CULTURA
Cuando fue funcionario, Emilio de la Cerda supervisó la donación de un pucará al Estado, pero ahora lidera el proceso de entrega del bien arqueológico a la Universidad Católica. Las ruinas –entre las más australes del Imperio inca– pertenecen al conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, quien actualmente está en litigio con el fisco por daños al Monumento Histórico, tras instalar antenas celulares en el lugar. El exsubsecretario del Patrimonio responsabiliza al CDE de rechazar la donación al Estado.
Un lío mayúsculo involucra al arquitecto Emilio de la Cerda, exsubsecretario del Patrimonio durante el pasado Gobierno de Sebastián Piñera.
De la Cerda fue querellado por varias organizaciones ciudadanas, que lo acusan de negociación incompatible, abuso de información reservada y fraude al fisco, por privación de un lucro legítimo, ante el Juzgado de Garantía de Graneros, que admitió la acusación y la remitió al Ministerio Público.
El objeto en cuestión es un histórico pucará del Cerro La Compañía, en la Región de O’Higgins, que fue declarado Monumento Histórico en 1992, cuyo propietario es Luis Maldonado Croquevielle, conservador de Bienes Raíces de Santiago.
El sitio arqueológico es actualmente parte de una disputa judicial ante el Segundo Tribunal Ambiental, donde intervino el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto, debido a daños que sufrió (entre otros motivos) por la instalación de antenas para celulares.
Concretamente, las organizaciones ciudadanas señalan que, mientras era subsecretario, De la Cerda realizó gestiones para que, en el marco de una conciliación entre Maldonado y el CDE, el pucará fuera donado al fisco. Sin embargo, este año, con el exfuncionario ya trabajando en la Universidad Católica, se informó que pasará a manos de dicha casa de estudios.
Según el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el pucará se encuentra en la cima de Cerro Grande de La Compañía, un cerro-isla del Valle de Rancagua, ubicado en el curso medio del Río Cachapoal, 90 kilómetros al sur de Santiago.
“El cerro se levanta 677 metros por sobre el nivel del mar y presenta una serie se desniveles rocosos tipo escalones naturales. Además, en su ladera norte desciende en forma de acantilado. Quedan algunos vestigios de ciénagas que en el pasado deben haber cubierto una gran extensión”, indica la reseña oficial.
Agrega que sobre el cerro “se ubica un pucará o fortaleza, cuya importancia radica en que es una de las edificaciones más australes que se conservan del Imperio inca, junto con el pucará del Cerro La Muralla, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. La construcción habría sido usada por los naturales de la zona, llamados también Promaucaes, entre el sigo XIV y siglo XV. De esa etapa se han identificado restos materiales que pertenecerían a una vivienda de gran dimensión y de forma circular“.
Su actual propietario manifestó no poder comentar la situación, debido al juicio en curso, que involucra a la Sociedad Agrícola Mesquihué Ltda., American Tower Chile II S.A. y A&J Ingenieros S.A.
“Solo te puedo decir que compré el cerro el año 1990 a Super Pollo en $3.500.000 (unos $20 millones en la actualidad) porque me gustaba cómo era y para subirlo, ya que mi casa está cerca”, dijo a El Mostrador.
“Desde que lo compró la Sociedad Agrícola Mesquihué Ltda., en la que yo tengo solamente el 20% de los derechos, pusimos un cuidador y cerramos la pasada para que no suba gente sin autorización. Solamente colegios con sus profesores y personas de universidades, como alumnos o profesores y arqueólogos, todos con autorización, han podido subir en estos 33 años”, señaló escuetamente.
Según la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, Daniela Medina, el pucará “ha sido utilizado por el propietario Luis Maldonado como una cima para instalar antenas de teléfonos celulares, lamentablemente”.
Lo usó “también y durante muchos años como un lugar de pastoreo de cabras. Todos estos usos han sido permitidos por el privado, por el propietario, quien, en el caso de las antenas, ha lucrado en desmedro del lugar arqueológico”, aunque admite que “eventualmente él ha permitido que la comunidad pueda subir a visitarlo y ver los vestigios existentes patrimoniales”.
Los conflictos históricos han sido “por el mal uso que el propietario le ha dado ya desde la instalación de la primera antena en el año 1997”, que “rompió el lugar y su paisaje”, indicó la representante de los pueblos originarios de la región, Johanna Llanquimán.
Asimismo, denuncia que “ha destruido partes del sitio arqueológico, tales como las colcas del lugar donde nuestros pueblos guardaban sus semillas a resguardo, muros incas para hacer el camino que sube hacia las antenas y, ahora último, excavaciones profundas para nuevamente instalar otra antena. En estas excavaciones no hubo presencia de ningún científico en el momento de realizarlas, tal como indica la ley que protege lugares valiosos como nuestro cerro pucará La Compañía”.
Al ser consultado al respecto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó que tomó conocimiento de los hechos que afectaron al pucará por medio del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que ofició al organismo en julio de 2021 y le proporcionó acceso al expediente del caso.
De hecho, De la Cerda señala que su vinculación con este caso comienza a mediados de 2021, siendo entonces subsecretario del Patrimonio, “a propósito de los daños generados en el sitio arqueológico por las obras ejecutadas, sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, para instalar una antena de telecomunicaciones en la cumbre del cerro”.
“Siendo presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, frente a la gravedad de los hechos, y junto a los demás consejeros y consejeras, remitimos los antecedentes del caso al Consejo de Defensa del Estado, para que este órgano tomara las medidas legales correspondientes”, explica a El Mostrador.
El 15 de septiembre de 2021, el CDE interpuso ante el Tribunal Ambiental de Santiago una demanda de reparación por daño ambiental en contra de dos empresas telefónicas y del propietario del predio en donde se emplaza el Monumento Histórico, por la instalación de antenas celulares sobre piezas arqueológicas y patrimoniales en estado de protección, con evidente daño en ellas.
En su demanda, el Consejo señaló que las empresas que adquirieron parte de los terrenos habrían realizado en el Monumento Histórico un conjunto de acciones sostenidas y reiteradas en el tiempo, entre las cuales se incluyen la intervención con maquinaria pesada, instalación de antenas celulares en la cumbre (que provocaron afectación a los vestigios arqueológicos), habilitación de caminos que atravesaron los muros defensivos del pucará y el deterioro de estructuras circulares precolombinas, todas acciones que le causaron graves daños estructurales.
Adicionalmente, dichos daños provocaron la pérdida irrecuperable del contexto histórico, así como un grave perjuicio al componente paisajístico y ambiental donde se encuentra inserto, al integrar una vía vehicular que antes no existía, destruyendo el suelo y erradicando parte de la vegetación existente, según el CDE.
“La acción fiscal exige que las partes demandadas respondan en forma solidaria por el daño causado al Monumento Histórico en cuestión. Entre otras medidas, se exige la eliminación de las instalaciones de telefonía celular y la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental sobre el monumento nacional, a fin de que las obligaciones de reparación y compensación puedan ser fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Asimismo, se establece la obligación de disponer un fondo de económico destinado a la investigación científica del área del Cerro Grande de La Compañía”, informó el organismo.
En ese contexto, De la Cerda señala que en su momento visitó el cerro junto al consejero Mauricio Uribe, representante de la Sociedad Chilena de Arqueología en el CMN; Erwin Brevis, secretario técnico del CMN; Luis Maldonado, propietario del cerro; Rubén Stehberg, arqueólogo; Lucía Muñoz, entonces seremi de las Culturas de O’Higgins y el equipo regional del CMN, entre otros actores locales.
Y agrega que, a partir de lo anterior, se estableció un diálogo entre representantes del CMN y el propietario para explorar la donación del Monumento Histórico al fisco, de manera que el Estado pudiera hacerse cargo de la recuperación y puesta en valor del sitio.
Una alternativa era donar el terreno al CMN y, otra, a la Universidad de O’Higgins (UOH). El rector de la UOH, Rafael Correa Fontecilla, afirma que desde el inicio de la causa judicial fue contactado por el entonces subsecretario de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado, quien le manifestó la conveniencia de que el sitio histórico fuese entregado por su propietario a la Universidad de O’Higgins, como única casa de estudios superiores estatal de la Región.
“Desde ese momento hemos participado en reuniones con el Consejo de Defensa del Estado, visitado el terreno, colaboramos también en la definición del polígono del Monumento Histórico, y también manifestamos el interés de la universidad para hacernos cargo de la gestión y salvaguarda de este patrimonio a través de un proyecto centrado en la restauración, investigación, educación y puesta en valor del pucará”, asegura.
El rector añade que la UOH tiene un plan de recuperación del pucará, que busca fomentar la investigación, restauración, conservación y puesta en valor de este patrimonio histórico de la región.
En este contexto, a su juicio, las investigaciones necesariamente se tendrán que realizar en colaboración con otras instituciones nacionales y extranjeras. La puesta en valor incluirá la creación de un museo a cielo abierto poco invasivo, la vinculación con las comunidades escolares de la región y la mantención de un vínculo directo con los actores territoriales del lugar, es decir, con la comuna de Graneros.
“Es importante señalar que nuestra universidad cuenta con las competencias necesarias para llevar adelante un proyecto de esta envergadura y cuenta además con un gran respaldo de la comunidad y autoridades regionales. Muestra de ello es el trabajo que la UOH ha desplegado en la gestión patrimonial-cultural el proyecto Tagua Tagua Milenaria, el Museo del Agua y los sólidos vínculos ya existentes con el sistema escolar público de la Región de O’Higgins”, detalla.
Sin embargo, los impulsores de la donación al fisco recibieron un balde de agua fría en junio de este año, cuando el diario El Mercurio informó que la UC recibiría como donación un terreno de 500 hectáreas, incluido el pucará.
La nota además mencionaba a De la Cerda en su calidad director del Núcleo de Colecciones de la Universidad Católica: “Ahora se abre esta posibilidad de asociarlo a una entidad académica que va a tener la posibilidad de manejarlo y de construir conocimiento. Esa es la gran alegría: es un cerro que ha estado en las manos de privados y que ha tenido investigación asociada a algunos actores, pero ahora se puede asociar a todos estos fines”, señalaba De la Cerda.
Esto provocó la furia de las organizaciones ciudadanas.
“Nosotros confiamos en don Emilio de la Cerda y valoramos su gestión. Siempre su intervención como subsecretario fue defender los intereses del Estado de Chile y no del particular o privado”, señala la dirigente Medina.
De la Cerda, sin embargo, se defiende y responsabiliza de la situación al Consejo de Defensa del Estado.
“A inicios de 2023, un año después del cambio de Gobierno, el CDE le expresa al propietario en el comparendo de conciliación que el fisco no consideraba la posibilidad de recibir el cerro en donación. Al contrario, exigía como medida de compensación que el propietario asumiera directamente el plan de manejo para recuperar el sitio arqueológico”, señala a este medio.
“Frente a la negativa del Estado de recibir la donación que se venía conversando desde 2021, el propietario del bien debió buscar un plan alternativo y se contactó con la Universidad Católica para explorar la posibilidad de que esta casa de estudios pudiera asumir ese desafío. Fue él quien nos buscó como universidad, sin ninguna gestión previa de nuestra parte, luego de constatar que el camino de donación al fisco no prosperaría”, puntualiza, explicando que el acercamiento del propietario a la UC está basado en el compromiso de la universidad con el patrimonio cultural de Chile, manifestado en distintas gestiones que han sido de público conocimiento los últimos años. También –continúa–, por la confianza que dicha universidad le daba para el manejo del bien arqueológico, su puesta en valor y por el rol público de la UC.
Agrega que una primera reunión formal se realizó entre el rector Ignacio Sánchez y Luis Maldonado el 15 de marzo de 2023, en la Casa Central de la UC, y que a partir de eso se generó un diálogo al que se sumaron los equipos jurídicos de la Universidad Católica y del propietario.
El 2 de abril se realizó una visita al cerro, en la que asistieron el rector de la UC, el propietario, Rubén Stehberg y De la Cerda.
“En ese encuentro, el rector y el propietario acuerdan avanzar en esta figura de cooperación para poner en valor el sitio desde la UC”, señala, precisando que “el tribunal y el CDE estaban en conocimiento de estas gestiones y, en esa instancia, se solicitó a los abogados del propietario que la voluntad de cooperación de la UC fuera presentada formalmente. Cumpliendo con eso, el rector Ignacio Sánchez y el propietario suscribieron el 1 junio de 2023 un memorando de entendimiento, que solo se hará efectivo si así lo acuerdan las partes en el proceso de conciliación que lleva el tribunal, el CDE y el propietario”.
Este memorando manifiesta la capacidad y voluntad de la señalada universidad de recibir el cerro en donación y hacerse cargo del plan de manejo, incluyendo el registro, la investigación, la protección, conservación y difusión del sitio, siempre trabajando conjunta y colaborativamente con actores y autoridades locales.
Según De la Cerda, estas gestiones han sido lideradas por el rector de la UC, quien ha visto en este caso una oportunidad para colaborar institucionalmente en un tema de interés público que involucra un relevante bien patrimonial de Chile, y quien lo ha hecho disponiendo de todos los recursos de la universidad para asumir el manejo y la puesta en valor del bien de manera seria y comprometida.
También señala que el rector Ignacio Sánchez conversó el tema a inicios de julio con el rector de la Universidad de O’Higgins, Rafael Correa, manifestando que “es importante recalcar que a la fecha el cerro La Compañía no ha sido donado a la UC”, subraya el exsubsecretario.
En cuanto a la querella en su contra, Emilio de la Cerda manifiesta que “son imputaciones completamente falsas, injustas y sin ningún sustento”, pues –según indica– “llevando yo un año fuera del cargo público, fue el propietario el que buscó a la universidad frente a la negativa del fisco de recibir el cerro en donación. Toda la conversación posterior, liderada por el rector de la universidad, estuvo basada en información pública y notoria, aparecida previamente en distintos medios de prensa y presente en la misma causa por daño ambiental que lleva el CDE”, insiste.
Asimismo, recalca que el memorando suscrito no concretó ninguna donación, sino que se presentó al tribunal como una forma de ayudar a solucionar este conflicto manifestando una voluntad, la cual debía ser acordada por el CDE, el tribunal y el propietario. “La UC aquí es parte de la solución, no del problema”, remata, y argumenta que “no existe lesión fiscal alguna, toda vez que el mismo CDE manifestó su negativa a recibir el bien en el comparendo de conciliación, porque la donación es una atribución que corresponde exclusivamente al propietario del bien, porque el posible rol de la UC en la solución era conocido por todas las partes de manera previa a la firma del memorando, y porque la última palabra en este tema siempre la han tenido el CDE, el tribunal y el propietario”, sostiene.
Al ser consultado al respecto, el CDE manifestó que “en esta fase de conciliación el Consejo de Defensa del Estado se encuentra explorando y evaluando posibilidades de negociación con las partes involucradas, sin descartar, por el momento, otras vías y alternativas de solución en la medida que se asegure la reparación, compensación, manejo y puesta en valor del monumento nacional, de manera estable y sustentable”.
“Es importante considerar que toda propuesta de conciliación presentada por las partes requiere obtener la aprobación del Tribunal Ambiental, encargado de velar por el cumplimiento del principio de indemnidad del daño, según el cual, los daños ambientales deben ser completamente reparados y compensados”, expresó finalmente el organismo.
Las organizaciones, sin embargo, insisten en que el pucará pase al fisco.
“Creemos que es el Estado el que debe hacerse cargo con participación de nuestras comunidades. Siempre se ha hablado en este proceso del traspaso a Bienes Nacionales o a la Universidad de O’Higgins, que es del Estado. La Universidad de O’Higgins ha formalizado el ser receptora de la donación, creando un consorcio de universidades nacionales e internacionales que desarrollen investigación y educación. También ha presentado un plan de la gestión para salvaguardar y poner en valor el pucará, incluyéndonos”, finalizó Daniela Medina.
