Marino torturado: “La Esmeralda debería transformarse en un museo flotante de la memoria”

“La Esmeralda debería transformarse en un museo flotante de la memoria, testigo fiel de las atrocidades cometidas contra mujeres y hombres indefensos, para que, en cada puerto que recale, se exhiban los lugares donde se torturaba o se tenía detenidos a las y los presos políticos”, señala Pedro Blaset, exfuncionario de la Armada y tripulante del Almirante Latorre como electricista, a El Mostrador.

El buque escuela Esmeralda, que la Armada sigue usando todos los años como nave de instrucción y a bordo del cual sus cadetes recorren el mundo, fue uno de los barcos usados como centros de tortura, según el Informe Rettig. De acuerdo con el Senado estadounidense (Resolución 361-16/JUN/86), allí hubo 112 detenidos, incluidas 40 mujeres que fueron abusadas sexualmente.

Pero no solo civiles fueron sus víctimas, sino también miembros de la propia Armada.

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Blaset fue uno de ellos. Detenido en agosto de 1973, junto a otros marinos, por intentar impedir el inminente derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, pasó por distintas cárceles y campos de concentración antes de ser liberado en 1978, en el marco de lo que se conoció como “el proceso de la Escuadra”. Hoy es miembro del grupo Marineros Constitucionalistas de Chile.

Parte de esta historia es relatada en el libro Naufragio (Editorial Quimantú), de Carlos Tortín García, que será presentado este jueves a las 15:00 horas en la Feria del Libro de Recoleta (Recoleta 2774).

“Esta noche, en el cuartel Borgoño, en la Base Naval de Talcahuano, tirados en el piso de baldosas heladas en una barraca oscura, desnudos, los prisioneros comienzan a reconocerse por la voz de los quejidos, por algunas palabras sueltas que salen adoloridas al aire. Los encierran en ese espacio cada vez que los verdugos desean hacer una pausa”, se lee allí.

Pedro Blaset en 1973.

Blaset es parte de los militares y policías que fueron detenidos por oponerse al golpe, o que fueron dados de baja tras negarse a participar en el terrorismo de Estado. Por algo, durante el juramento a la bandera habían prometido “acatar la Constitución y las leyes vigentes”.

Algunos fueron detenidos, torturados y expulsados del país, otros fueron asesinados. El agravante es que muchos conocían a sus captores y torturadores: fueron sus compañeros de formación y colegas por 10, 20 o más años. Habían compartido fiestas. Sus esposas eran amigas, sus hijos jugaban juntos. Pero todo ello se acabó con el golpe de Estado.

Entre ellos hubo miembros de la tropa, pero también altos oficiales. En el Ejército, el coronel José Ramos renunció el mismo 11 de septiembre. En la Armada, su máximo jefe, el almirante Raúl Montero, era contrario al golpe y fue destituido aquel día, al igual que el general Alberto Bachelet –padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet– y el general José María Sepúlveda Galindo, jefe de Carabineros de Chile.

Las cifras están a la vista. El Programa de Reconocimiento de la Exoneración Política del Ministerio del Interior, en su segunda versión, que abarca entre 1998 y 2004, admitió solicitudes de numerosos uniformados: 452 detectives, 486 aviadores, 1.231 militares, 1.430 carabineros y 2.471 marinos. En total, 6.070 casos. De ellos, 1.319 fueron calificados.

Excapitán de Ejército Carlos Pérez Tobar.

Meses en un hoyo

A estas alturas, los más altos oficiales y suboficiales de las diversas ramas que sufrieron el escarnio por defender al Gobierno constitucional han fallecido y los que pueden dar testimonio eran de mediano rango.

Uno de ellos es el exoficial de Ejército Carlos Pérez Tobar. Pertenecía al Regimiento Buin y cuenta que fue arrestado a los 4 o 5 días del Golpe, cuando solicitó “para hablar con el Comandante del Regimiento acerca de mi rechazo y oposición a cumplir órdenes relacionadas con detenciones arbitrarias acompañadas de ajusticiamientos sumarios, de las cuales yo había sido informado, y las cuales ya comenzaban a ocurrir”.

“Frente a mi posición, el comandante del regimiento respondió que estábamos en guerra y que en la guerra, las órdenes hay que cumplirlas. Respondí que yo no estaba dispuesto a cumplir ese tipo de órdenes, que yo había estudiado para ser oficial de Ejército y no para verdugo. Después de un intercambio aún más duro, el comandante me ordena que entregue mis armas, presente la petición de renuncia y que me fuera arrestado”.

Pérez Tobar estuvo detenido hasta el 29 de mayo en el regimiento Tacna en condiciones infrahumanas, en un lugar lleno de heces, vómitos, durante siete meses. Luego fue enviado a la Cárcel Pública.

Posteriormente  se determinó su expulsión del país y sería llevado directamente desde la prisión a un avión que lo transportó hasta Inglaterra, “en cuyo aeropuerto fui detenido por no disponer de ninguna documentación”.

“En el Ejército no solo la represión interna fue atroz, inmediata e implacable, a nivel de tortura y trato inhumano con los prisioneros de la institución, sino que, además, costó la vida a varios miembros de la institución, de casi todo el escalafón jerárquico. Eso no ocurrió en las otras instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden”, dice a El Mostrador.

Excapital de la Fach Jorge Silva.

Polarización

El excapitán de la Fach Jorge Silva estuvo preso con el exgeneral Bachelet en la antigua Cárcel Pública de Santiago (hoy una sede bancaria). Durante la UP había denunciado un complot para asesinar a Allende y fue detenido después del golpe. Asistió a Bachelet cuando sufrió el infarto y murió en marzo de 1974, como secuela de las torturas sufridas a manos de sus excamaradas de armas.

Silva cuenta que fue uno de los 70 suboficiales y 19 oficiales, desde los grados de general a subteniente, condenados en el proceso “Contra Bachelet y otros”. Incluso algunos fueron sentenciados a muerte, aunque luego las penas fueron reducidas. Entre ellos, figuraba el excoronel Carlos Ominami, padre del exministro homónimo.

“En mi opinión, había muchos miembros de la Fach, en los años previos al Golpe, los que sin tener alguna tendencia política solo observaban el desarrollo de los acontecimientos políticos, sin manifestarse políticamente respecto del rol de los militares, pero posteriormente debieron enfrentar la fuerte polarización política producida”, en particular después del llamado “Tanquetazo”, el fracasado intento de derrocar a Allende el 29 de junio de 1973, cuenta.

La portada de Punto Final que denunció la tortura de los marinos en agosto de 1973.

Denunciar la sedición

En la resistencia al golpe de Estado en la Armada participaron alrededor de 80 marinos de distintas unidades, ya sea embarcados o de tierra, como los de la Escuela de Ingeniería Naval y también de la Escuela de Artillería, “además de quienes tripulábamos en los cruceros Prat, O’Higgins y Latorre, y los destructores Blanco y Cochrane”, recuerda Blaset, quien señala que actuaron en virtud de la sedición de algunos oficiales, lo que denunciaron al Gobierno de la época.

“La actitud consecuente descrita, en defensa del Gobierno legalmente constituido, nos trajo consecuencias muy trágicas. Fuimos secuestrados, torturados, sometidos a juicio sin derecho a una defensa justa, acusados de sedición y motín frustrado, y condenados a penas de cárcel entre 3 años y un día a 15 años, cumplidos en cárceles y campos de concentración”, recuerda Blaset.

“A todo ello se suma –lo esencial de nuestra existencia, como jóvenes en su mayoría– el hecho de perder la continuidad de una carrera como marinos, ya que nuestras expectativas siempre fueron culminar llegando al tope máximo de esta, la que fue cercenada de cuajo por la decisión del Alto Mando de dar el golpe de Estado civil-militar”, continúa.

El excapitán Pérez dibujó las torturas que sufrió.

Sin disculpas

Carlos Pérez Tobar cuenta que en el Ejército hubo un único proceso conjunto, que involucró tan solo a 14 personas, 3 oficiales y 11 suboficiales, clases y soldados, que servían en diferentes reparticiones o unidades de distintos lugares del país, que no estaban relacionados entre sí y no se conocían entre ellos, con la única excepción de los suboficiales de dotación del Hospital Militar. La acusación fue por el delito de “sedición”.

“Ni el Ejército ni los gobiernos que le han sucedido se han pronunciado al respecto, como tampoco nos han reivindicado en justicia o en derecho. De igual forma, tampoco han dado explicaciones o pedido perdón por los atropellos y crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus propios miembros y/o sus familiares cercanos”, lamenta.

El Ejército de Chile solo ha brindado “disculpas generales”, no a sus exmiembros. Primero, a través del general Juan Emilio Cheyre, máximo jefe del Ejército en su momento, quien en un documento oficial de 2004 manifestó: “Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética”.

Además, el exgeneral Ricardo Martínez, quien igualmente ocupó el máximo cargo de la institución, también se manifestó en su libro Un Ejército para todos:

“Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”, escribió.

“Los detenidos desaparecidos constituyen el mayor agravio al ethos militar”, expresó durante la presentación del libro, en agosto pasado. Al ser interpelado, durante la presentación, por el exmilitar Jaime Ojeda Torrent –condenado en primera instancia como cómplice de 15 homicidios en el caso Caravana de la Muerte–, quien le gritó “traidor”, Martínez no se amilanó.

“No les tengo temor. Soy un militar republicano”, manifestó.

Reunificación en la Fach

Distinta fue la situación con los excamaradas en la Fach, según admite Jorge Silva. En 2006 fue el entonces comandante en Jefe, Osvaldo Sarabia, el primer general que se preocupó del “injusto tratamiento” de que era responsable la Fuerza Aérea para con los oficiales y suboficiales procesados y condenados en la mencionada causa “Contra Bachelet y otros”.

Sarabia organizó una “reunión de reunificación” en una ceremonia a realizarse en la Base Aérea de Quintero, con la participación de la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y otras autoridades del país.

Aun así, no todos los miembros de la Fuerza Aérea de Chile compartían la decisión de Sarabia, quien manifestaba que la institución debía dar cabida a “todos los aviadores de ayer, hoy y siempre, que estamos presente por sobre las diferencias que nos hayan alejado en cualquier época”. Silva fue uno de ellos, junto con detallar que una mayoría sí asistió.

El almirante De la Maza en Isla Dawson con exprisioneros. Crédito: Universidad de Chile

En la Armada fue el almirante Juan Andrés De la Maza quien visitó la Isla Dawson, junto con exprisioneros políticos que estuvieron detenidos en ese lugar –el que fungió de campo de concentración–, para decir: “Nunca más, que estos hechos no ocurran nunca más”. Pero también fue a modo general y no dirigido a los exmiembros de la institución.

“La institución no ha tenido gestos que signifiquen un reencuentro entre quienes sostuvimos posiciones distintas en la coyuntura histórica que se produjo con el golpe de Estado, en contra del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, lo que se debe a que aún siguen convencidos de que lo que realizaron fue una gesta heroica, al masacrar a un pueblo desarmado, pisoteando uno de los símbolos más representativos de la institución, como el buque escuela Esmeralda, al destinarlo como centro de torturas en contra de quienes pensaran distinto”, manifiesta Blaset.

“Durante estos 50 años hemos sostenido reuniones con representantes de la Marina, como el senador designado (Jorge) Martínez Busch, los excomandantes en Jefe de la Armada, almirante (Rodolfo) Codina, almirante (Edmundo) González, y como máximo ofrecimiento hicieron una invitación para navegar a bordo de la Esmeralda y servirnos un asado sin prensa”, cuenta.

En este contexto, la conmemoración de los 50 años del golpe deja en ellos un amargo sabor de boca.

“La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el Gobierno legítimamente constituido más parece ser un circo de mala clase y, en algunos instantes, una especie de ‘celebración’ de quienes, no habiendo conocido el golpe de Estado ni la terrible dictadura que le sucedió, pretender jugar un papel protagónico y aprovechar esta oportunidad para tratar de sobresalir de alguna forma en el escenario político y noticioso nacional”, lamenta Pérez.