sociedad civil. Esto también complejiza el proceso.
Todos los consultados coinciden con Pablo Chiuminatto, académico de la Universidad Católica y consejero del CNCA, quien admite que es difícil evaluar el proyecto en corto plazo. Sin embargo, este especialista apunta a una de las aristas: «los cambios permanentes en los equipos a cargo».
Por ejemplo, en febrero pasado, fue cambiaba la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura. Paula Larraín, ex gerenta de Biblioteca Viva de Fundación La Fuente, reemplazó en el cargo a Regina Rodríguez, que renunció tras dos años en el cargo. Para Francisca Muñoz, directora ejecutiva de la Asociación de Editores Independientes, esto «ha generado alteración en la agenda de encuentros, por lo que ha sido menos efectivo el trabajo de las comisiones».
Actualmente se está trabajando en Mesas, las que fueron descompuestas en siete Comisiones: Distribución, Internacionalización, Comunicación, Pueblos Originarios, Bibliotecas, Mediación y Compras Públicas. Sin embargo, la multiplicidad de funcionarios, muchos de ellos sin autoridad suficiente, debilita su trabajo.
«Mientras no se implemente por completo es difícil hablar de falencias del Plan», admite Muñoz. Sin embargo, dice que «por ahora se reflejan en la representatividad de los funcionarios de distintos Ministerios, o de algunas instituciones públicas que participan de las Comisiones».
También menciona «la falta de autoridad y de decisión de algunas de las personas que han sido enviadas a participar de estas Comisiones, no permite una real implementación de Plan de manera conjunta entre el mundo público y privado».
«Recomendaríamos que el Consejo Nacional del Libro y la Lectura vuelva a liderar las comisiones, a organizar y coordinar las diferentes reuniones, convocando a las personas idóneas del sector público; e informe de los avances concretos de esta implementación», concluye la representante de las editoriales independientes.
Viviana Azócar, gerente general de la Cámara Chilena del Libro, elogia el Plan. Sin embargo, por la variedad de actores que están siendo consultados desde la sociedad civil, el mundo editorial, pueblos originarios, etc., y la importante cantidad de ministerios y servicios involucrados, advierte que «es fundamental no perder la brújula en la elaboración de las recomendaciones y que éstas finalmente se vean plasmadas en lo que será la Política de la Lectura y el Libro».
«Se trata de un proyecto que debe hacerse cargo de las grandes y lamentables falencias que tiene nuestro país en materia de lectoría y, por lo mismo, es necesario contar con un plan robusto cuya implementación sea impecable», dice. «No nos podemos farrear esta oportunidad y es tarea de todos contribuir al éxito de este proceso».
La convivencia entre las transnacionales y las editoriales independientes también genera tensión. Es sabido que a los grandes grupos -que controlan el 85% del mercado- quieren conservar o aumentar su posición de privilegio, por lo cual chocan con las pequeñas editoriales locales que intentan hacerse un espacio.
El contexto actual aporta otra preocupación: la creación del Ministerio de Cultura. Chiuminatto alerta que a a pesar de esto, las instituciones a cargo de implementar el plan -MINEDUC, DIBAM y el propio CNCA- siguen bajo la misma dinámica de fondos que antes.
«Me preocupa realmente como se aterrizarán la política, las medidas puntuales, su aplicación, considerando la reconocida complejidad de estas tres instituciones, y que Educación y Cultura, subsumiendo a la Dibam, son entes distintos, tal como lo demostró el conflicto del Paro de la Dibam de diciembre y enero 2016», expresa.
«En este sentido me preocupa el destino de este plan ante un nuevo escenario institucional. Recordemos que el plan anterior 2006 simplemente se redactó, se presentó y ese mismo día quedó guardado en un cajón».
